Carrocería Lamborghini con motor Cuore
ACTUALIZADO EL 30 DE AGOSTO DE 2013 A LAS 12:00 AM
POR OTTÓN SOLÍS
Costa Rica ostenta un PIB per cápita de $9.500. Tanto si tomamos el promedio de crecimiento de los últimos 10 años como si extendemos el período a 20 años, encontramos que en términos reales ha venido creciendo a una tasa aproximada del 2.5% anual. Con esa tasa, nos tomará casi 30 años duplicar el ingreso per cápita actual, y tendríamos que esperar hasta el 2043 para alcanzar la situación disfrutada hoy por los habitantes de, por ejemplo, Taiwán o Portugal. Para llegar a tener el PIB per cápita que hoy tiene Irlanda, habría que esperar hasta el 2077… ¡y no sería disfrutado por ninguno de los responsables de nuestro lento crecimiento, ni por ninguno de sus hijos, aunque sí por sus últimos nietos!
La economía padece problemas estructurales que dificultan sostener aun la tasa de crecimiento del PIB per cápita del 2.5% anual. Más bien, en los dos campos en que se centró la propuesta ideológica que ha ganado el debate nacional en las últimas tres décadas, la reforma del Estado y la competitividad internacional, el país padece de severos e insostenibles déficits. Ni se arregló el déficit fiscal estructural, ni se hizo más eficiente el sector público, ni se eliminaron los desequilibrios en el comercio exterior que llevaron a la crisis de inicios de los años 80.
Incremento de desigualdades. Para mitigar esos déficits y paliar las consecuencias económicas de una simplista estrategia aperturista, se recurrió a políticas que incrementaron las desigualdades y a la desnacionalización de los activos privados y públicos más importantes del país. Estas medidas han permitido –hasta ahora– disfrazar parcialmente las carencias en competitividad, pero al costo de dañar el tejido social y de reducir el protagonismo relativo de los costarricenses en la dinámica productiva.
Debemos definir como meta un crecimiento promedio del PIB per cápita del 5% anual para las próximas tres décadas. Es una meta modesta, si se le compara con lo logrado por otras economías emergentes, pero permitiría duplicar el PIB per cápita en 14 años y alcanzar el que hoy disfruta el habitante promedio de la Unión Europea en el 2038, y el que hoy disfrutan los irlandeses en el 2045. En ese caso, aun los costarricenses que hoy tengan menos de 50 años vivirán sus últimos años en un país desarrollado.
¿Cómo hacerlo? La receta es conocida: la productividad y la competitividad se elevan mejorando el capital humano, las capacidades para la innovación y la infraestructura. Por su parte, la recuperación de la movilidad social y el mismo incremento de la productividad requieren un sistema educativo público de calidad, acceso universal a infocomunicaciones, energía, salud, crédito, cultura, etc. Además, un Estado desarrollista efectivo necesita de la participación de empresas escogidas en áreas estratégicas. En Costa Rica no se trataría de empresas privadas asociadas con el poder (como las chaebols de Corea del Sur), sino de empresas ampliamente reconocidas por su valor agregado tecnológico y ambiental y de empresas cooperativas, solidaristas y comunalistas.
• MÁS INFORMACIÓN
• Recope como empresa de bioprocesos
• Luego de la huida, la transición
• Reglamento en deuda
Papel del Estado. Aunque algunos sigan creyendo que las fuerzas del mercado y, solita, la empresa privada clásica constituyen la única ruta para alcanzar el desarrollo, cualquiera que haya medio estudiado la historia de las economías exitosas, ya sea Alemania y Japón o Corea del Sur y Taiwán, sabe que, si se desea dar el salto del letargo económico al crecimiento acelerado, los programas mencionados son fundamentales y el Estado tiene un importante papel que desempeñar. En Costa Rica, los gestores del modelo vigente han situado el debate en arcaicas, fantasiosas y ahistóricas divagaciones ideológicas debilitantes del Estado (de su papel y de su eficiencia), en lugar de plantearse metas y trabajar por ellas, con las herramientas más efectivas para lograrlas, independientemente de lealtades a recetarios específicos.
Aun si el modelo adoptado por medio de varios TLC, privatizaciones, subsidios a multinacionales, etc. fuese el correcto, la eficiencia del Estado es de importancia capital. Pero los gobernantes no solo han ignorado la ineficiencia de ese obligado actor sino que sistemáticamente la han agudizado. En ese marco, han optado por dotar al empleo público –con fines electorales– de costosos privilegios desvinculados de la productividad, por nombrar jerarcas siguiendo criterios partiditas y no gerenciales, por estructurar procedimientos legislativos enemigos de la eficiencia, por pactar con profesionales liberales y con empresarios nacionales y extranjeros una carga tributaria ridículamente baja y por construir una administración pública comandada por la desidia, la corrupción, las duplicidades, el pega-banderismo y el clientelismo.
