¡Ay, Dios mío, qué alivio para los conductores y dueños de buses! Resulta que la Asamblea Legislativa le quitó el estrés de encima a los concesionarios de transporte público. Después de mucho debate y papeleo, la Comisión de Asuntos Jurídicos metióle mano al proyecto que limitaba los contratos de los autobuses a tan solo siete años. Ahora, la duración va a estar definida directamente en el acuerdo entre el Estado y los operadores, ¡una verdadera bendición!
Todo este lío viene desde atrás, mi pana. El expediente 24.911, impulsado por el diputado daniel Vargas, buscaba reformar el artículo 21 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado. Básicamente, el problema era que ese plazo de siete años estaba generando un montón de problemas económicos. Imagínate, el concesionario apenas podía acceder a créditos decentes en el primer año y luego tenía que pagar esos préstamos rapidito, aunque la vida útil de un bus es de quince años, ¡más tiempo del que muchos nos dan nosotros mismos!
Y ahí es donde entra la ARESEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Sus cálculos venían saliendo recontra salados porque incluían una depreciación acelerada del bus. En los primeros siete años, se decía que casi el 80% del valor del vehículo ya había desaparecido, y luego el 20% restante en los ocho años restantes. Esto, obvio, inflaba las tarifas que pagamos los pasajeros, porque la empresa necesitaba recuperar su inversión rápido. ¡Un verdadero fastidio!
“Es por eso que la metodología tarifaria de la ARESEP incluye la depreciación del 80% del valor de los buses en los primeros siete años y en los siguientes ocho años se deprecia el restante 20% del valor del bus,” explican los técnicos del proyecto. “Esta desalineación del plazo de la concesión (7) y la vida útil legal del bus (15), da como resultado, aplicando la metodología de ARESEP, una tarifa más alta durante los primeros siete años de uso de los buses comparado con la situación que se daría si la depreciación se diera a lo largo de los quince años de uso de los buses”. ¡Más claro, agua de coco!
Así que, con esta modificación, el artículo 21 quedará redactado así: "El plazo de la concesión será el que señale el contrato concesión y se fijará tomando en cuenta el monto de la inversión y el plazo para amortizarlo y obtener una ganancia justa.". Además, se agrega la posibilidad de renovación si el concesionario cumple con sus obligaciones y se compromete a seguir la ley. ¡Un respiro para todos! Ya no tendrán que jalárselas tanto para mantener la flota en buen estado.
Muchos analistas ven esto como un paso importante hacia la modernización del sistema de transporte público. Al extender los plazos de las concesiones, los operadores tienen mayor incentivo para invertir en buses nuevos, mejorar el servicio y capacitar a sus empleados. Se supone que esto debería traducirse en un transporte más eficiente, seguro y cómodo para los usuarios, ¡algo que todos deseamos, brete!
Pero ojo, que esto no es el final del camino, mi pana. Todavía el texto tiene que pasar por el Plenario Legislativo, donde seguramente habrá más debates y posiblemente modificaciones. Algunos diputados podrían argumentar que esta medida beneficia demasiado a los concesionarios, mientras que otros podrían proponer restricciones adicionales para proteger los intereses de los usuarios. ¡Veremos qué onda!
En fin, parece que los buses van a tener una vida más larga en nuestras calles, y esperamos que esto se traduzca en un mejor servicio para todos. Pero dime, ¿crees que esta reforma es suficiente para solucionar los problemas del transporte público en Costa Rica, o necesitamos medidas más drásticas? ¡Déjanos tus comentarios y vamos a debatir sobre esto!
Todo este lío viene desde atrás, mi pana. El expediente 24.911, impulsado por el diputado daniel Vargas, buscaba reformar el artículo 21 de la Ley Reguladora de Transporte Remunerado. Básicamente, el problema era que ese plazo de siete años estaba generando un montón de problemas económicos. Imagínate, el concesionario apenas podía acceder a créditos decentes en el primer año y luego tenía que pagar esos préstamos rapidito, aunque la vida útil de un bus es de quince años, ¡más tiempo del que muchos nos dan nosotros mismos!
Y ahí es donde entra la ARESEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Sus cálculos venían saliendo recontra salados porque incluían una depreciación acelerada del bus. En los primeros siete años, se decía que casi el 80% del valor del vehículo ya había desaparecido, y luego el 20% restante en los ocho años restantes. Esto, obvio, inflaba las tarifas que pagamos los pasajeros, porque la empresa necesitaba recuperar su inversión rápido. ¡Un verdadero fastidio!
“Es por eso que la metodología tarifaria de la ARESEP incluye la depreciación del 80% del valor de los buses en los primeros siete años y en los siguientes ocho años se deprecia el restante 20% del valor del bus,” explican los técnicos del proyecto. “Esta desalineación del plazo de la concesión (7) y la vida útil legal del bus (15), da como resultado, aplicando la metodología de ARESEP, una tarifa más alta durante los primeros siete años de uso de los buses comparado con la situación que se daría si la depreciación se diera a lo largo de los quince años de uso de los buses”. ¡Más claro, agua de coco!
Así que, con esta modificación, el artículo 21 quedará redactado así: "El plazo de la concesión será el que señale el contrato concesión y se fijará tomando en cuenta el monto de la inversión y el plazo para amortizarlo y obtener una ganancia justa.". Además, se agrega la posibilidad de renovación si el concesionario cumple con sus obligaciones y se compromete a seguir la ley. ¡Un respiro para todos! Ya no tendrán que jalárselas tanto para mantener la flota en buen estado.
Muchos analistas ven esto como un paso importante hacia la modernización del sistema de transporte público. Al extender los plazos de las concesiones, los operadores tienen mayor incentivo para invertir en buses nuevos, mejorar el servicio y capacitar a sus empleados. Se supone que esto debería traducirse en un transporte más eficiente, seguro y cómodo para los usuarios, ¡algo que todos deseamos, brete!
Pero ojo, que esto no es el final del camino, mi pana. Todavía el texto tiene que pasar por el Plenario Legislativo, donde seguramente habrá más debates y posiblemente modificaciones. Algunos diputados podrían argumentar que esta medida beneficia demasiado a los concesionarios, mientras que otros podrían proponer restricciones adicionales para proteger los intereses de los usuarios. ¡Veremos qué onda!
En fin, parece que los buses van a tener una vida más larga en nuestras calles, y esperamos que esto se traduzca en un mejor servicio para todos. Pero dime, ¿crees que esta reforma es suficiente para solucionar los problemas del transporte público en Costa Rica, o necesitamos medidas más drásticas? ¡Déjanos tus comentarios y vamos a debatir sobre esto!
