En Costa Rica, el sector agropecuario enfrenta una crisis sin precedentes, planteando una amenaza tangible para las familias que dependen de él y para la economía del país en su conjunto. Este sector, tradicionalmente visto como el bastión de la sostenibilidad y la autosuficiencia alimentaria, se halla en una encrucijada debido a una serie de factores interconectados que exigen atención inmediata y soluciones estratégicas.
La caída del valor del dólar ha generado una presión económica considerable, disminuyendo los ingresos de los agricultores y elevando los costos de producción. Esta situación se agrava con la falta de innovación y registro de nuevas moléculas para plaguicidas, limitando las opciones disponibles para combatir las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos.
El cambio climático añade otra capa de complejidad, alterando los patrones de lluvia y exacerbando los fenómenos meteorológicos extremos, lo que resulta en cosechas impredecibles y pone en riesgo la seguridad alimentaria. A esto se suma el aumento de los precios de los productos importados, esencialmente los fertilizantes y alimentos para el ganado, que incrementan aún más los costos para los agricultores.
La restricción en el uso de ciertos plaguicidas, aunque bienintencionada desde una perspectiva ambiental, ha generado debates sobre su impacto en la productividad agrícola. Los agricultores se encuentran en una posición donde deben equilibrar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica, un desafío que no todos están preparados para enfrentar.
Ante este panorama, se vuelve imperativo que las entidades gubernamentales, junto con la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola, busquen soluciones que no solo aborden estos problemas de manera aislada, sino que consideren el sistema agropecuario en su conjunto.
Se necesitan políticas que fomenten la innovación, apoyen la adaptación al cambio climático, y ofrezcan redes de seguridad para las familias que dependen del campo. Solo así se podrá asegurar que el sector agropecuario costarricense no solo sobreviva sino que prospere en los años venideros.
La caída del valor del dólar ha generado una presión económica considerable, disminuyendo los ingresos de los agricultores y elevando los costos de producción. Esta situación se agrava con la falta de innovación y registro de nuevas moléculas para plaguicidas, limitando las opciones disponibles para combatir las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos.
El cambio climático añade otra capa de complejidad, alterando los patrones de lluvia y exacerbando los fenómenos meteorológicos extremos, lo que resulta en cosechas impredecibles y pone en riesgo la seguridad alimentaria. A esto se suma el aumento de los precios de los productos importados, esencialmente los fertilizantes y alimentos para el ganado, que incrementan aún más los costos para los agricultores.
La restricción en el uso de ciertos plaguicidas, aunque bienintencionada desde una perspectiva ambiental, ha generado debates sobre su impacto en la productividad agrícola. Los agricultores se encuentran en una posición donde deben equilibrar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica, un desafío que no todos están preparados para enfrentar.
Ante este panorama, se vuelve imperativo que las entidades gubernamentales, junto con la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola, busquen soluciones que no solo aborden estos problemas de manera aislada, sino que consideren el sistema agropecuario en su conjunto.
Se necesitan políticas que fomenten la innovación, apoyen la adaptación al cambio climático, y ofrezcan redes de seguridad para las familias que dependen del campo. Solo así se podrá asegurar que el sector agropecuario costarricense no solo sobreviva sino que prospere en los años venideros.
