Mae, si esta vara fuera una serie de Netflix, ya la habrían cancelado por tener un guion demasiado inverosímil. Imagínese la escena: después de años de investigación, de gastar un platal de fondos públicos y de sentar en el banquillo a tres figuras de alto perfil como Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith, el juicio llega a su clímax. Y en el último minuto, el fiscal a cargo se pone de pie y, palabras más, palabras menos, dice: “Diay, ¿saben qué? No hay caso. Mejor absolvámoslos a todos”. ¡Qué torta! Esto no es ficción, es el resumen del despiche que se vive en los Tribunales con un caso que parece haberse ido completamente al traste.
El que puso el dedo en la llaga, con el carisma de un showman y la precisión de un cirujano, fue el abogado defensor Francisco Dall’Anese. El mae no se anduvo por las ramas. Durante sus conclusiones, pintó un panorama que suena a película de mafiosos: habló de un “régimen de terror” instalado en la Fiscalía en la administración pasada, una máquina de generar acusaciones que, con el tiempo, se han ido desinflando como un globo de feria. Según su narrativa, este juicio no es más que el fantasma de esa época, una persecución montada con alfileres que la propia Fiscalía actual ya no sabe ni cómo sostener. La vara es que no solo lo dice él; las acciones de los fiscales actuales parecen darle toda la razón.
Y aquí es donde la cosa se pone buena, casi cómica. Dall’Anese no desaprovechó la oportunidad para tirarle con todo a una de las fiscales que fue testigo clave, una funcionaria de apellido Rojas. El abogado la bautizó, sin pena alguna, como “La Batichica de los delitos de probidad”. El apodo, aunque filoso, tenía un punto. Dall’Anese argumentó que si las supuestas órdenes para alterar un registro judicial eran tan ilegales como se pintaron, ¿por qué una experta en la materia como ella no pegó el grito al cielo en ese momento? ¿Por qué no lo denunció? En lugar de eso, sus declaraciones en el juicio fueron ambiguas, llenas de “no recuerdo”. Para Dall’Anese, esa amnesia selectiva es más sospechosa que un billete de tres mil colones, y hasta pidió que la investiguen por falso testimonio. ¡Tome chichí!
Para entender este enredo hay que devolverse al chunche que lo originó todo. Allá por 2016, a Johnny Araya, en plena campaña para volver a la alcaldía de Chepe, le salió una causa en el sistema. La defensa siempre alegó que fue una simple actualización, un error del sistema que confundía “denunciado” con “imputado” y que la denuncia original ya ni existía. Pero la Fiscalía de esa época vio un delito de tráfico de influencias por todos lados. El problema es que ahora, en pleno 2024, la nueva representación del Ministerio Público parece pensar lo mismo que la defensa. La semana pasada, el fiscal del caso pidió la absolutoria, argumentando que la acusación no se sostenía y que la “testigo estrella” era menos confiable que el pronóstico del tiempo en abril.
Al final, lo que queda es un sabor a circo, a un gasto innecesario de recursos y tiempo. Un caso que empezó con bombos y platillos, con titulares de prensa y acusaciones graves, termina con la propia Fiscalía pidiendo perdón y retirándose con el rabo entre las patas. La defensa, por supuesto, está teniendo un día de campo, y con toda razón. Se pasaron años defendiendo a sus clientes de algo que el mismo ente acusador ahora dice que no tiene pies ni cabeza. Diay, maes, aquí la pregunta del millón es... ¿quién paga por este despiche? ¿Quién responde por un proceso que se cae a pedazos y deja en evidencia las grietas internas de la Fiscalía? ¿Creen que esto es justicia o puro circo para la galería?
El que puso el dedo en la llaga, con el carisma de un showman y la precisión de un cirujano, fue el abogado defensor Francisco Dall’Anese. El mae no se anduvo por las ramas. Durante sus conclusiones, pintó un panorama que suena a película de mafiosos: habló de un “régimen de terror” instalado en la Fiscalía en la administración pasada, una máquina de generar acusaciones que, con el tiempo, se han ido desinflando como un globo de feria. Según su narrativa, este juicio no es más que el fantasma de esa época, una persecución montada con alfileres que la propia Fiscalía actual ya no sabe ni cómo sostener. La vara es que no solo lo dice él; las acciones de los fiscales actuales parecen darle toda la razón.
Y aquí es donde la cosa se pone buena, casi cómica. Dall’Anese no desaprovechó la oportunidad para tirarle con todo a una de las fiscales que fue testigo clave, una funcionaria de apellido Rojas. El abogado la bautizó, sin pena alguna, como “La Batichica de los delitos de probidad”. El apodo, aunque filoso, tenía un punto. Dall’Anese argumentó que si las supuestas órdenes para alterar un registro judicial eran tan ilegales como se pintaron, ¿por qué una experta en la materia como ella no pegó el grito al cielo en ese momento? ¿Por qué no lo denunció? En lugar de eso, sus declaraciones en el juicio fueron ambiguas, llenas de “no recuerdo”. Para Dall’Anese, esa amnesia selectiva es más sospechosa que un billete de tres mil colones, y hasta pidió que la investiguen por falso testimonio. ¡Tome chichí!
Para entender este enredo hay que devolverse al chunche que lo originó todo. Allá por 2016, a Johnny Araya, en plena campaña para volver a la alcaldía de Chepe, le salió una causa en el sistema. La defensa siempre alegó que fue una simple actualización, un error del sistema que confundía “denunciado” con “imputado” y que la denuncia original ya ni existía. Pero la Fiscalía de esa época vio un delito de tráfico de influencias por todos lados. El problema es que ahora, en pleno 2024, la nueva representación del Ministerio Público parece pensar lo mismo que la defensa. La semana pasada, el fiscal del caso pidió la absolutoria, argumentando que la acusación no se sostenía y que la “testigo estrella” era menos confiable que el pronóstico del tiempo en abril.
Al final, lo que queda es un sabor a circo, a un gasto innecesario de recursos y tiempo. Un caso que empezó con bombos y platillos, con titulares de prensa y acusaciones graves, termina con la propia Fiscalía pidiendo perdón y retirándose con el rabo entre las patas. La defensa, por supuesto, está teniendo un día de campo, y con toda razón. Se pasaron años defendiendo a sus clientes de algo que el mismo ente acusador ahora dice que no tiene pies ni cabeza. Diay, maes, aquí la pregunta del millón es... ¿quién paga por este despiche? ¿Quién responde por un proceso que se cae a pedazos y deja en evidencia las grietas internas de la Fiscalía? ¿Creen que esto es justicia o puro circo para la galería?
