¡Ay, Dios mío! Después de tanto batallar, parece que la Contraloría le echó freno a la bronca y aprobó los ¢2.700 millones pa’ reiniciar el pago de las licencias de cuidado de pacientes terminales y niños gravemente enfermos. ¡Un alivio tremendo pa' las familias que andaban desesperadas! Imagínate estar juntando centavos pa' pagar la comida y encima tener que lidiar con eso. Qué torta.
Como les cuento, el problema viene arrastrándose desde septiembre pasado, cuando la CCSS le puso hielo al asunto, dejando varadas a unas 1200 familias. La justificación oficial era la falta de fondos, pero la ciudadanía, y varios diputados, vieron ahí olor a quemao, acusando al gobierno de hacer caso omiso a las necesidades de la gente más vulnerable. Esa jugada dejó a muchos pensando: ¿por qué meterle mano a un programa tan importante?
La Contraloría, tras analizarla bien la vaina, llegó a la conclusión de que el pago de estas licencias es una obligación constitucional, como nos recordó la Sala Constitucional en sus fallos. Claramente, ahí le dieron un coscorrón al Gobierno porque la Sala ya había dicho que no podían postergar ese tipo de pagos. Eso sí, lo hicieron de manera parcial, eso es importante recalcarlo, demostrando que siguen buscando atajos legales.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, no tardó en celebrar la decisión de la Contraloría, aunque no se mordió la lengua al criticar al gobierno por la demora. Según él, esta aprobación es producto directo de las resoluciones de la Sala Constitucional, que reconocieron el derecho a recibir este apoyo. Y añadió, con justa razón, que la aprobación se hizo a pesar de los constantes bloqueos del Presidente Chaves al proyecto de ley que permitiría agilizar los procesos.
Pero ojo, que no todo es miel sobre hojuelas. Además de los ¢2.700 millones pa’ las licencias, la Contraloría también aprobó unos ¢25 mil millones para amortizar deudas del Estado con la CCSS relacionadas con pensiones; ¢10.8 mil millones para servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios; ¢10 mil millones pa’ financiar pensiones a adultos mayores en situación de pobreza; y ¢42.5 millones pa’ comprar insumos médicos. Una verdadera fiesta de aprobación de recursos, digo yo.
Sin embargo, hubo un revés: no aprobaron los ¢1.500 millones que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) quería transferir a la CCSS, argumentando falta de autorización legislativa. Esto significa que, hasta que no haya un respaldo legal claro, la CCSS no podrá disponer de esos fondos. Ya ven, siempre hay un brete por resolver, mi clave.
Las familias afectadas, hartas de esperar, han organizado protestas frente a Casa Presidencial, pidiendo ayuda y mostrando su frustración ante la incertidumbre. Verlas peleando por sus derechos da pena y a la vez te llena de esperanza. Que coraje tienen estas personas, luchando contra viento y marea por lo que les corresponde. ¡Se lo merecen!
Después de todo este rollo, me pregunto: ¿con esta aprobación puntual se solucionará el problema de fondo o será solo un parche temporal? ¿Cómo podemos asegurar que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que las familias vulnerables reciban el apoyo que necesitan sin tener que salir a protestar en la calle? ¡Díganme sus opiniones, compas! ¿Están confiados en que el gobierno tomará medidas preventivas o creen que volveremos a ver este drama pronto?
Como les cuento, el problema viene arrastrándose desde septiembre pasado, cuando la CCSS le puso hielo al asunto, dejando varadas a unas 1200 familias. La justificación oficial era la falta de fondos, pero la ciudadanía, y varios diputados, vieron ahí olor a quemao, acusando al gobierno de hacer caso omiso a las necesidades de la gente más vulnerable. Esa jugada dejó a muchos pensando: ¿por qué meterle mano a un programa tan importante?
La Contraloría, tras analizarla bien la vaina, llegó a la conclusión de que el pago de estas licencias es una obligación constitucional, como nos recordó la Sala Constitucional en sus fallos. Claramente, ahí le dieron un coscorrón al Gobierno porque la Sala ya había dicho que no podían postergar ese tipo de pagos. Eso sí, lo hicieron de manera parcial, eso es importante recalcarlo, demostrando que siguen buscando atajos legales.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, no tardó en celebrar la decisión de la Contraloría, aunque no se mordió la lengua al criticar al gobierno por la demora. Según él, esta aprobación es producto directo de las resoluciones de la Sala Constitucional, que reconocieron el derecho a recibir este apoyo. Y añadió, con justa razón, que la aprobación se hizo a pesar de los constantes bloqueos del Presidente Chaves al proyecto de ley que permitiría agilizar los procesos.
Pero ojo, que no todo es miel sobre hojuelas. Además de los ¢2.700 millones pa’ las licencias, la Contraloría también aprobó unos ¢25 mil millones para amortizar deudas del Estado con la CCSS relacionadas con pensiones; ¢10.8 mil millones para servicios a trabajadores independientes y asegurados voluntarios; ¢10 mil millones pa’ financiar pensiones a adultos mayores en situación de pobreza; y ¢42.5 millones pa’ comprar insumos médicos. Una verdadera fiesta de aprobación de recursos, digo yo.
Sin embargo, hubo un revés: no aprobaron los ¢1.500 millones que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) quería transferir a la CCSS, argumentando falta de autorización legislativa. Esto significa que, hasta que no haya un respaldo legal claro, la CCSS no podrá disponer de esos fondos. Ya ven, siempre hay un brete por resolver, mi clave.
Las familias afectadas, hartas de esperar, han organizado protestas frente a Casa Presidencial, pidiendo ayuda y mostrando su frustración ante la incertidumbre. Verlas peleando por sus derechos da pena y a la vez te llena de esperanza. Que coraje tienen estas personas, luchando contra viento y marea por lo que les corresponde. ¡Se lo merecen!
Después de todo este rollo, me pregunto: ¿con esta aprobación puntual se solucionará el problema de fondo o será solo un parche temporal? ¿Cómo podemos asegurar que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir y que las familias vulnerables reciban el apoyo que necesitan sin tener que salir a protestar en la calle? ¡Díganme sus opiniones, compas! ¿Están confiados en que el gobierno tomará medidas preventivas o creen que volveremos a ver este drama pronto?
