¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan esto? Resulta que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la mismísima institución encargada de mantener nuestras carreteras decentes, no tiene ni un papelito guardadito con los planes para arreglar las cosas que están a punto de irse al traste. ¡Qué descuido! Según un reporte de la Auditoría General, parece que todo está en manos de una empresa externa, Unops, y ahí empiezan los líos.
La Auditoría AURA-11-2025-0005(219), publicada hace poquito, puso encima de la mesa tres obras del Proeri –ese programa para rescatar 502 obras de infraestructura que estaban sudando la gota gorda–: el puente del Río María Aguilar en la Ruta 39, unas obras de estabilización en la 415 camino a Turrialba, y otras similares en la 36 hacia Limón. Aparentemente, hay mucho que ponerle las manos encima.
El informe dice textualmente que la falta de esos papeles institucionales “expone a la institución al incumplimiento de normativas de control interno”. En otras palabras, si algo sale mal, no saben ni por dónde empezar a buscar responsables. ¡Y eso es preocupante, raza! Se pierde el control de cómo se gastan nuestros impuestos, y eso compromete hasta la transparencia del gobierno.
Vamos por partes: el puente del Río María Aguilar… ¡ay, ese puente! La obra tardó en arrancar, pues empezaron cinco días después de la fecha prevista. Luego, descubrieron que faltaba un programa de trabajo oficial. ¡Qué torta! El contratista pidió un cronograma nuevo, uno de 377 días, muy diferente a los 225 originales. Eso sí que es un brete para la gestión del proyecto, porque ahora se corre el riesgo de que se demore aún más.
En la Ruta 415, entre Siquirres y Turrialba, la cosa pinta igual de fea. Las obras de estabilización aumentaron de precio en un 76,89%, pasando de ¢137 millones a ¢243 millones. El tiempo también se estiró un 60%, de 100 a 160 días. ¡Qué nivel de aumento! Dicen que se debió a unos deslizamientos y a una falla geológica, pero el ajuste es considerable, chunche.
Y luego tenemos la Ruta 36, la carretera que nos conecta con Limón. Ahí, el costo de las obras aumentó un 31,31%, saltando de ¢258 millones a ¢339 millones, y el plazo se extendió en un 33%. Aunque aseguran que se hizo todo bien, con enmiendas contractuales, da que pensar que estos proyectos se van hinchando como globos con el paso del tiempo.
Lo peor de todo es que parece que el Conavi no tiene mucha prisa por aclarar la jugada. Contactamos al director ejecutivo, Mauricio Sojo, pero todavía estamos esperando respuesta. ¡Una pena! Parece que prefieren quedarse calladitos mientras la cosa sigue así, y nosotros pagamos la factura con calles peligrosas y obras inconclusas.
En fin, amigos, con estas situaciones, uno se queda pensando... ¿Cómo podemos exigirle al gobierno que se preocupe realmente por nuestras carreteras y nuestra seguridad, si ellos mismos no tienen sus propios papeles en orden? ¿Será que necesitamos más presión ciudadana para obligarlos a ponerse las pilas, o ya estamos condenados a vivir en un país donde todo se va al traste poco a poco?
La Auditoría AURA-11-2025-0005(219), publicada hace poquito, puso encima de la mesa tres obras del Proeri –ese programa para rescatar 502 obras de infraestructura que estaban sudando la gota gorda–: el puente del Río María Aguilar en la Ruta 39, unas obras de estabilización en la 415 camino a Turrialba, y otras similares en la 36 hacia Limón. Aparentemente, hay mucho que ponerle las manos encima.
El informe dice textualmente que la falta de esos papeles institucionales “expone a la institución al incumplimiento de normativas de control interno”. En otras palabras, si algo sale mal, no saben ni por dónde empezar a buscar responsables. ¡Y eso es preocupante, raza! Se pierde el control de cómo se gastan nuestros impuestos, y eso compromete hasta la transparencia del gobierno.
Vamos por partes: el puente del Río María Aguilar… ¡ay, ese puente! La obra tardó en arrancar, pues empezaron cinco días después de la fecha prevista. Luego, descubrieron que faltaba un programa de trabajo oficial. ¡Qué torta! El contratista pidió un cronograma nuevo, uno de 377 días, muy diferente a los 225 originales. Eso sí que es un brete para la gestión del proyecto, porque ahora se corre el riesgo de que se demore aún más.
En la Ruta 415, entre Siquirres y Turrialba, la cosa pinta igual de fea. Las obras de estabilización aumentaron de precio en un 76,89%, pasando de ¢137 millones a ¢243 millones. El tiempo también se estiró un 60%, de 100 a 160 días. ¡Qué nivel de aumento! Dicen que se debió a unos deslizamientos y a una falla geológica, pero el ajuste es considerable, chunche.
Y luego tenemos la Ruta 36, la carretera que nos conecta con Limón. Ahí, el costo de las obras aumentó un 31,31%, saltando de ¢258 millones a ¢339 millones, y el plazo se extendió en un 33%. Aunque aseguran que se hizo todo bien, con enmiendas contractuales, da que pensar que estos proyectos se van hinchando como globos con el paso del tiempo.
Lo peor de todo es que parece que el Conavi no tiene mucha prisa por aclarar la jugada. Contactamos al director ejecutivo, Mauricio Sojo, pero todavía estamos esperando respuesta. ¡Una pena! Parece que prefieren quedarse calladitos mientras la cosa sigue así, y nosotros pagamos la factura con calles peligrosas y obras inconclusas.
En fin, amigos, con estas situaciones, uno se queda pensando... ¿Cómo podemos exigirle al gobierno que se preocupe realmente por nuestras carreteras y nuestra seguridad, si ellos mismos no tienen sus propios papeles en orden? ¿Será que necesitamos más presión ciudadana para obligarlos a ponerse las pilas, o ya estamos condenados a vivir en un país donde todo se va al traste poco a poco?