La propuesta relacionada con la eficiencia y la competitividad se limitó a proclamas y a la firma de instrumentos legales –PAEs, TLCs-, con indiferencia a las ineficiencias del proceso de toma y ejecución de decisiones en el sector público. De ese modo se ha conformado un modelo globalizado en lo legal, pero tropical en lo administrativo. Dicho de otra manera, en la aprobación y firma de instrumentos legales económicos han construido lo que para sus proponentes debe ser un automóvil con carrocería Lamborghini, pero por debajo, el motor necesario para su movilización, no pasa de ser el de un Cuore 1.000 cc.
Si el proceso de toma y ejecución de decisiones continúa siendo lento, tortuoso e ineficiente, el sector privado no podrá materializar su potencial y no podremos superar las actuales tasas de crecimiento. Por ello, si queremos que el PIB per cápita crezca al 5%, todo el énfasis en el próximo lustro de vida republicana debe concentrarse en incrementar sustancialmente la productividad del aparato público. Entonces se requieren gobernantes con la autoridad moral y el coraje para enfrentar exitosamente la corrupción, para derrotar el obstruccionismo legislativo, para agilizar la contratación pública, para nombrar jerarcas por capacidad gerencial y no por color político, para vincular remuneraciones a productividad y para elevar los impuestos al sector servicios y a los empresarios extranjeros y profesionales liberales que no tributan o tributan muy poco.
Desafíos. Estos son los desafíos que tenemos. Ya sabemos que los políticos tradicionales y algunos poderes fácticos supuestamente amigos de la modernización, en la práctica carecen de interés en hacer el cambio. Y debemos tenerlo claro: cualquiera que proclame que debemos seguir adelante con el modelo de desarrollo y con el estilo político y administrativo vigente, está conforme con que el PIB per cápita siga creciendo al 2.5% por año (¡y con que solo sus nietos disfruten del desarrollo!).
Pero estoy seguro que la mayoría de los costarricenses no quieren ese resignado porvenir. Las fórmulas para duplicar el crecimiento existen, por lo que sería un serio error seguir por la ruta que vamos.
ACTUALIZADO EL 30 DE AGOSTO DE 2013 A LAS 12:00 AM
POR OTTÓN SOLÍS
Costa Rica ostenta un PIB per cápita de $9.500. Tanto si tomamos el promedio de crecimiento de los últimos 10 años como si extendemos el período a 20 años, encontramos que en términos reales ha venido creciendo a una tasa aproximada del 2.5% anual. Con esa tasa, nos tomará casi 30 años duplicar el ingreso per cápita actual, y tendríamos que esperar hasta el 2043 para alcanzar la situación disfrutada hoy por los habitantes de, por ejemplo, Taiwán o Portugal. Para llegar a tener el PIB per cápita que hoy tiene Irlanda, habría que esperar hasta el 2077… ¡y no sería disfrutado por ninguno de los responsables de nuestro lento crecimiento, ni por ninguno de sus hijos, aunque sí por sus últimos nietos!
La economía padece problemas estructurales que dificultan sostener aun la tasa de crecimiento del PIB per cápita del 2.5% anual. Más bien, en los dos campos en que se centró la propuesta ideológica que ha ganado el debate nacional en las últimas tres décadas, la reforma del Estado y la competitividad internacional, el país padece de severos e insostenibles déficits. Ni se arregló el déficit fiscal estructural, ni se hizo más eficiente el sector público, ni se eliminaron los desequilibrios en el comercio exterior que llevaron a la crisis de inicios de los años 80.
Incremento de desigualdades. Para mitigar esos déficits y paliar las consecuencias económicas de una simplista estrategia aperturista, se recurrió a políticas que incrementaron las desigualdades y a la desnacionalización de los activos privados y públicos más importantes del país. Estas medidas han permitido –hasta ahora– disfrazar parcialmente las carencias en competitividad, pero al costo de dañar el tejido social y de reducir el protagonismo relativo de los costarricenses en la dinámica productiva.
Debemos definir como meta un crecimiento promedio del PIB per cápita del 5% anual para las próximas tres décadas. Es una meta modesta, si se le compara con lo logrado por otras economías emergentes, pero permitiría duplicar el PIB per cápita en 14 años y alcanzar el que hoy disfruta el habitante promedio de la Unión Europea en el 2038, y el que hoy disfrutan los irlandeses en el 2045. En ese caso, aun los costarricenses que hoy tengan menos de 50 años vivirán sus últimos años en un país desarrollado.
