Si los diputados no aprueban un IVA del 16%, en seis meses el nuevo gobierno tendría que pedir otro paquete de impuestos, aseveró Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
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Por esta razón, el legislador rojiamarillo ha presentado varias mociones al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que ya estudia la Asamblea Legislativa.
No obstante, la propuesta no tendría el respaldo de los candidatos presidenciales Carlos Alvarado, del PAC, ni Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
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Asimismo, es vista con recelo por empresarios y sindicatos.
Ottón, quien es economista, es del criterio que un IVA del 13% como ha negociado el gobierno, con los diferentes actores políticos, “es claramente insuficiente”.
“Así como está planteado el proyecto, el nuevo gobierno tendría que meter otro plan fiscal en seis meses para hacerles frente a sus obligaciones. El entorno no luce favorable, debido al crecimiento de las tasas de interés a nivel mundial, la política macroeconómica de Donald Trump y el crecimiento de la deuda costarricense”, dijo Solís a LA REPÚBLICA.
El IVA es un tributo que vendría a sustituir al impuesto de ventas, pero ampliando la base contributiva a todos los servicios —incluyendo opciones de streaming, gimnasios y servicios profesionales—, lo que le permitiría al gobierno aumentar la recaudación en un 1,5% del PIB.
Sin embargo, eso sería insuficiente de acuerdo con Ottón, quien considera que su propuesta del 16% para el IVA, aunada a otros cambios en cuanto al gasto y el empleo público, daría al país un aproximado del 2,6% del PIB, eliminando de esta forma el déficit primario para setiembre de 2019.
En cuanto a las remuneraciones de los burócratas, Solís espera que se aprueben varias mociones presentadas para que las anualidades, la prohibición y la dedicación exclusiva sean más difíciles de obtener, mientras que propone rebajar el plus por año laborado a un 1,94%, en vez del 2,6%.
La advertencia de Ottón Solís sobre la necesidad de aprobar un IVA del 16% parece no tener respaldo en estos momentos.
Esto, porque los dos aspirantes presidenciales han defendido la validación únicamente de un 13%.
“La decisión debe tomarse pronto para que el nuevo gobierno tenga un mejor panorama de trabajo y atender las necesidades de la población. Sé que no es el único paso. Pero sí muy importante”, dijo Fabricio Alvarado.
Mientras, sectores empresariales y sindicales han cuestionado duramente el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas.
En el caso del sector empresarial, la crítica está relacionada con la supuesta debilidad con la que se ataca el gasto público y la reducción en los pluses salariales.
“Debemos tener cuidado, una reforma tributaria que no conlleve un cambio en la estructura del gasto se nos puede desaparecer en poco tiempo, los nuevos ingresos serían absorbidos por partidas relacionadas con el gasto, especialmente salarios y transferencias, a las que debemos poner un tope relacionado con la inflación”, expresó Elías Soley, vicepresidente de AmCham.
Mientras tanto, los sindicalistas objetan el proyecto de ley, porque a su juicio se quiere cargar sobre la espalda de los trabajadores el costo del déficit fiscal.
“La clase trabajadora y la ciudadanía merecen que haya gran debate público sobre la espantosa realidad fiscal que representa la deuda pública y su pago de intereses: ¡aquí está la esencia del grave problema del déficit fiscal. El expediente legislativo de las finanzas públicas es improcedente, es sumamente injusto, traerá más pobreza y desigualdad y no va a resolver la gravedad del problema fiscal actual y lo peor, es que les echan la culpa a los trabajadores”, dijo Albino Vargas, secretario de la ANEP.
