¡Aguanta un momento! Parece sacado de película, pero es real: hay un fondo de inversión privado en Costa Rica que mueve más de dos mil millones de dólares, y para muchos, la cortina de humo alrededor de quiénes están detrás es cada vez más densa. El rumor corre como pólvora en los pasillos del gobierno, los bancos y hasta en las oficinas de abogados: ¿quiénes son los hacedores de este capital y por qué tanto secretismo? Esto ya huele a gallina flaca.
Durante años, nos vendieron la idea de que eran ‘pequeños ahorradores’ los que alimentaban este monstruo financiero. Pero vaya, si el agua turbia se aclara con documentos y testimonios; hemos revisado pruebas que contradicen esa versión oficial. No se trata de Juan Pérez ni María González, sino de figuras históricamente influyentes, personas cuyas decisiones económicas han moldeado proyectos clave de nuestro país por décadas. ¡Qué carga!
Y aquí viene la pregunta elefántica, la que a todos nos muerde la lengua: si la transparencia es ley aquí en Costa Rica, ¿qué demonios hace el Ministerio Público sin abrir una investigación seria sobre el origen de estas fortunas? El silencio es ensordecedor, y eso da mucho que pensar. Uno se queda preguntándose si hay intereses más grandes jugando en este brete.
La trama comienza con un parque industrial en la costa, una apuesta arriesgada y luego llegó la pandemia. Cuando el desarrollador compró ese parque, seguramente nadie pensaba en el desastre que se avecinaba. Con la llegada del Covid-19, casi toda la población y el 90% de las empresas sufrieron un golpe durísimo. Pero existía un contrato previo al apocalipsis donde el desarrollador tenía la obligación de asegurar ingresos mínimos, aunque las bodegas estuvieran vacías. ¡Qué despiche!
Como resultado, más de veinte millones de dólares salieron directo del bolsillo del desarrollador para mantener las rentas de los inversores. Parece increíble, pero el parque siguió funcionando, demostrando que no era un fracaso empresarial, sino una víctima más del colapso económico mundial. Ahí se ve la resiliencia del tico, vamos, que uno se arregla siempre.
Ahora hablemos de inversionistas “sofisticados.” Esta etiqueta no es solo un adorno, está definida por la ley. Para tener ese estatus, tienes que firmar un prospecto de inversión, un documento técnico que explica todos los posibles riesgos: mercados volátiles, fluctuaciones económicas, crisis internacionales, ¡hasta pandemias! Todos firmaron. Todos aceptaron los riesgos. Durante años, todos estuvieron de acuerdo con las decisiones del fondo. Pero ahora, algunos quieren actuar como si fueran esos ahorradores inocentes y esperar que alguien les pague por las pérdidas que ellos mismos asumieron. ¡Qué torta!
Y es que en Costa Rica tenemos un problema crónico: un pequeño grupo de actores económicos manteniendo un rol privilegiado en proyectos, aprobaciones y financiamiento. Lo más preocupante es que muchos de los funcionarios que hoy están siendo cuestionados por presuntas irregularidades, en el pasado fueron precisamente quienes autorizaron operaciones similares a favor de estos mismos inversores prominentes. Además, hay denunciantes que antes formaron parte de este círculo vicioso. Diay, ¿dónde quedó la ética?
Finalmente, llegamos al quid de la cuestión: ¿quién termina pagando los riesgos del capitalismo? Este caso nos obliga a reflexionar sobre un dilema moral profundo. Inversores que apostaron alto buscando ganancias rápidas ahora quieren pasarles la factura a terceros, justificándolo con victimización. La narrativa del ‘ahorrador indefenso’ se desmorona ante contratos firmados, votaciones aprobadas y cifras comprobadas. Lo que vemos es una estructura silenciosa de protección, una red informal donde el poder económico y la decisión pública han vivido juntas por años. En fin, la frase del Presidente sigue resonando: Espere las próximas publicaciones… ¿Usted cree que es justo que grandes inversionistas sofisticados terminen recibiendo ayudas del Estado mientras los pequeños ahorradores pierden sus ahorros? Deje su opinión en el foro.
