El pronunciamiento también indica que las autoridades están a la espera de si el incidente “se eleva o no a juicio y ver qué se determina para que a partir de ahí las autoridades de Migración” puedan tomar las medidas correspondientes de cara a la posible expulsión del colombiano. La legislación costarricense prevé que “la persona que goce de permanencia legal deberá abandonar el país cuando sus actividades comprometen la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el orden público”.
