Los abogados de Juan Carlos Bolaños Rojas, importador de cemento chino, presentaron este viernes un recurso de hábeas corpus para que su representado permanezca bajo arresto domiciliario con monitoreo de un brazalete electrónico.
Fernando Vargas Zeledón, uno de los abogados del empresario, explicó que no se trata una petición para que se ponga en libertad. Se trata, más bien, de una solicitud a la Sala Constitucional para que varíen la medida cautelar.
“No estamos pidiendo la libertad de él (Bolaños). La propuesta concreta es que Costa Rica tiene obligación de aplicar los tratados internacionales. En especial uno que se llama las Buenas Prácticas para la Protección de las Personas de Libertad de las Américas, el cual procura que cuando un país tiene recursos (como los brazaletes electrónicos) se apliquen medidas diferentes a la prisión preventiva”, expresó Vargas.
Bolaños, de 38 años, está detenido desde el 3 de noviembre por aparentemente recibir irregularmente $30 millones de un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) para importar cemento desde China.
“No estamos pidiendo a la Sala IV que revise lo que los jueces (de primera y segunda instancia) hicieron, sino que apliquen los tratados internacionales y permitan que don Juan Carlos (Bolaños) tenga un arresto domiciliario con monitoreo electrónico”, expresó el representante legal.
Lesión en rodilla
Vargas reiteró que Bolaños padece una lesión ‘severa’ en una de sus rodillas que amerita una operación, por eso están solicitando al centro penitenciario (San Sebastián) una valoración de las condiciones carcelarias para determinar si es posible recuperarse ahí.
“Tiene una lesión severa que le puede provocar una incapacidad permanente si no se trata. Estamos consultando primero al centro penal, para ver si nos dan las condiciones suficientes para que, en caso de que se opere, no se infecte y no tenga riesgos en su vida. O, peor aún, que la operación no sirva de nada y quede totalmente incapacitado por las condiciones de la cárcel”, expresó el abogado.
Bolaños, cabeza del Grupo JCB y de Sinocem Costa Rica, deberá cumplir 3 meses de prisión preventiva por el supuesto delito de tráfico de influencias, denuncia calumniosa, simulación de delito y peculado.
Junto a él, fue arrestado también Mario Barrenechea Coto (gerente general suspendido del BCR) y los otros 5 gerentes bancarios imputados por el cementazo permanecerán detenidos en prisión preventiva hasta el próximo 4 de febrero de 2018.
Los funcionarios bancarios detenidos son: Gilberth Barrantes, gerente corporativo de créditos del BCR, Leonardo Acuña, exgerente a.i; Andrés Víquez, subgerente; Marvin Corrales, subgerente y Rodrigo Ramírez director del área de créditos.
