La Argentina es, desde ayer, el noveno país donde rige la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. La legislación motivó un debate que no se registraba en el país sudamericano desde que –recién con el advenimiento de la democracia en 1983– el Estado admitiera la posibilidad de que los cónyuges puedan divorciarse sin perder el derecho a contraer un nuevo enlace al amparo de las leyes civiles.
Por entonces, como ahora, la voz cantante de la oposición la llevó la Iglesia Católica. Con el divorcio profetizaron la disolución de la familia; con el matrimonio de personas del mismo sexo, también. En todos los casos se habló del “orden natural”, frente a lo cual naufragó cualquier intento de discusión racional: a la razón se le contestó con dogmas inapelables.
Escenario. La simultaneidad de los procesos vividos en Argentina y en Costa Rica –en este caso con la discusión sobre el mecanismo para someter a un referéndum el proyecto de unión civil entre personas del mismo sexo– dejó en evidencia la condición mutante del “orden natural”, según las circunstancias imperantes.
Es que a las puertas de la aprobación de la ley que permite el matrimonio sin distingos de sexos, los voceros de la Iglesia argentina lanzaron, acaso como los últimos estertores por evitar la aprobación de una legislación de avanzada, una concesión que en otras circunstancias hubiese sido difícil de escuchar en el país del sur y casi imposible de registrarse, al menos en esta instancia de debate, en Costa Rica.
Concretamente, hubo una suerte de solapada aceptación clerical a los proyectos que buscan instrumentar la unión civil entre personas del mismo sexo.
“Si el matrimonio avanza, el mal menor es la unión civil absolutamente restringida a dos conceptos básicos: la no adopción y la posibilidad de la objeción de conciencia de funcionarios y magistrados”. La frase es de Guillermo Cartasso, vocero de la Comisión Episcopal de Seguimiento Legislativo.
¿Es posible hallar estas palabras en boca de algún obispo tico? Sin dudas que sí, siempre que se avance en Costa Rica en dirección de una reforma más categórica.
La posición dando un tibio respaldo –o cuando menos un renunciamiento al rechazo– a la unión civil cobró tanto vuelo en Argentina, que la Iglesia debió luego emitir un documento para recordar su oposición a cualquier intento de legislar sobre las parejas de hecho con personas del mismo sexo.
La brecha que se abre entre la posición eclesiástica de ambos países pareciera estar echando por tierra el argumento del orden natural. A no ser que ese orden natural sea tan flexible como infinitas son las variables políticas entre los países.
Antecedentes.La pretensión de extender los alcances de un Estado de iure –fundado en el derecho racional– por sobre el Estado teocrático y excluyente avanzó en estos días en la misma dirección que permitió, hace unos 120 años, el ejercicio de derechos civiles vinculados al registro de nacimientos, la sepultura de muertos y el acceso a la educación y al matrimonio.
No tenían acceso a esos servicios elementales quienes no eran católicos en Argentina hasta las postrimerías del siglo XIX.
En Paraná, antigua capital nacional y cuna del normalismo, los docentes norteamericanos no podían acceder a los cementerios. Por eso, las tumbas de los maestros protestantes se hallaban en cualquier terreno baldío.
En medio de encendidas discusiones, presagio de plagas, el Derecho Civil fue adaptando su letra a la evolución de la vida en sociedad. Y eso mismo ocurrió en estos últimos meses en una etapa que tiene como epílogo la histórica sesión que aprobó el “matrimonio gay”, como se ha rotulado periodísticamente al tema.
De ese modo, las prácticas sociales reconocidas por el Estado fueron dejando de ser privilegios para determinadas creencias. Y es en ese marco en que debe entenderse la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, en un país como Argentina, donde las estadísticas han revelado que el modelo de familia que la Iglesia presenta como natural es minoritario, según se demostró en el debate parlamentario.
De igual modo que la Iglesia varía sus argumentaciones según el contexto político, también ha mutado la posición institucional en un mismo espacio, pero en tiempos diferentes.
Han dicho por estos días los voceros del clericalismo argentino que “el Código Civil es sabio” cuando habla de varón y mujer al regular el matrimonio. Sin embargo, la misma Iglesia negó el alcance de ese código durante casi medio siglo y no reconoció los casamientos por fuera de los templos, sino hasta bien entrado el siglo XX.
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