¡Ay, Dios mío! La cosa está caliente allá en Guatemala, má’e. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) soltó la bomba este lunes, diciendo bien claro que la democracia guatemalteca está ‘en peligro’. Y no es bronca, parece que la cosa se está poniendo turbia, con controles raros de la justicia y persecuciones que dan qué pensar.
Resulta que la fiscal general, Consuelo Porras –que ya anda con fama de problemática por sus sanciones en Estados Unidos y Europa–, parece tener un controlazo del Ministerio Público. Este, según cuentan, anda abriendo casos contra periodistas, líderes comunitarios y hasta ex fiscales que andaban haciendo bien su trabajo, luchando contra la corrupción. Muchos de esos tipos ya tuvieron que irse al exilio, ¡qué pena!
Andrea Pochak, la relatora de la CIDH para Guatemala, lo dejó clarito: “En Guatemala hay una situación de mucha debilidad democrática. Está en peligro la democracia”. Dijo que necesitan urgentemente reformar el sistema de justicia porque parece que ahí no hay independencia judicial. Nos acordamos de nuestros bretes judiciales aquí, pero esto parece otra vaina, má’e.
Lo que más preocupa, según el informe de la CIDH, es que algunos poderosos –políticos y empresarios con influencia– parecen estar moviendo los hilos para controlar las instituciones públicas. Buscan perpetuar sus privilegios y evitar que les paguen cuentas, ¡pura sal! Esto, vamos, da escalofríos, porque significa que la ley no está siendo igual para todos.
La CIDH afirma que el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para perseguir a gente específica. Parece que lo usaron para atacar a quienes criticaban el statu quo, en lugar de investigar delitos de verdad. ¡Qué torta! Uno piensa que eso debería estar prohibido, pero parece que allá se va tornando una costumbre.
El problema es que el mandato de Porras termina en mayo y el nuevo fiscal lo designará el presidente Bernardo Arévalo. Pero parece que entre los dos hay un choque de titanes y Arévalo no tiene mucho poder para echarla, aunque necesita ponerle fin a esta vaina pronto. La espera se pone larga, ¿eh?
Guatemala ya había sido metida en la lista negra de la CIDH en 2022 junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¡qué bronca! Aunque, gracias a que Arévalo se abrió a evaluar la situación, lograron salir de esa lista. Ahora, con estas nuevas advertencias, no sé si aguantarán mucho más tiempo fuera de esa lista... La vara parece haberse torcido un poquito.
Entonces, mi gente, dime tú: ¿Crees que esta situación en Guatemala nos afecta directamente a nosotros los ticos, considerando nuestras propias batallas con la justicia y la transparencia? ¿Y qué deberíamos hacer desde Costa Rica para mostrarles nuestro apoyo y ayudar a fortalecer la democracia guatemalteca, sin meternos donde no nos llaman?
Resulta que la fiscal general, Consuelo Porras –que ya anda con fama de problemática por sus sanciones en Estados Unidos y Europa–, parece tener un controlazo del Ministerio Público. Este, según cuentan, anda abriendo casos contra periodistas, líderes comunitarios y hasta ex fiscales que andaban haciendo bien su trabajo, luchando contra la corrupción. Muchos de esos tipos ya tuvieron que irse al exilio, ¡qué pena!
Andrea Pochak, la relatora de la CIDH para Guatemala, lo dejó clarito: “En Guatemala hay una situación de mucha debilidad democrática. Está en peligro la democracia”. Dijo que necesitan urgentemente reformar el sistema de justicia porque parece que ahí no hay independencia judicial. Nos acordamos de nuestros bretes judiciales aquí, pero esto parece otra vaina, má’e.
Lo que más preocupa, según el informe de la CIDH, es que algunos poderosos –políticos y empresarios con influencia– parecen estar moviendo los hilos para controlar las instituciones públicas. Buscan perpetuar sus privilegios y evitar que les paguen cuentas, ¡pura sal! Esto, vamos, da escalofríos, porque significa que la ley no está siendo igual para todos.
La CIDH afirma que el Ministerio Público se convirtió en un instrumento para perseguir a gente específica. Parece que lo usaron para atacar a quienes criticaban el statu quo, en lugar de investigar delitos de verdad. ¡Qué torta! Uno piensa que eso debería estar prohibido, pero parece que allá se va tornando una costumbre.
El problema es que el mandato de Porras termina en mayo y el nuevo fiscal lo designará el presidente Bernardo Arévalo. Pero parece que entre los dos hay un choque de titanes y Arévalo no tiene mucho poder para echarla, aunque necesita ponerle fin a esta vaina pronto. La espera se pone larga, ¿eh?
Guatemala ya había sido metida en la lista negra de la CIDH en 2022 junto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¡qué bronca! Aunque, gracias a que Arévalo se abrió a evaluar la situación, lograron salir de esa lista. Ahora, con estas nuevas advertencias, no sé si aguantarán mucho más tiempo fuera de esa lista... La vara parece haberse torcido un poquito.
Entonces, mi gente, dime tú: ¿Crees que esta situación en Guatemala nos afecta directamente a nosotros los ticos, considerando nuestras propias batallas con la justicia y la transparencia? ¿Y qué deberíamos hacer desde Costa Rica para mostrarles nuestro apoyo y ayudar a fortalecer la democracia guatemalteca, sin meternos donde no nos llaman?