Durante años, nos vendieron la idea de que eran ‘pequeños ahorradores’ los que alimentaban este monstruo financiero. Pero vaya, si el agua turbia se aclara con documentos y testimonios; hemos revisado pruebas que contradicen esa versión oficial. No se trata de Juan Pérez ni María González, sino de figuras históricamente influyentes, personas cuyas decisiones económicas han moldeado proyectos clave de nuestro país por décadas. ¡Qué carga!
Y aquí viene la pregunta elefántica, la que a todos nos muerde la lengua: si la transparencia es ley aquí en Costa Rica, ¿qué demonios hace el Ministerio Público sin abrir una investigación seria sobre el origen de estas fortunas? El silencio es ensordecedor, y eso da mucho que pensar. Uno se queda preguntándose si hay intereses más grandes jugando en este brete.
La trama comienza con un parque industrial en la costa, una apuesta arriesgada y luego llegó la pandemia. Cuando el desarrollador compró ese parque, seguramente nadie pensaba en el desastre que se avecinaba. Con la llegada del Covid-19, casi toda la población y el 90% de las empresas sufrieron un golpe durísimo. Pero existía un contrato previo al apocalipsis donde el desarrollador tenía la obligación de asegurar ingresos mínimos, aunque las bodegas estuvieran vacías. ¡Qué despiche!
Como resultado, más de veinte millones de dólares salieron directo del bolsillo del desarrollador para mantener las rentas de los inversores. Parece increíble, pero el parque siguió funcionando, demostrando que no era un fracaso empresarial, sino una víctima más del colapso económico mundial. Ahí se ve la resiliencia del tico, vamos, que uno se arregla siempre.
Ahora hablemos de inversionistas “sofisticados.” Esta etiqueta no es solo un adorno, está definida por la ley. Para tener ese estatus, tienes que firmar un prospecto de inversión, un documento técnico que explica todos los posibles riesgos: mercados volátiles, fluctuaciones económicas, crisis internacionales, ¡hasta pandemias! Todos firmaron. Todos aceptaron los riesgos. Durante años, todos estuvieron de acuerdo con las decisiones del fondo. Pero ahora, algunos quieren actuar como si fueran esos ahorradores inocentes y esperar que alguien les pague por las pérdidas que ellos mismos asumieron. ¡Qué torta!
Y es que en Costa Rica tenemos un problema crónico: un pequeño grupo de actores económicos manteniendo un rol privilegiado en proyectos, aprobaciones y financiamiento. Lo más preocupante es que muchos de los funcionarios que hoy están siendo cuestionados por presuntas irregularidades, en el pasado fueron precisamente quienes autorizaron operaciones similares a favor de estos mismos inversores prominentes. Además, hay denunciantes que antes formaron parte de este círculo vicioso. Diay, ¿dónde quedó la ética?
Finalmente, llegamos al quid de la cuestión: ¿quién termina pagando los riesgos del capitalismo? Este caso nos obliga a reflexionar sobre un dilema moral profundo. Inversores que apostaron alto buscando ganancias rápidas ahora quieren pasarles la factura a terceros, justificándolo con victimización. La narrativa del ‘ahorrador indefenso’ se desmorona ante contratos firmados, votaciones aprobadas y cifras comprobadas. Lo que vemos es una estructura silenciosa de protección, una red informal donde el poder económico y la decisión pública han vivido juntas por años. En fin, la frase del Presidente sigue resonando: Espere las próximas publicaciones… ¿Usted cree que es justo que grandes inversionistas sofisticados terminen recibiendo ayudas del Estado mientras los pequeños ahorradores pierden sus ahorros? Deje su opinión en el foro.
