¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez, discutiendo temas que deberían estar resueltos hace años, pero bueno, al menos hay movimiento en la Asamblea. Resulta que ahora quieren meterle mano a la Constitución para asegurar que las víctimas de delitos tengan acceso a la justicia, y encima, asistencia legal gratis en algunos casos. Parece que alguien finalmente se dio cuenta de que la justicia no puede ser solamente para quien tiene lana.
La idea es añadirle un paragüito al artículo 41 de la Constitución, pa’ dejar claro que las víctimas no somos simples espectadores en estos dramas judiciales, sino sujetos de derecho. Esto significa que tenemos derechos, incluyendo el de poder entender qué está pasando, defendernos correctamente y buscar que nos compensen por el daño que sufrimos. Imagínate, muchos denuncian por miedo a represalias, por desconocimiento o porque simplemente no tienen ni idea cómo funciona el sistema. ¡Una torta!
Danny Vargas Serrano, el diputado liberacionista que está moviendo este brete, dice que esto es fundamental para lograr una justicia “plena”. Según él, sin incorporar a la víctima como parte activa del proceso, estamos jugando con la mitad del tablero. Y no anda equivocado, ¿eh? Porque muchas veces se siente que el fiscal y el abogado defensor se pelean a muerte mientras la víctima queda varada, sin saber qué pasó con su caso, sin recibir apoyo psicológico ni económico… Es una pena.
Ahora bien, no es fácil cambiar la Constitución, muchachos. Este proceso es más largo que la cola de un armadillo. Primero, la propuesta tiene que pasar por varias vueltas en la Asamblea, con muchísimos votos. Luego, va a parar a la Sala Constitucional para que le dé su visto bueno. Después, vuelve a la Asamblea para otro debate y votación. ¡Un laberinto, te digo! Pero si sale adelante, sería un avance importantísimo.
Además, no estamos inventando la rueda, mira. Países como Colombia, México, Ecuador y hasta República Dominicana ya hicieron cosas parecidas en sus Constituciones. Se dieron cuenta de que una justicia que ignora a la víctima es una justicia incompleta, una broma pesada. Por eso, este proyecto tiene cierto respaldo internacional. Nos gustaría pensar que aprendimos algo de nuestros vecinos.
Lo interesante es ver cómo se va a definir “en los casos que determine la ley” esa asistencia legal gratuita. ¿Quiénes califican? ¿Solo las personas de bajos recursos? ¿O también aquellas que sufrieron pérdidas emocionales graves, aunque puedan pagar un abogado? Son preguntas cruciales que habrá que resolver en el futuro, pa’ que esto no quede solo en papel mojado.
Este proyecto seguramente generará polémica, más aún en un país donde la corrupción está tan metida hasta las cachas. Algunos dirán que es demasiado caro, que hay otras prioridades, que estamos gastando dinero en tonterías... Pero yo creo que invertir en la protección de las víctimas es invertir en una sociedad más justa y equitativa. Al final, todos queremos vivir en un lugar donde podamos sentirnos seguros y protegidos, ¿verdad?
En fin, veremos qué pasa con esta iniciativa. Confiemos en que la Asamblea Legislativa tenga la madurez necesaria para darle luz verde a este cambio constitucional. Y ustedes, ¿creen que realmente este proyecto logrará transformar el sistema judicial costarricense, o será solo otra promesa incumplida? ¡Déjenme sus opiniones en el foro!
La idea es añadirle un paragüito al artículo 41 de la Constitución, pa’ dejar claro que las víctimas no somos simples espectadores en estos dramas judiciales, sino sujetos de derecho. Esto significa que tenemos derechos, incluyendo el de poder entender qué está pasando, defendernos correctamente y buscar que nos compensen por el daño que sufrimos. Imagínate, muchos denuncian por miedo a represalias, por desconocimiento o porque simplemente no tienen ni idea cómo funciona el sistema. ¡Una torta!
Danny Vargas Serrano, el diputado liberacionista que está moviendo este brete, dice que esto es fundamental para lograr una justicia “plena”. Según él, sin incorporar a la víctima como parte activa del proceso, estamos jugando con la mitad del tablero. Y no anda equivocado, ¿eh? Porque muchas veces se siente que el fiscal y el abogado defensor se pelean a muerte mientras la víctima queda varada, sin saber qué pasó con su caso, sin recibir apoyo psicológico ni económico… Es una pena.
Ahora bien, no es fácil cambiar la Constitución, muchachos. Este proceso es más largo que la cola de un armadillo. Primero, la propuesta tiene que pasar por varias vueltas en la Asamblea, con muchísimos votos. Luego, va a parar a la Sala Constitucional para que le dé su visto bueno. Después, vuelve a la Asamblea para otro debate y votación. ¡Un laberinto, te digo! Pero si sale adelante, sería un avance importantísimo.
Además, no estamos inventando la rueda, mira. Países como Colombia, México, Ecuador y hasta República Dominicana ya hicieron cosas parecidas en sus Constituciones. Se dieron cuenta de que una justicia que ignora a la víctima es una justicia incompleta, una broma pesada. Por eso, este proyecto tiene cierto respaldo internacional. Nos gustaría pensar que aprendimos algo de nuestros vecinos.
Lo interesante es ver cómo se va a definir “en los casos que determine la ley” esa asistencia legal gratuita. ¿Quiénes califican? ¿Solo las personas de bajos recursos? ¿O también aquellas que sufrieron pérdidas emocionales graves, aunque puedan pagar un abogado? Son preguntas cruciales que habrá que resolver en el futuro, pa’ que esto no quede solo en papel mojado.
Este proyecto seguramente generará polémica, más aún en un país donde la corrupción está tan metida hasta las cachas. Algunos dirán que es demasiado caro, que hay otras prioridades, que estamos gastando dinero en tonterías... Pero yo creo que invertir en la protección de las víctimas es invertir en una sociedad más justa y equitativa. Al final, todos queremos vivir en un lugar donde podamos sentirnos seguros y protegidos, ¿verdad?
En fin, veremos qué pasa con esta iniciativa. Confiemos en que la Asamblea Legislativa tenga la madurez necesaria para darle luz verde a este cambio constitucional. Y ustedes, ¿creen que realmente este proyecto logrará transformar el sistema judicial costarricense, o será solo otra promesa incumplida? ¡Déjenme sus opiniones en el foro!
