Hay que considerar las consecuencias de una ley que en principio busca eliminar la corrupción -lo que es bueno- en la contratación de obra pública. Si la ley se aplica a la realidad nacional, donde 3 o tal vez 4 empresas son las que tienen capacidad de ofertar y se estima son las mas serias en el país, la eventual situación en que todas resulten castigadas -puede darse, ojo- deja el camino abierto para que empresas menos preparadas, y que ahora fungen como subcontratistas, ganen contratos y entonces se den situaciones donde mala planificación por inexperiencia o capacidad organizativa o disponibilidad financiera terminan encareciendo costes de la obra -lo que es el mismo efecto neto de algo hecho por mala fe.
en tal caso vemos que el buen propósito de la ley se pierde, el Estado termina quedándose sin oferentes serios y se congelaría la obra pública, con la mala consecuencia para el desarrollo de las demás actividades económicas del país.
yo soy mas partidario de arbitrajes y multas en estos casos, pues hay que ver que la realidad del país vuelve importantes situaciones en la contratación que terminan complicando los proyectos. Vease el caso de este organismo de Naciones Unidas al que se le encomendó algunas obras públicas, porque se creyó que el problema era la contratación administrativa y al final terminaron tardando lo mismo o inclusive más tiempo, lo que refleja que hay una realidad nacional compleja, sobre todo con expropiaciones, satisfacción de requerimientos de auditoría -santa contraloría quiere controlarlo todo inclusive en la ejecución-, trámites de contratación administrativa estatal como son apelaciones y su mecanismo de aplicación, etc.
