¡Ay, papá! Se le paró el corazón al proyecto anti-sicarios. Justo cuando parecía que íbamos a avanzar en la lucha contra la violencia, un grupito de diputados decidió ponerle freno de mano a toda la cosa. ¿Se imaginan? Cuando la gente está pidiendo a gritos que hagan algo, ellos se toman su tiempo y mandan la bola a la Sala Cuarta. Pura torta, diay.
La idea era simple: endurecer las penas para quienes se dedican a matar a cambio de plata o promesas. Crear una figura específica para el ‘sicariato’ dentro del Código Penal y meterle hasta 40 años de cárcel. Parecía que finalmente, después de tanto tiempo de hablar, íbamos a tener una herramienta más para combatir a estos asesinos a sueldo que andan por ahí causando terror. Pero, claro, en política nada es fácil, ¿verdad?
Los diputados opositores –y aquí viene lo interesante– argumentan que ya tenemos leyes para eso. Que el artículo 112, el Homicidio Calificado, sirve perfecto. Dicen que de 20 a 35 años ya es suficiente y que inventar un delito nuevo sería “populismo punitivo”. ¡Qué justo! Como si el miedo a la venganza de la población fuera lo peor que les podría pasar. Uno se pregunta, ¿qué les da más miedo, resolver el problema o parecer duros?
Pero déjenme decirles, mis queridos lectores, que la realidad es otra. Estos sicarios ya no son como antes. Han profesionalizado el negocio, se organizan en bandas, tienen sus métodos y no precisamente buscan el diálogo. Necesitamos enviar un mensaje claro, mostrarle a estas estructuras criminales que Costa Rica no va a tolerar este tipo de violencia. Un simple “Homicidio Calificado” no transmite esa firmeza. Requiere nombre y apellido, requiere una ley específica que diga: 'Esto no se vale'.
Y así, con esta discusión técnica-legal, el proyecto quedó varado en la Sala Constitucional. Ahora, los magistrados tendrán que decidir si la reforma es compatible con la Constitución Política. Eso significa, mínimo, un mes de espera. Un mes en el que seguimos contando muertos, un mes en el que la delincuencia sigue haciendo de las suyas, un mes en el que la confianza de la gente en las instituciones se erosiona un poco más.
Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía siguen batallando por desenmascarar a estos asesinos a sueldo. Investigan, rastrean pistas, intentan desmantelar las redes… pero necesitan herramientas legales claras y efectivas. No pueden estar atados de manos por decisiones políticas que priorizan los debates técnicos sobre la seguridad ciudadana. ¿Será que se les olvidó que estamos viviendo una crisis de seguridad sin precedentes?
Lo que más preocupa es la falta de voluntad política. Parece que algunos diputados prefieren jugar con tecnicismos y demoras a tomar medidas reales. Claro, es más fácil culpar al gobierno, criticar las estrategias de seguridad y esconderse detrás de argumentos legales complejos. Pero mientras tanto, el país sigue pagando el precio. Y no es cualquier precio... es la tranquilidad y la vida de nuestros seres queridos. ¿No será hora de dejar de lado las diferencias partidarias y empezar a trabajar juntos por el bien común?
Esta jugada política deja muchas preguntas abiertas, mi pana. Con la Sala Cuarta metiendo codo, ¿cree usted que este proyecto de ley alguna vez verá la luz? ¿O la incertidumbre seguirá alimentando la inseguridad en nuestro país? ¡Déjeme saber su opinión en los comentarios!
La idea era simple: endurecer las penas para quienes se dedican a matar a cambio de plata o promesas. Crear una figura específica para el ‘sicariato’ dentro del Código Penal y meterle hasta 40 años de cárcel. Parecía que finalmente, después de tanto tiempo de hablar, íbamos a tener una herramienta más para combatir a estos asesinos a sueldo que andan por ahí causando terror. Pero, claro, en política nada es fácil, ¿verdad?
Los diputados opositores –y aquí viene lo interesante– argumentan que ya tenemos leyes para eso. Que el artículo 112, el Homicidio Calificado, sirve perfecto. Dicen que de 20 a 35 años ya es suficiente y que inventar un delito nuevo sería “populismo punitivo”. ¡Qué justo! Como si el miedo a la venganza de la población fuera lo peor que les podría pasar. Uno se pregunta, ¿qué les da más miedo, resolver el problema o parecer duros?
Pero déjenme decirles, mis queridos lectores, que la realidad es otra. Estos sicarios ya no son como antes. Han profesionalizado el negocio, se organizan en bandas, tienen sus métodos y no precisamente buscan el diálogo. Necesitamos enviar un mensaje claro, mostrarle a estas estructuras criminales que Costa Rica no va a tolerar este tipo de violencia. Un simple “Homicidio Calificado” no transmite esa firmeza. Requiere nombre y apellido, requiere una ley específica que diga: 'Esto no se vale'.
Y así, con esta discusión técnica-legal, el proyecto quedó varado en la Sala Constitucional. Ahora, los magistrados tendrán que decidir si la reforma es compatible con la Constitución Política. Eso significa, mínimo, un mes de espera. Un mes en el que seguimos contando muertos, un mes en el que la delincuencia sigue haciendo de las suyas, un mes en el que la confianza de la gente en las instituciones se erosiona un poco más.
Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía siguen batallando por desenmascarar a estos asesinos a sueldo. Investigan, rastrean pistas, intentan desmantelar las redes… pero necesitan herramientas legales claras y efectivas. No pueden estar atados de manos por decisiones políticas que priorizan los debates técnicos sobre la seguridad ciudadana. ¿Será que se les olvidó que estamos viviendo una crisis de seguridad sin precedentes?
Lo que más preocupa es la falta de voluntad política. Parece que algunos diputados prefieren jugar con tecnicismos y demoras a tomar medidas reales. Claro, es más fácil culpar al gobierno, criticar las estrategias de seguridad y esconderse detrás de argumentos legales complejos. Pero mientras tanto, el país sigue pagando el precio. Y no es cualquier precio... es la tranquilidad y la vida de nuestros seres queridos. ¿No será hora de dejar de lado las diferencias partidarias y empezar a trabajar juntos por el bien común?
Esta jugada política deja muchas preguntas abiertas, mi pana. Con la Sala Cuarta metiendo codo, ¿cree usted que este proyecto de ley alguna vez verá la luz? ¿O la incertidumbre seguirá alimentando la inseguridad en nuestro país? ¡Déjeme saber su opinión en los comentarios!
