¡Ay, Dios mío! Qué rollo este caso de Jennifer Ortiz, la periodista nicaragüense que anda metida en un brete gordo. Resulta que, después de denunciar amenazas de muerte vinculadas a su trabajo investigando al régimen de Ortega y Murillo, las autoridades costarricenses le habrían recomendado que se guarde la boca, borre todo lo que hizo en Nicaragua Investiga y se vaya a esconder. ¡Qué despiche!
Para ponerla en contexto, Jennifer Ortiz lleva unos cuantos años exiliada acá en Costa Rica, dirigiendo el medio Nicaragua Investiga. Ella contó, vía Facebook, cómo fue la conversación con las autoridades, explicando que al acudir a buscar protección después de recibir advertencias graves de una fuente interna del Frente Sandinista (que puso su nombre en una lista de periodistas “bajo observación”), la respuesta no fue precisamente la esperada.
Según relató, desde la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público le sugirieron que se retirara del periodismo, eliminara sus redes sociales y básicamente desapareciera del radar. ¡Imagínate la impresión! Le dijeron textualmente que era mejor irse a esconder y nunca más comentar nada en ninguna plataforma digital. Ortiz respondió, con toda la razón, que eso era justo lo que Ortega quería.
La periodista afirma que incluso la hicieron firmar un documento desligando al gobierno de Costa Rica de cualquier responsabilidad si ella decidía seguir haciendo su trabajo. Además, funcionarios de la unidad, según informa 100% Noticias, visitaron su casa en dos ocasiones para insistir en las mismas recomendaciones, e incluso le sugirieron recibir apoyo psicológico, una opción que ella rechazó rotundamente. “Les dije que no necesito terapia, sino protección real para mí y mis hijos”, declaró contundentemente.
Este caso pone en entredicho la protección que realmente ofrece Costa Rica a los periodistas y activistas perseguidos en otros países. Aunque agradece la ayuda inicial que ha recibido, Ortiz expresa preocupación por la situación de riesgo que enfrentan los comunicadores nicaragüenses en el exilio, enfatizando que huían de una dictadura que buscaba silenciarlos y que no pueden permitir que esto suceda en otro lugar. Es un verdadero chinazo, la verdad.
Lo más curioso de todo es que, al parecer, las autoridades mismas le recomendaron que considere seriamente abandonar Costa Rica. ¡Pero bueno, qué se puede esperar! Parece que la solución fácil es echarle la culpa a la víctima y decirle que se marche. Eso sí que es un tortilla, un fallo enorme a la credibilidad de nuestro sistema.
Ante estas acusaciones, el Ministerio Público respondió con una frasecita técnica de referencia a la Ley 8720, pero sin aclarar absolutamente nada. ¡Un clásico! Como siempre, evasivos y poco transparentes. No dan pie con bola, esos mae. Lo que demuestra claramente que hay mucho que mejorar en cuanto a la atención y protección a personas en riesgo, especialmente aquellas que ejercen el derecho a la libertad de expresión.
Esta situación plantea preguntas muy serias sobre el compromiso de Costa Rica con la defensa de la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos. Si las autoridades están sugiriendo a periodistas exiliados que se callen y abandonen el país por miedo a represalias, ¿qué mensaje estamos enviando al mundo? ¿Estamos dispuestos a ceder ante la presión de regímenes autoritarios y permitir que se silencie la voz de aquellos que buscan la verdad? Dígame, compas, ¿creen que Costa Rica debería ofrecer una disculpa formal a Jennifer Ortiz y garantizar su seguridad y la de su familia, o este caso es simplemente una anécdota más en la larga lista de problemas que enfrenta nuestra nación?
Para ponerla en contexto, Jennifer Ortiz lleva unos cuantos años exiliada acá en Costa Rica, dirigiendo el medio Nicaragua Investiga. Ella contó, vía Facebook, cómo fue la conversación con las autoridades, explicando que al acudir a buscar protección después de recibir advertencias graves de una fuente interna del Frente Sandinista (que puso su nombre en una lista de periodistas “bajo observación”), la respuesta no fue precisamente la esperada.
Según relató, desde la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público le sugirieron que se retirara del periodismo, eliminara sus redes sociales y básicamente desapareciera del radar. ¡Imagínate la impresión! Le dijeron textualmente que era mejor irse a esconder y nunca más comentar nada en ninguna plataforma digital. Ortiz respondió, con toda la razón, que eso era justo lo que Ortega quería.
La periodista afirma que incluso la hicieron firmar un documento desligando al gobierno de Costa Rica de cualquier responsabilidad si ella decidía seguir haciendo su trabajo. Además, funcionarios de la unidad, según informa 100% Noticias, visitaron su casa en dos ocasiones para insistir en las mismas recomendaciones, e incluso le sugirieron recibir apoyo psicológico, una opción que ella rechazó rotundamente. “Les dije que no necesito terapia, sino protección real para mí y mis hijos”, declaró contundentemente.
Este caso pone en entredicho la protección que realmente ofrece Costa Rica a los periodistas y activistas perseguidos en otros países. Aunque agradece la ayuda inicial que ha recibido, Ortiz expresa preocupación por la situación de riesgo que enfrentan los comunicadores nicaragüenses en el exilio, enfatizando que huían de una dictadura que buscaba silenciarlos y que no pueden permitir que esto suceda en otro lugar. Es un verdadero chinazo, la verdad.
Lo más curioso de todo es que, al parecer, las autoridades mismas le recomendaron que considere seriamente abandonar Costa Rica. ¡Pero bueno, qué se puede esperar! Parece que la solución fácil es echarle la culpa a la víctima y decirle que se marche. Eso sí que es un tortilla, un fallo enorme a la credibilidad de nuestro sistema.
Ante estas acusaciones, el Ministerio Público respondió con una frasecita técnica de referencia a la Ley 8720, pero sin aclarar absolutamente nada. ¡Un clásico! Como siempre, evasivos y poco transparentes. No dan pie con bola, esos mae. Lo que demuestra claramente que hay mucho que mejorar en cuanto a la atención y protección a personas en riesgo, especialmente aquellas que ejercen el derecho a la libertad de expresión.
Esta situación plantea preguntas muy serias sobre el compromiso de Costa Rica con la defensa de la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos. Si las autoridades están sugiriendo a periodistas exiliados que se callen y abandonen el país por miedo a represalias, ¿qué mensaje estamos enviando al mundo? ¿Estamos dispuestos a ceder ante la presión de regímenes autoritarios y permitir que se silencie la voz de aquellos que buscan la verdad? Dígame, compas, ¿creen que Costa Rica debería ofrecer una disculpa formal a Jennifer Ortiz y garantizar su seguridad y la de su familia, o este caso es simplemente una anécdota más en la larga lista de problemas que enfrenta nuestra nación?
