¡Qué bacano, pura vida! Después de casi dos años de chinchorreo intensivo, el caso de Datasys llegó a su fin, al menos por ahora. La Fiscalía, luego de revisar montañas de papeles y entrevistar a medio país, le dio luz verde al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para declarar el sobreseimiento definitivo y archivar los expedientes contra la empresa. Parece que toda esa vaina sí tenía su brete, pero al final, la verdad salió a relucir.
Todo empezó con unas denuncias de peso, impulsadas por diputados del PLN y el Frente Amplio, quienes alegaban irregularidades en contratos millonarios que Datasys había firmado con Racsa para desplegar la red 5G y con la Municipalidad de Desamparados para el sistema de parquímetros. Hubo mucho ruido mediático, muchos señalamientos y la gente ya estaba pensando que Datasys se iba a ir al traste, pero parece que no fue así. Lo que pasa es que las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista, ¿verdad?
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras analizar exhaustivamente todos los documentos y testimonios, no encontraron ni una mísera evidencia de irregularidades. Ni un chunche que demostrara que hubo corrupción o favoritismo. Por eso mismo, el Ministerio Público solicitó la absolución total de la empresa. Un golpe certero para aquellos que querían verla caer, diay... se les vino encima la pana.
Ahora, Datasys celebra esta victoria legal con una mezcla de alivio y frustración. Afirman que estas acusaciones estaban motivadas por intereses políticos, buscando desacreditar a la empresa y, de paso, darle un buen golpe al gobierno de turno. Según representantes de la compañía, esto forma parte de una estrategia más amplia para atacar a empresas que hacen negocios en Costa Rica, como Oracle y Cisco, causando un daño considerable a su reputación e impactando negativamente el clima de inversión en el país. Qué pena, qué torta, porque esto no ayuda para nada a atraer inversión extranjera.
Un vocero de Datasys, con justa razón, expresó su indignación por el uso de las instituciones del Estado para fines partidistas. “Repudiamos el uso de nuestras instituciones para fines políticos,” declaró contundentemente. Además, resaltó que la empresa ofreció una propuesta 75% más económica que sus competidores en la licitación del servicio 5G con Racsa, demostrando su compromiso con precios competitivos y transparencia. Ese sí es un detalle importante, mángel.
Pero la bronca no termina ahí. En el caso de los parquímetros de Desamparados, también se demostró que no hubo sobreprecio ni ninguna afectación a los fondos públicos. Resulta que, según las investigaciones, un miembro del concejo municipal habría presentado la denuncia con intenciones poco claras, buscando capital político a costa de la empresa. Qué situación más delicada, mi pana. Esto demuestra cómo algunas personas se aprovechan de cualquier oportunidad para avanzar en sus propios intereses, sin importarles el daño que causan.
Este caso ha dejado varias lecciones importantes para Costa Rica. Primero, que no debemos caer en la tentación de utilizar el sistema judicial y la Contraloría como herramientas políticas para atacar a nuestros adversarios. Segundo, que necesitamos un clima de negocios estable y predecible para atraer inversiones y generar empleo. Y tercero, que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debemos proteger. Porque si no, ¿qué clase de país queremos ser?
Al final, Datasys cierra este capítulo legal con la mirada puesta en el futuro y la promesa de seguir innovando. Pero queda la gran interrogante: ¿Cómo podemos fortalecer nuestras instituciones para evitar que sean utilizadas como armas políticas y asegurar un entorno favorable para el desarrollo económico de Costa Rica? ¿Deberíamos considerar reformas al sistema judicial o establecer mecanismos más estrictos para controlar el accionar de los funcionarios públicos?
Todo empezó con unas denuncias de peso, impulsadas por diputados del PLN y el Frente Amplio, quienes alegaban irregularidades en contratos millonarios que Datasys había firmado con Racsa para desplegar la red 5G y con la Municipalidad de Desamparados para el sistema de parquímetros. Hubo mucho ruido mediático, muchos señalamientos y la gente ya estaba pensando que Datasys se iba a ir al traste, pero parece que no fue así. Lo que pasa es que las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista, ¿verdad?
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras analizar exhaustivamente todos los documentos y testimonios, no encontraron ni una mísera evidencia de irregularidades. Ni un chunche que demostrara que hubo corrupción o favoritismo. Por eso mismo, el Ministerio Público solicitó la absolución total de la empresa. Un golpe certero para aquellos que querían verla caer, diay... se les vino encima la pana.
Ahora, Datasys celebra esta victoria legal con una mezcla de alivio y frustración. Afirman que estas acusaciones estaban motivadas por intereses políticos, buscando desacreditar a la empresa y, de paso, darle un buen golpe al gobierno de turno. Según representantes de la compañía, esto forma parte de una estrategia más amplia para atacar a empresas que hacen negocios en Costa Rica, como Oracle y Cisco, causando un daño considerable a su reputación e impactando negativamente el clima de inversión en el país. Qué pena, qué torta, porque esto no ayuda para nada a atraer inversión extranjera.
Un vocero de Datasys, con justa razón, expresó su indignación por el uso de las instituciones del Estado para fines partidistas. “Repudiamos el uso de nuestras instituciones para fines políticos,” declaró contundentemente. Además, resaltó que la empresa ofreció una propuesta 75% más económica que sus competidores en la licitación del servicio 5G con Racsa, demostrando su compromiso con precios competitivos y transparencia. Ese sí es un detalle importante, mángel.
Pero la bronca no termina ahí. En el caso de los parquímetros de Desamparados, también se demostró que no hubo sobreprecio ni ninguna afectación a los fondos públicos. Resulta que, según las investigaciones, un miembro del concejo municipal habría presentado la denuncia con intenciones poco claras, buscando capital político a costa de la empresa. Qué situación más delicada, mi pana. Esto demuestra cómo algunas personas se aprovechan de cualquier oportunidad para avanzar en sus propios intereses, sin importarles el daño que causan.
Este caso ha dejado varias lecciones importantes para Costa Rica. Primero, que no debemos caer en la tentación de utilizar el sistema judicial y la Contraloría como herramientas políticas para atacar a nuestros adversarios. Segundo, que necesitamos un clima de negocios estable y predecible para atraer inversiones y generar empleo. Y tercero, que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que debemos proteger. Porque si no, ¿qué clase de país queremos ser?
Al final, Datasys cierra este capítulo legal con la mirada puesta en el futuro y la promesa de seguir innovando. Pero queda la gran interrogante: ¿Cómo podemos fortalecer nuestras instituciones para evitar que sean utilizadas como armas políticas y asegurar un entorno favorable para el desarrollo económico de Costa Rica? ¿Deberíamos considerar reformas al sistema judicial o establecer mecanismos más estrictos para controlar el accionar de los funcionarios públicos?
