¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, ¿verdad? Resulta que Costa Rica tiene más de 23.000 propiedades de alquiler vacacional – esos Airbnb y Vrbo que todos conocemos – y eso, mis panas, equivale casi al tamaño de toda nuestra oferta hotelera tradicional. ¡Una torta!, señores. Un verdadero brete.
Según un estudio del Centro de Estudios del Turismo (CET), estas plataformas han crecido tanto que ya representan una especie de “segunda planta turística paralela”. Esto significa que estamos teniendo dos modelos de negocio compitiendo por el mismo pastel, y uno de ellos, lamentablemente, anda jugando sin reglas claras, ¿me entienden?
Bary Roberts, el presidente del CET, lo dijo clarito: ahora hay que ponerle orden a esta vaineta con inteligencia. No se trata de cerrarles la puerta a estos emprendedores, sino de asegurar que jueguen limpio, que paguen sus impuestos y que no afecten la calidad de vida de nuestros vecinos ni la estabilidad económica de la zona. ¡Es pa’ reflexionar!
Y la reflexión es necesaria porque la situación actual es preocupante. Como siempre pasa, el crecimiento de estos alquileres ha sido rapidísimo, pero sin un marco regulatorio adecuado. Eso quiere decir que muchos evaden impuestos, no cumplen con normas de seguridad o construcción, y dejan colgados a los municipios con temas de gestión de residuos y servicios públicos. ¡Qué sal!
Para analizar la gravedad de la cosa, el CET organizó una reunión con los pesos pesados del sector turístico: ICT, UNGL, INCAE, hoteleros, Canatur, Caturgua... hasta los administradores de alquileres estuvieron ahí. Se habló mucho, se intercambiaron ideas, y finalmente llegaron a algunos acuerdos, aunque todavía queda camino por recorrer.
Uno de los puntos clave es trabajar juntos para presentar una propuesta de ley que establezca claramente las obligaciones fiscales y regulatorias de estas plataformas y de sus anfitriones. También quieren implementar un plan piloto en un cantón para ver cómo funciona el tema del control y la regulación en la práctica. ¡Pa’ tener datos reales y no estar hablando por hablar!
La Cámara de Hoteles, obviamente, no está muy contenta con la competencia desleal. Ven que muchos de estos alquileres ofrecen precios más bajos porque no tienen que asumir los mismos costos operativos que ellos, ni tampoco pagan todos los impuestos que les corresponden. Pero también reconocen que la realidad es esta: los alquileres de corta estancia vinieron para quedarse y toca encontrar una forma de convivir pacíficamente, buscando un punto intermedio donde todos puedan prosperar.
En fin, la vaineta está interesante y complicada a la vez. Ahora, me pregunto… ¿Ustedes creen que es justo exigirles a los dueños de Airbnb y Vrbo las mismas obligaciones que a los hoteles tradicionales? ¿O deberían existir reglas diferentes, adaptadas a la naturaleza particular de este nuevo modelo de negocio? Déjenme leer sus opiniones en el foro, ¡me interesa saber qué piensan ustedes!
Según un estudio del Centro de Estudios del Turismo (CET), estas plataformas han crecido tanto que ya representan una especie de “segunda planta turística paralela”. Esto significa que estamos teniendo dos modelos de negocio compitiendo por el mismo pastel, y uno de ellos, lamentablemente, anda jugando sin reglas claras, ¿me entienden?
Bary Roberts, el presidente del CET, lo dijo clarito: ahora hay que ponerle orden a esta vaineta con inteligencia. No se trata de cerrarles la puerta a estos emprendedores, sino de asegurar que jueguen limpio, que paguen sus impuestos y que no afecten la calidad de vida de nuestros vecinos ni la estabilidad económica de la zona. ¡Es pa’ reflexionar!
Y la reflexión es necesaria porque la situación actual es preocupante. Como siempre pasa, el crecimiento de estos alquileres ha sido rapidísimo, pero sin un marco regulatorio adecuado. Eso quiere decir que muchos evaden impuestos, no cumplen con normas de seguridad o construcción, y dejan colgados a los municipios con temas de gestión de residuos y servicios públicos. ¡Qué sal!
Para analizar la gravedad de la cosa, el CET organizó una reunión con los pesos pesados del sector turístico: ICT, UNGL, INCAE, hoteleros, Canatur, Caturgua... hasta los administradores de alquileres estuvieron ahí. Se habló mucho, se intercambiaron ideas, y finalmente llegaron a algunos acuerdos, aunque todavía queda camino por recorrer.
Uno de los puntos clave es trabajar juntos para presentar una propuesta de ley que establezca claramente las obligaciones fiscales y regulatorias de estas plataformas y de sus anfitriones. También quieren implementar un plan piloto en un cantón para ver cómo funciona el tema del control y la regulación en la práctica. ¡Pa’ tener datos reales y no estar hablando por hablar!
La Cámara de Hoteles, obviamente, no está muy contenta con la competencia desleal. Ven que muchos de estos alquileres ofrecen precios más bajos porque no tienen que asumir los mismos costos operativos que ellos, ni tampoco pagan todos los impuestos que les corresponden. Pero también reconocen que la realidad es esta: los alquileres de corta estancia vinieron para quedarse y toca encontrar una forma de convivir pacíficamente, buscando un punto intermedio donde todos puedan prosperar.
En fin, la vaineta está interesante y complicada a la vez. Ahora, me pregunto… ¿Ustedes creen que es justo exigirles a los dueños de Airbnb y Vrbo las mismas obligaciones que a los hoteles tradicionales? ¿O deberían existir reglas diferentes, adaptadas a la naturaleza particular de este nuevo modelo de negocio? Déjenme leer sus opiniones en el foro, ¡me interesa saber qué piensan ustedes!
