¡Ay, Dios mío, qué vaina! Resulta que la Fiscalía Adjunta de Probidad le bajó duro a Coopesalud en este rollo del caso Barrenador, el escandalo de las cooperativas y los Ebáis. La cosa pinta más turbia de lo que pensábamos, porque Coopesalud andaba diciendo que la Fiscalía se basó en unos datos manipulados de la CCSS, ¡una torta!
Según Coopesalud, tenían un estudio de razonabilidad de costos que demostraba que había fajado la onda con los números. Pero la Fiscalía, sin pelos en la lengua, les dijo que eso era un mero borrador, ¡un chuche!, y que para que valiera como prueba legal tiene que estar listo, listo, con todas las variables correctas y aprobadas por ley. Imagínate, presentarte un borrador como si fuera la verdad… ¡qué manera de meter gambas!
Y ahí no quedó la cosa. La Fiscalía quiere dejar claro que la investigación penal no se cayó por esas tonterías. Han dicho, bien clarito, que no encontraron ningún informe del OIJ que diga que alguien de la CCSS cambió los números para perjudicar a las cooperativas. Ni siquiera han logrado desacreditar el trabajo del Área de Contabilidad de Costos. Al contrario, ¡le dieron con todo! –la Contraloría General de la República ha validado ese mismo trabajo, pa’ que sepan.
Además, la Fiscalía no está jugando con esto. Aseguran que la investigación sigue avanzando a paso firme, encontrando pruebas sólidas de posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. El OIJ está revisando toda la evidencia disponible, así que la cosa está que arde. Están echándole ganas para aclarar todo este brete.
Y hablando de cosas que arden, recordemos quién anda metida en este lío. Marta Esquivel, la ex presidenta ejecutiva de la CCSS y ahora candidata a diputada, está en medio del ojo del huracán, junto con otros siete ex directivos. Se les acusa de haber presionado para que se dieran contratos a ciertas cooperativas, generando un sobreprecio anual estimado de ¡¡12.400 millones de colones!! ¡Una barbaridad!
La Fiscalía, además, quiso aclarar otra vaina importante: que nadie ha filtrado información del expediente. Dicen que es ilegal y que están preocupados porque algunas cooperativas estén soltando pedacitos de información que deberían ser confidenciales. Parece que alguien está tratando de jugar sucio, ¿no?
Lo que está quedando claro es que este caso Barrenador tiene más vueltas que un carrete de gallo. Aunque Coopesalud intentó restarle importancia, la Fiscalía está dejando claro que la investigación sigue adelante y que hay pruebas que sugieren que sí hubo irregularidades. Ya prorrogaron las medidas cautelares contra los implicados, así que se espera que las próximas semanas traigan novedades... ¡a ver qué sale!
Con todo esto, me pregunto: ¿cree usted que este caso finalmente llegará a juicio y veremos a los responsables pagar por sus acciones, o será otro escándalo que se esfuma en el olvido? Déjeme saber su opinión en los comentarios abajo, ¡queremos escuchar sus ideas!
Según Coopesalud, tenían un estudio de razonabilidad de costos que demostraba que había fajado la onda con los números. Pero la Fiscalía, sin pelos en la lengua, les dijo que eso era un mero borrador, ¡un chuche!, y que para que valiera como prueba legal tiene que estar listo, listo, con todas las variables correctas y aprobadas por ley. Imagínate, presentarte un borrador como si fuera la verdad… ¡qué manera de meter gambas!
Y ahí no quedó la cosa. La Fiscalía quiere dejar claro que la investigación penal no se cayó por esas tonterías. Han dicho, bien clarito, que no encontraron ningún informe del OIJ que diga que alguien de la CCSS cambió los números para perjudicar a las cooperativas. Ni siquiera han logrado desacreditar el trabajo del Área de Contabilidad de Costos. Al contrario, ¡le dieron con todo! –la Contraloría General de la República ha validado ese mismo trabajo, pa’ que sepan.
Además, la Fiscalía no está jugando con esto. Aseguran que la investigación sigue avanzando a paso firme, encontrando pruebas sólidas de posibles delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. El OIJ está revisando toda la evidencia disponible, así que la cosa está que arde. Están echándole ganas para aclarar todo este brete.
Y hablando de cosas que arden, recordemos quién anda metida en este lío. Marta Esquivel, la ex presidenta ejecutiva de la CCSS y ahora candidata a diputada, está en medio del ojo del huracán, junto con otros siete ex directivos. Se les acusa de haber presionado para que se dieran contratos a ciertas cooperativas, generando un sobreprecio anual estimado de ¡¡12.400 millones de colones!! ¡Una barbaridad!
La Fiscalía, además, quiso aclarar otra vaina importante: que nadie ha filtrado información del expediente. Dicen que es ilegal y que están preocupados porque algunas cooperativas estén soltando pedacitos de información que deberían ser confidenciales. Parece que alguien está tratando de jugar sucio, ¿no?
Lo que está quedando claro es que este caso Barrenador tiene más vueltas que un carrete de gallo. Aunque Coopesalud intentó restarle importancia, la Fiscalía está dejando claro que la investigación sigue adelante y que hay pruebas que sugieren que sí hubo irregularidades. Ya prorrogaron las medidas cautelares contra los implicados, así que se espera que las próximas semanas traigan novedades... ¡a ver qué sale!
Con todo esto, me pregunto: ¿cree usted que este caso finalmente llegará a juicio y veremos a los responsables pagar por sus acciones, o será otro escándalo que se esfuma en el olvido? Déjeme saber su opinión en los comentarios abajo, ¡queremos escuchar sus ideas!
