¡Ay, Dios mío! Esta vainera que vive la licenciada es de pelos. Resulta que una maestra de preescolar, dedicada como toda madre, le estaban negando un traslado urgente porque su hijito, bendiciones suyas, tiene autismo grado tres y necesita atención 24/7. Imagínate la bronca, mae. La pobre buscando cómo darle la mejor calidad de vida al niño y el MEP poniéndole trabas.
La licenciada, que prefirió mantener el nombre en privado para no meterse en líos con la institución, nos cuenta que lleva siete años laburando en zonas alejadas del norte, pero vive en Esparza de Puntarenas. Cuando anunciaron el concurso de traslados, pensó que era la oportunidad perfecta para acercarle al nene los terapeutas y apoyos que necesita. Presentó todo: diagnóstico médico, papeles, todo piola, creyendo que iba a salir adelante.
Pero ahí es cuando la cosa se puso salada. Recibió un corrillo masivo –uno de los nueve mil– diciéndole que le habían negado el traslado. ¡Ni siquiera se molestaron en revisar su caso particular! Se echó unas cuantas risitas nerviosas pensando que quizás hubo algún error, pero la respuesta fue más dura aún: le dijeron que la condición de su hijo “no se considera una enfermedad grave”. ¡¿Cómo se puede decir eso?! Como si el autismo fuera un resfriado, diay.
“Me contestaron que debía apelar, y pues, claro, hice lo que pude”, explica la maestra, visiblemente frustrada. “Después de esperar, llegó otro correo diciendo que mi caso seguía siendo rechazado, insistiendo en que la condición de mi hijo ‘no califica’ para un traslado por enfermedad.” La licenciada está desesperada, buscando cómo lograr que le entiendan en el MEP. Esto ya parece una novela, mae.
Y no es solo su caso, ay. Conoció otras mamás pasando por lo mismo: “Hay compañeras con hijos en silla de ruedas, con discapacidades bien complejas, y también se las han negado. Pero, ojo, ¡sí aprueban traslados por un simple dolor de espalda!”, exclama indignada. Parece que priorizan un dolorcito a la necesidad vital de un niño con autismo, chunche. Esto demuestra la poca empatía y sensibilidad que hay en algunas instituciones públicas.
Otros colegas docentes también están sufriendo situaciones parecidas. Una profesora de San José, residente en Guápiles, no pudo obtener el traslado a pesar de haber marcado escuelas disponibles en la plataforma Saltad. Ella, además, padece diabetes, hipertensión y fue operada de la columna vertebral. Todos estos maes sienten que se burlan de ellos y de sus necesidades, causando angustia y estrés innecesario.
Lo más preocupante de todo es que muchos docentes sospechan que estas negativas masivas podrían tener que ver con la ley 23.592, la cual facilita la obtención de la propiedad de una plaza tras dos años de servicio. Quizá, el MEP esté intentando frenar la aplicación de la ley antes de publicarla. ¿Será posible que estén jugando con la vida de los trabajadores para sus propios intereses? ¡Qué torta!
Esta historia deja muchas preguntas flotando en el aire. ¿Es justo que el MEP niegue un traslado a una docente cuya prioridad es el bienestar de su hijo? ¿Deberían reconsiderar su postura y ofrecerle apoyo en lugar de obstáculos? Y lo más importante: ¿cómo podemos exigir mejores políticas públicas que protejan a las familias con niños con discapacidad? Compartamos nuestras opiniones en el foro, vamos a ponerle pausa a esta injusticia.
La licenciada, que prefirió mantener el nombre en privado para no meterse en líos con la institución, nos cuenta que lleva siete años laburando en zonas alejadas del norte, pero vive en Esparza de Puntarenas. Cuando anunciaron el concurso de traslados, pensó que era la oportunidad perfecta para acercarle al nene los terapeutas y apoyos que necesita. Presentó todo: diagnóstico médico, papeles, todo piola, creyendo que iba a salir adelante.
Pero ahí es cuando la cosa se puso salada. Recibió un corrillo masivo –uno de los nueve mil– diciéndole que le habían negado el traslado. ¡Ni siquiera se molestaron en revisar su caso particular! Se echó unas cuantas risitas nerviosas pensando que quizás hubo algún error, pero la respuesta fue más dura aún: le dijeron que la condición de su hijo “no se considera una enfermedad grave”. ¡¿Cómo se puede decir eso?! Como si el autismo fuera un resfriado, diay.
“Me contestaron que debía apelar, y pues, claro, hice lo que pude”, explica la maestra, visiblemente frustrada. “Después de esperar, llegó otro correo diciendo que mi caso seguía siendo rechazado, insistiendo en que la condición de mi hijo ‘no califica’ para un traslado por enfermedad.” La licenciada está desesperada, buscando cómo lograr que le entiendan en el MEP. Esto ya parece una novela, mae.
Y no es solo su caso, ay. Conoció otras mamás pasando por lo mismo: “Hay compañeras con hijos en silla de ruedas, con discapacidades bien complejas, y también se las han negado. Pero, ojo, ¡sí aprueban traslados por un simple dolor de espalda!”, exclama indignada. Parece que priorizan un dolorcito a la necesidad vital de un niño con autismo, chunche. Esto demuestra la poca empatía y sensibilidad que hay en algunas instituciones públicas.
Otros colegas docentes también están sufriendo situaciones parecidas. Una profesora de San José, residente en Guápiles, no pudo obtener el traslado a pesar de haber marcado escuelas disponibles en la plataforma Saltad. Ella, además, padece diabetes, hipertensión y fue operada de la columna vertebral. Todos estos maes sienten que se burlan de ellos y de sus necesidades, causando angustia y estrés innecesario.
Lo más preocupante de todo es que muchos docentes sospechan que estas negativas masivas podrían tener que ver con la ley 23.592, la cual facilita la obtención de la propiedad de una plaza tras dos años de servicio. Quizá, el MEP esté intentando frenar la aplicación de la ley antes de publicarla. ¿Será posible que estén jugando con la vida de los trabajadores para sus propios intereses? ¡Qué torta!
Esta historia deja muchas preguntas flotando en el aire. ¿Es justo que el MEP niegue un traslado a una docente cuya prioridad es el bienestar de su hijo? ¿Deberían reconsiderar su postura y ofrecerle apoyo en lugar de obstáculos? Y lo más importante: ¿cómo podemos exigir mejores políticas públicas que protejan a las familias con niños con discapacidad? Compartamos nuestras opiniones en el foro, vamos a ponerle pausa a esta injusticia.