¿Cómo hacerlo? La receta es conocida: la productividad y la competitividad se elevan mejorando el capital humano, las capacidades para la innovación y la infraestructura. Por su parte, la recuperación de la movilidad social y el mismo incremento de la productividad requieren un sistema educativo público de calidad, acceso universal a infocomunicaciones, energía, salud, crédito, cultura, etc. Además, un Estado desarrollista efectivo necesita de la participación de empresas escogidas en áreas estratégicas. En Costa Rica no se trataría de empresas privadas asociadas con el poder (como las chaebols de Corea del Sur), sino de empresas ampliamente reconocidas por su valor agregado tecnológico y ambiental y de empresas cooperativas, solidaristas y comunalistas.
• MÁS INFORMACIÓN
• Recope como empresa de bioprocesos
• Luego de la huida, la transición
• Reglamento en deuda
Papel del Estado. Aunque algunos sigan creyendo que las fuerzas del mercado y, solita, la empresa privada clásica constituyen la única ruta para alcanzar el desarrollo, cualquiera que haya medio estudiado la historia de las economías exitosas, ya sea Alemania y Japón o Corea del Sur y Taiwán, sabe que, si se desea dar el salto del letargo económico al crecimiento acelerado, los programas mencionados son fundamentales y el Estado tiene un importante papel que desempeñar. En Costa Rica, los gestores del modelo vigente han situado el debate en arcaicas, fantasiosas y ahistóricas divagaciones ideológicas debilitantes del Estado (de su papel y de su eficiencia), en lugar de plantearse metas y trabajar por ellas, con las herramientas más efectivas para lograrlas, independientemente de lealtades a recetarios específicos.
Aun si el modelo adoptado por medio de varios TLC, privatizaciones, subsidios a multinacionales, etc. fuese el correcto, la eficiencia del Estado es de importancia capital. Pero los gobernantes no solo han ignorado la ineficiencia de ese obligado actor sino que sistemáticamente la han agudizado. En ese marco, han optado por dotar al empleo público –con fines electorales– de costosos privilegios desvinculados de la productividad, por nombrar jerarcas siguiendo criterios partiditas y no gerenciales, por estructurar procedimientos legislativos enemigos de la eficiencia, por pactar con profesionales liberales y con empresarios nacionales y extranjeros una carga tributaria ridículamente baja y por construir una administración pública comandada por la desidia, la corrupción, las duplicidades, el pega-banderismo y el clientelismo.
La propuesta relacionada con la eficiencia y la competitividad se limitó a proclamas y a la firma de instrumentos legales –PAEs, TLCs-, con indiferencia a las ineficiencias del proceso de toma y ejecución de decisiones en el sector público. De ese modo se ha conformado un modelo globalizado en lo legal, pero tropical en lo administrativo. Dicho de otra manera, en la aprobación y firma de instrumentos legales económicos han construido lo que para sus proponentes debe ser un automóvil con carrocería Lamborghini, pero por debajo, el motor necesario para su movilización, no pasa de ser el de un Cuore 1.000 cc.
Si el proceso de toma y ejecución de decisiones continúa siendo lento, tortuoso e ineficiente, el sector privado no podrá materializar su potencial y no podremos superar las actuales tasas de crecimiento. Por ello, si queremos que el PIB per cápita crezca al 5%, todo el énfasis en el próximo lustro de vida republicana debe concentrarse en incrementar sustancialmente la productividad del aparato público. Entonces se requieren gobernantes con la autoridad moral y el coraje para enfrentar exitosamente la corrupción, para derrotar el obstruccionismo legislativo, para agilizar la contratación pública, para nombrar jerarcas por capacidad gerencial y no por color político, para vincular remuneraciones a productividad y para elevar los impuestos al sector servicios y a los empresarios extranjeros y profesionales liberales que no tributan o tributan muy poco.
Desafíos. Estos son los desafíos que tenemos. Ya sabemos que los políticos tradicionales y algunos poderes fácticos supuestamente amigos de la modernización, en la práctica carecen de interés en hacer el cambio. Y debemos tenerlo claro: cualquiera que proclame que debemos seguir adelante con el modelo de desarrollo y con el estilo político y administrativo vigente, está conforme con que el PIB per cápita siga creciendo al 2.5% por año (¡y con que solo sus nietos disfruten del desarrollo!).
Pero estoy seguro que la mayoría de los costarricenses no quieren ese resignado porvenir. Las fórmulas para duplicar el crecimiento existen, por lo que sería un serio error seguir por la ruta que vamos.
