¡Aguántense! Parece que el Gobierno le anda echando hielo a una reforma importantísima que busca ponerle candado a la corrupción en el Poder Judicial. Un proyecto que venía dando tumbos desde hace buen tiempo, buscando arreglarle los tornillos al régimen disciplinario, terminó estancado en la agenda de la Asamblea Legislativa gracias a la mano dura del oficialismo. Esto, diay, preocupa a muchos, especialmente después de tantos escándalos recientes.
La jugada se dio luego de que el expediente 24.860, que ya había pasado el tamiz de la Comisión de Asuntos Jurídicos con votos a favor, estuviera listo para entrarle al Plenario. Pero, sorpresa, la presidencia, con el ministro Barrantes de testigo, decidió meterle pausa al asunto, argumentando que simplemente “no es prioritario”. ¿Prioritario? ¡Con toda la bronca que hay de corrupción, dicen que no es prioritario! Uno se queda pensando, ¿qué sí consideran prioritario?
Lo que propone la reforma, según explican los involucrados, es reestructurar los tiempos y las herramientas para investigar a esos cabezones que se salen del camino, tanto dentro como fuera de sus chambas. Se busca modernizar los procesos de investigación interna, poniendo sanciones más contundentes, y ampliar la cobertura a todo tipo de empleado judicial – propietarios, interinos y hasta esos mae que andan agarrando experiencia, los meritorios. ¡Todos tienen que rendir cuentas!
El magistrado Jorge Leiva, figura clave en la promoción de este proyecto, no se anduvo con rodeos. Dijo que necesitan urgentemente darle “colmillos” al sistema para sacarle a los que estén metidos en cosas turbias. “Nosotros en el Poder Judicial estamos conscientes de que siempre hay espacio para mejorar”, comentó Leiva, recordando que algunos procedimientos que antes funcionaban bien, hoy ya no cumplen. ¡Y vaya que hay mucho que mejorar, chunches!
Una de las novedades más interesantes de la reforma es la posibilidad de utilizar pruebas de procesos penales – cuentas bancarias, informes policiales, conversaciones – en los procesos administrativos disciplinarios, siempre con la bendición de un juez de garantías. También proponen cambiarle la cara al Tribunal de la Inspección Judicial, para hacerlo más especializado y rápido en la tramitación de casos. En resumen, quieren armarle un brete a la corrupción, para que no tenga dónde esconderse.
Pero fíjate la ironía, todo esto pasa justo cuando hemos visto un montón de empleados judiciales caer presos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y otras artimañas. ¡Un momento delicado para dejar enfriar una reforma así! El magistrado Leiva lo dejó claro: el crimen organizado siempre estará interesado en infiltrarse en instituciones públicas, y el Poder Judicial es un blanco fácil. Necesitan controles más fuertes, y ya.
La oposición, obviamente, no tardó en echarle fuego al pasto. Diputados de varios partidos criticaron duramente la actitud del gobierno, acusándolo de proteger intereses oscuros. Danny Vargas, presidente de la comisión jurídica, recordó que incluso el magistrado Leiva estuvo en una reunión con los jefes de fracción para pedirles apoyo, y que todos estaban a favor de avanzar con el proyecto. Alejandro Pacheco, del PUSC, preguntó si “palear la corrupción” no debería ser una prioridad nacional, y Gilberto Campos, del PLP, se preguntó por qué el oficialismo parecía tan reacio a impulsar una medida que podría limpiar la casa. ¡Se armó la salsa, pura verdad!
En fin, la pelota está en el tejado del Gobierno. Mientras tanto, la incertidumbre reina y la sombra de la corrupción sigue planeando sobre el Poder Judicial. Considerando todo esto, ¿creen ustedes que el bloqueo gubernamental es una estrategia política, un intento de encubrir algo, o simplemente una muestra de falta de visión? ¿Debería la ciudadanía movilizarse para exigir que se active esta reforma y se le ponga freno a la corrupción en el Poder Judicial?
La jugada se dio luego de que el expediente 24.860, que ya había pasado el tamiz de la Comisión de Asuntos Jurídicos con votos a favor, estuviera listo para entrarle al Plenario. Pero, sorpresa, la presidencia, con el ministro Barrantes de testigo, decidió meterle pausa al asunto, argumentando que simplemente “no es prioritario”. ¿Prioritario? ¡Con toda la bronca que hay de corrupción, dicen que no es prioritario! Uno se queda pensando, ¿qué sí consideran prioritario?
Lo que propone la reforma, según explican los involucrados, es reestructurar los tiempos y las herramientas para investigar a esos cabezones que se salen del camino, tanto dentro como fuera de sus chambas. Se busca modernizar los procesos de investigación interna, poniendo sanciones más contundentes, y ampliar la cobertura a todo tipo de empleado judicial – propietarios, interinos y hasta esos mae que andan agarrando experiencia, los meritorios. ¡Todos tienen que rendir cuentas!
El magistrado Jorge Leiva, figura clave en la promoción de este proyecto, no se anduvo con rodeos. Dijo que necesitan urgentemente darle “colmillos” al sistema para sacarle a los que estén metidos en cosas turbias. “Nosotros en el Poder Judicial estamos conscientes de que siempre hay espacio para mejorar”, comentó Leiva, recordando que algunos procedimientos que antes funcionaban bien, hoy ya no cumplen. ¡Y vaya que hay mucho que mejorar, chunches!
Una de las novedades más interesantes de la reforma es la posibilidad de utilizar pruebas de procesos penales – cuentas bancarias, informes policiales, conversaciones – en los procesos administrativos disciplinarios, siempre con la bendición de un juez de garantías. También proponen cambiarle la cara al Tribunal de la Inspección Judicial, para hacerlo más especializado y rápido en la tramitación de casos. En resumen, quieren armarle un brete a la corrupción, para que no tenga dónde esconderse.
Pero fíjate la ironía, todo esto pasa justo cuando hemos visto un montón de empleados judiciales caer presos por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y otras artimañas. ¡Un momento delicado para dejar enfriar una reforma así! El magistrado Leiva lo dejó claro: el crimen organizado siempre estará interesado en infiltrarse en instituciones públicas, y el Poder Judicial es un blanco fácil. Necesitan controles más fuertes, y ya.
La oposición, obviamente, no tardó en echarle fuego al pasto. Diputados de varios partidos criticaron duramente la actitud del gobierno, acusándolo de proteger intereses oscuros. Danny Vargas, presidente de la comisión jurídica, recordó que incluso el magistrado Leiva estuvo en una reunión con los jefes de fracción para pedirles apoyo, y que todos estaban a favor de avanzar con el proyecto. Alejandro Pacheco, del PUSC, preguntó si “palear la corrupción” no debería ser una prioridad nacional, y Gilberto Campos, del PLP, se preguntó por qué el oficialismo parecía tan reacio a impulsar una medida que podría limpiar la casa. ¡Se armó la salsa, pura verdad!
En fin, la pelota está en el tejado del Gobierno. Mientras tanto, la incertidumbre reina y la sombra de la corrupción sigue planeando sobre el Poder Judicial. Considerando todo esto, ¿creen ustedes que el bloqueo gubernamental es una estrategia política, un intento de encubrir algo, o simplemente una muestra de falta de visión? ¿Debería la ciudadanía movilizarse para exigir que se active esta reforma y se le ponga freno a la corrupción en el Poder Judicial?
