¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con otro caso que te hace rascar la cabeza. Esta vez, son 73 familias desalojadas de Chorreras de Cutris, y parece que el Estado se cree muy justo defendiendo al Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Pero, ¿a qué costo?
La jugada, según dicen las autoridades, viene respaldada por una orden judicial de años atrás y resoluciones que ya vencieron. Claro, ahí va el detalle: dos meses les dieron para agarrar sus cosas, y ahora, si alguien decide quedarse, ¡zas!, le caen cargos por usurpación. Como si fuera tan simple echarle la culpa a la gente que buscaba un pedazo de tierra donde vivir.
Y no nos andamos con rodeos, la movida es complicada. Las instituciones –ACAHN, Municipalidad de San Carlos, hasta el Poder Judicial– dicen que tenían que actuar porque esa zona es un “puerta ancha” para la explotación ilegal de Crucitas, y además, un lugar donde entra y sale hasta el cura vendiendo cosas raras. Parece que hay de todo: extracción de oro, tráfico de personas, droga, deforestación... ¡Un verdadero brete!
Pero fíjate tú, entre tanta palabrería legal y ambiental, nadie habla realmente de la gente. Según la Defensoría de los Habitantes, muchos de estos folks no tienen ni cédula. Imagínate la bronca: sin documentos, sin ayudas estatales, simplemente a la deriva. ¡Qué sal!
La Defensoría ha estado haciendo lo posible para ayudar, identificando personas, gestionando trámites… pero es como remar contra corriente. Les falta poder, recursos, y sinceramente, creo que también falta empatía por parte de algunos funcionarios. Porque, dígame usted, ¿cómo esperas que una familia sin papeles se adapte a la sociedad y a las leyes?
El gobierno insiste en que tienen que mantener el orden y proteger las áreas silvestres, y eso está bien, claro. Pero también deberían pensar en soluciones más humanas, en programas sociales que ayuden a estas personas a regularizar su situación y encontrar un lugar digno donde vivir. No se puede simplemente echarlos a la calle y lavarse las manos.
Ahora, hablando de proyectos pendientes, tenemos el tema del proyecto de ley 24.717, el de la minería en Cutris. Esto sigue estancado en la Asamblea Legislativa, así que, aparentemente, el problema no se soluciona solo desalojando gente. Hay que abordar la raíz del asunto, que es la ambición de unos pocos por explotar los recursos naturales sin importarles el daño que causan.
En fin, este caso de Chorreras de Cutris es un reflejo de muchos problemas que enfrentamos en Costa Rica: desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, y una justicia que a veces parece más fría que un bloque de hielo. Así que, mi pregunta para ustedes, compañeros del Foro: ¿Cree usted que el Estado está priorizando lo correcto al desalojar a estas familias, o debería haber explorado otras alternativas que beneficien tanto al medio ambiente como a la población vulnerable? ¡Dígame qué piensa!
La jugada, según dicen las autoridades, viene respaldada por una orden judicial de años atrás y resoluciones que ya vencieron. Claro, ahí va el detalle: dos meses les dieron para agarrar sus cosas, y ahora, si alguien decide quedarse, ¡zas!, le caen cargos por usurpación. Como si fuera tan simple echarle la culpa a la gente que buscaba un pedazo de tierra donde vivir.
Y no nos andamos con rodeos, la movida es complicada. Las instituciones –ACAHN, Municipalidad de San Carlos, hasta el Poder Judicial– dicen que tenían que actuar porque esa zona es un “puerta ancha” para la explotación ilegal de Crucitas, y además, un lugar donde entra y sale hasta el cura vendiendo cosas raras. Parece que hay de todo: extracción de oro, tráfico de personas, droga, deforestación... ¡Un verdadero brete!
Pero fíjate tú, entre tanta palabrería legal y ambiental, nadie habla realmente de la gente. Según la Defensoría de los Habitantes, muchos de estos folks no tienen ni cédula. Imagínate la bronca: sin documentos, sin ayudas estatales, simplemente a la deriva. ¡Qué sal!
La Defensoría ha estado haciendo lo posible para ayudar, identificando personas, gestionando trámites… pero es como remar contra corriente. Les falta poder, recursos, y sinceramente, creo que también falta empatía por parte de algunos funcionarios. Porque, dígame usted, ¿cómo esperas que una familia sin papeles se adapte a la sociedad y a las leyes?
El gobierno insiste en que tienen que mantener el orden y proteger las áreas silvestres, y eso está bien, claro. Pero también deberían pensar en soluciones más humanas, en programas sociales que ayuden a estas personas a regularizar su situación y encontrar un lugar digno donde vivir. No se puede simplemente echarlos a la calle y lavarse las manos.
Ahora, hablando de proyectos pendientes, tenemos el tema del proyecto de ley 24.717, el de la minería en Cutris. Esto sigue estancado en la Asamblea Legislativa, así que, aparentemente, el problema no se soluciona solo desalojando gente. Hay que abordar la raíz del asunto, que es la ambición de unos pocos por explotar los recursos naturales sin importarles el daño que causan.
En fin, este caso de Chorreras de Cutris es un reflejo de muchos problemas que enfrentamos en Costa Rica: desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, y una justicia que a veces parece más fría que un bloque de hielo. Así que, mi pregunta para ustedes, compañeros del Foro: ¿Cree usted que el Estado está priorizando lo correcto al desalojar a estas familias, o debería haber explorado otras alternativas que beneficien tanto al medio ambiente como a la población vulnerable? ¡Dígame qué piensa!
