Hay básicamente dos problemas, uno por el lado de los burócratas, y otro por parte de los dirigentes políticos.
Por el lado de los burócratas, puede que existan buenos elementos. Pero qué incentivos hay apra funcionar en forma más eficiente? El estatuto de Servicio Civil -- si bien es una protección al funcionario público de no ser despedido por orientación política -- garantiza prácticamente la inamovilidad de su puesto de trabajo al burócrata, al menos que cometa una falta bastante grave.
En la carrera de funcionario público pesa más el tiempo que lleva en el puesto, que su iniciativa o habilidad. Los pluses son por antiguedad o por nivel educativo (independiente si lo que estudió es relevante para su trabajo). Es difícil promover a una persona de afuera a un alto puesto gerencial, por lo que no existe competencia por el puesto.
Por el lado de los políticos, el gran problema es, primero, cómo convertir los grandes objetivos para los que fueron electos, en tareas específicas, con metas que sean de algún modo verificables, para que sean giradas a los burócratas. Y cómo incentivar que los burócratas actúen de manera eficiente para realizar esos objetivos.
Unase a todo eso las distorsiones que hay en el sistema de financiamiento público: el presupuesto se gira por departamentos más que programas. La contabilida es un desastre o no se hace en forma adecuada.
Por ejemplo, se quiere combatir la delincuencia. Qué tiene que hacer el Ministro de Seguridad? Lo ideal sería que el Ministro, con sus asesores, determinara cuáles tareas específicas sirven para lograr ese objetivo: reducir la incidencia de delitos, como el robo o el asesinato. En muchos casos, la tarea depende del Minsiterio (más vigilancia para prevenir la comisión de delitos). En otros, depende de los tribunales (juicios rápidos, eficiente ministerio público).
Una vez determinados cada una de las tareas específicas, se les encomendaría a los burócratas (y la policía) dicha labor, estableciendo parámetros para cumplimiento de las metas. Dichas metas deben ser factibles y capaces de cumlirse dentro deu n plazo prudente de tiempo. Y si no se cumplen, debería despedirse al jefe de operación.
Pero por spuesto eso no se puedeo es dificilísimo en la actualidad.
Nueva Zelanda por otro lado ha implementado un sistema como ese en la Adminsitración Pública: los ministros de Estado "compran" servicios de los funcionarios públicos: establecen una tarea específica, las condiciones y metas a cumplir, y los parámetros de desempeño. Los jefes de departamento ( o incluso empresas privadas) pueden competir por la prestación del servicio. Cada año, el programa se somete a evaluación y si marcha bien, continúa su financiamiento. Si no, se despide al gerente y se contrata otro.
Lo mismo podría suceder con la adminstración del Estadio: establecer una serie de objetivos y metas en la administración (al menos, que rinda lo suficiente para mantener las instalaciones), y licitarlo. Después de todo, es un buen arreglo para el Estado: mantiene la propiedad del Estadio, pero los riesgos de su administración los asume otro agente.
Cuál es la alternativa? Que lo maneje la burocracia estatal? QUé tal si se deteriora el Estadio y termina siendo un armatoste? Nadie tendría la responsabilida específica, y si la tiene, habrían pasado varias administraciones.
Hay ue dejar de lado esas estupideces de deminizar como "privatización" cualquier cosa, más cuando como en este caso, no es incluso un reflejo de lo que sucede en la realidad.
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