Gobierno pide cárcel para quien difunda música sin permiso
‘Último’ plan del TLC en el Congreso amplía derechos y endurece penas
Canara y oposición cuestionan alcances del proyecto de ley enviado por Comex
‘Es parte de la agenda del TLC’
Por difundir ejecuciones o interpretaciones musicales sin contar con los derechos de autor, usted podría ir a la cárcel hasta por cinco años, de aprobarse una reforma a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que impulsa el Gobierno.
El proyecto 17.264, que discute la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, amplía la cobertura de los derechos de autor y derechos conexos para evitar que se ejecuten o interpreten obras musicales sin el previo pago a los representantes o autores.
Esto provocó el enojo de los diputados de oposición, que daban por terminada la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Pero el titular del Ministerio Comercio Exterior (Comex), Marco Vinicio Ruiz, afirmó que este proyecto es solo una aclaración de conceptos que “por error material” se quedaron sin incluir en la reforma a propiedad intelectual que se aprobó en noviembre como parte de la agenda del TLC.
En contra. En lo que toca a los fonogramas, o grabaciones de música, el proyecto incorpora las palabras “interpretaciones” y “ejecuciones”, con lo que se amplía la protección a los derechos tanto de los autores como de los apoderados de los derechos de las obras musicales.
Las emisoras afiliadas a la Cámara Nacional de Radio (Canara) estiman inconveniente el plan que el Gobierno denomina “último proyecto” del TLC.
Los agremiados consideran que el expediente no introduce “ninguna ‘aclaración o precisión de conceptos’”, como alega el ministro Ruiz.
“Se trata de una disposición sancionatoria que propone simplemente ampliar el supuesto hecho sancionado”, expresó el presidente de Canara, Luis Ortiz, en carta enviada a la Asamblea Legislativa el 23 de febrero.
Para Canara, esto implica una ampliación en los derechos de propiedad intelectual sin que por eso se llene “la necesidad de seguridad jurídica” que persiste en el país, reseña el agremiado radial.
El diputado Sergio Alfaro, del Partido Acción Ciudadana (PAC), consideró que en caso de aprobarse el proyecto se afecta tanto a los ciudadanos que interpreten música como a las emisoras.
“El tema es de presión, a través de los tribunales. Las empresas multinacionales del disco presionan a través de los tribunales amenazando con el cobro para lograr establecer contratos de cobro”, aseveró Alfaro.
Por su parte, Mario Quirós, diputado del Movimiento Libertario (ML), advirtió que la reforma afecta no solo a quienes deben pagar por los derechos de propiedad intelectual, sino también a restaurantes, lugares que den acceso a Internet y cualquier otro medio de difusión de música.
Mas para representantes de la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (Fonotica), el plan de ley es positivo.
“A nosotros nos refuerza aún más el aspecto de la comunicación al público de forma no autorizada”, sostuvo el representante de esta entidad, Hugo Rodríguez.
Fonotica asocia a las casas disqueras Sony Music & BMG, Universal Music, DDM, Dideca y BMI, y su propósito es aumentar la recaudación de los pagos por derechos conexos de los usuarios de productos musicales.
