¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con el Banco Central de Costa Rica metido en movidas turbias. Resulta que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) está sacando a relucir unas llamadas telefónicas que te dejan helao, entre exgerentes del BCR SAFI y el exdiputado Humberto Vargas Corrales, acusado de estar detrás de una “organización criminal”. Parece que esto no tiene fin, ¿verdad?
La investigación, que gira alrededor de las compras infladas que hizo BCR SAFI, encontró 31 llamadas entre Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa, y Manrique Gutiérrez Loría, uno de los señalados como pieza clave de esa supuesta banda. Y ojo, Bolaños era parte del Comité de Inversión del BCR justo en el período en el que estas cosas estaban pasando. ¡Un brete!
Pero eso no es todo, porque Marlon Sequeira Gamboa, otro exgerente de BCR SAFI, mantuvo 214 conversaciones con Gutiérrez Loría desde noviembre de 2019 hasta después de la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), la joya de la corona de esta maraña. Recordemos que el PEP se compró por unos 70 palos verdes, cuando su verdadero valor rondaba los 30 millones. ¡Una verdadera torta!
Y si pensaban que ahí terminaba la telenovela, mánguene, ¡no! También aparecen 20 llamadas entre Vargas Corrales y Sequeira Gamboa, y otras tres más en 2021. Además, hubo contactos entre Vargas y Rosnnie Díaz Méndez, exgerente general de BCR SAFI, reforzando aún más la red de sospechas que envuelve a todos estos personajes.
Lo más reciente es que la Fiscalía descubrió que Marco Carbajal Soto, supervisor de la Unidad de Ingeniería de BCR SAFI, habló con Gutiérrez Loría tres días antes de comprar el PEP, y luego con Vargas Corrales. Y sumándole a todo esto, el arquitecto imputado Javier Chinchilla Medina también estuvo en contacto con Carbajal, con un intercambio de llamadas bastante intensito entre 2019 y 2020. ¡Qué carga!
Pero la cosa se pone más interesante con el rastreo de las radiobases. Al parecer, varios funcionarios del BCR estuvieron presentes en el Parque Empresarial del Pacífico durante periodos cruciales, según los registros de activación de celulares. Entre ellos, Natalia María Garro Acuña, exjefa de proyectos de BCR SAFI, aparece 46 veces junto a Gutiérrez y Barrantes, socios cercanos de Vargas. Esto pinta feísimo, ¿no?
Y claro, no podemos olvidarnos de los arquitectos externos, Luis Fernando Arce Saborío y Javier Alberto Chinchilla Medina, quienes realizaron la tasación pericial del PEP. Según la Fiscalía, ellos falsearon el valor del inmueble, alegando que estaba terminado cuando en realidad faltaba mucho por construir. ¡Se jalaron una torta monumental!
Ante este panorama tan denso y lleno de preguntas, me pregunto: ¿Será posible que la corrupción haya calado tan hondo en instituciones públicas como el BCR, o estamos ante una serie de coincidencias desafortunadas? ¿Creen que la Fiscalía tendrá pruebas suficientes para condenar a todos los implicados, o la historia terminará como tantas otras, con impunidad y frustración para los ciudadanos?
La investigación, que gira alrededor de las compras infladas que hizo BCR SAFI, encontró 31 llamadas entre Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa, y Manrique Gutiérrez Loría, uno de los señalados como pieza clave de esa supuesta banda. Y ojo, Bolaños era parte del Comité de Inversión del BCR justo en el período en el que estas cosas estaban pasando. ¡Un brete!
Pero eso no es todo, porque Marlon Sequeira Gamboa, otro exgerente de BCR SAFI, mantuvo 214 conversaciones con Gutiérrez Loría desde noviembre de 2019 hasta después de la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), la joya de la corona de esta maraña. Recordemos que el PEP se compró por unos 70 palos verdes, cuando su verdadero valor rondaba los 30 millones. ¡Una verdadera torta!
Y si pensaban que ahí terminaba la telenovela, mánguene, ¡no! También aparecen 20 llamadas entre Vargas Corrales y Sequeira Gamboa, y otras tres más en 2021. Además, hubo contactos entre Vargas y Rosnnie Díaz Méndez, exgerente general de BCR SAFI, reforzando aún más la red de sospechas que envuelve a todos estos personajes.
Lo más reciente es que la Fiscalía descubrió que Marco Carbajal Soto, supervisor de la Unidad de Ingeniería de BCR SAFI, habló con Gutiérrez Loría tres días antes de comprar el PEP, y luego con Vargas Corrales. Y sumándole a todo esto, el arquitecto imputado Javier Chinchilla Medina también estuvo en contacto con Carbajal, con un intercambio de llamadas bastante intensito entre 2019 y 2020. ¡Qué carga!
Pero la cosa se pone más interesante con el rastreo de las radiobases. Al parecer, varios funcionarios del BCR estuvieron presentes en el Parque Empresarial del Pacífico durante periodos cruciales, según los registros de activación de celulares. Entre ellos, Natalia María Garro Acuña, exjefa de proyectos de BCR SAFI, aparece 46 veces junto a Gutiérrez y Barrantes, socios cercanos de Vargas. Esto pinta feísimo, ¿no?
Y claro, no podemos olvidarnos de los arquitectos externos, Luis Fernando Arce Saborío y Javier Alberto Chinchilla Medina, quienes realizaron la tasación pericial del PEP. Según la Fiscalía, ellos falsearon el valor del inmueble, alegando que estaba terminado cuando en realidad faltaba mucho por construir. ¡Se jalaron una torta monumental!
Ante este panorama tan denso y lleno de preguntas, me pregunto: ¿Será posible que la corrupción haya calado tan hondo en instituciones públicas como el BCR, o estamos ante una serie de coincidencias desafortunadas? ¿Creen que la Fiscalía tendrá pruebas suficientes para condenar a todos los implicados, o la historia terminará como tantas otras, con impunidad y frustración para los ciudadanos?
