¡Ay, Dios mío, qué vaina! La diputada Johanna Obando ha mandado a poner el dedo en el píe a Carlos Valenciano Kamer, el encargado de Finanzas del PPSO, y a Douglas Sánchez, el periodista de Central Noticias, con una querella por injuria, calumnia y difamación. Todo esto arranca de aquel bronco rollo del 'Cártel de los 35', un reportaje que salió por OPA y que, según Obando, la puso hasta atrás. Parece que la cosa está más caliente que tamales en diciembre.
Para ponerlos en el ajo, este lío empezó cuando Central Noticias, a través de su canal OPA, soltó una serie de reportajes llamándolos “El Cártel de los 35”. Según la diputada, esos reportajes la pintaban como si estuviera metida hasta el cuello en cosas turbias relacionadas con el tráfico de drogas, ¡una barbaridad! La cosa llegó a tal punto que presentó la querella el 10 de noviembre en el Tribunal Penal, buscando que la gente sepa que no se puede andar inventando historias así nomás.
El corazón del problema radica en que el reportaje, presentado como una ‘investigación exclusiva’, se basó en un supuesto oficio de la DEA. Le siguieron audios y pantallazos de WhatsApp que, según Obando, estaban manipulados para hacerla ver culpable. Dicen que incluso usaron una captura de pantalla donde aparecía un mensaje suyo con la frase “que venda los 35 kilos”, ¡imagínate el tremendo golpe que eso le dio a su reputación! Obando asegura que esa imagen es falsa y que la presentaron como si fuera una prueba irrefutable.
Y no solo eso, señores. El reporte continuaba diciendo que existía una relación entre ella, otro diputado, y un personaje llamado Liu Paniagua, con quien sí tuvo un encuentro, pero asegura que fue en una reunión con productores en Tilarán. Lo que le molesta, además, es que la hayan vinculado directamente con asuntos ilegales, apoyándose en información que considera totalmente falsa y sin ningún tipo de respaldo legal. El ambiente ahí debió estar más pesado que gallina hervida.
Según la querella, el Fiscal General, Carlo Díaz, hasta comentó en el reportaje que la información no servía para nada y que la DEA ni siquiera había iniciado ninguna investigación. ¡Imagínate el daño colateral! Porque, según Obando, el reportaje se viralizó rapidísimo, con gente compartiendo capturas de pantalla y acusándola en redes sociales. Una verdadera humillación pública, diay.
La diputada también pone el foco en cómo la presentadora del noticiero, Lucelena, introdujo la supuesta investigación de la DEA sin presentar pruebas concretas. Luego, Douglas Sánchez, con preguntas sugestivas, la acusó directamente de pedir la venta de 35 kilos de droga, acompañándolo de imágenes de lo que parecían bolsas de droga. Eso, claro, le parece a Obando que fue todo montado para desprestigiarla y afectarla gravemente.
Lo que realmente le hirió fue cómo vincularon esos viajes que hizo al extranjero con las personas investigadas por la DEA, sugiriendo una conexión indirecta sin mostrar ninguna evidencia sólida. Incluso si hubo coincidencias en fechas, dice, siempre dio explicaciones claras y documentación respaldatoria. Pero parece que, para algunos, basta con sembrar dudas y dejar volar la imaginación, ¡qué pena!
Con todo este lío, la pregunta que surge es: ¿Hasta dónde llega la libertad de prensa cuando se trata de investigar a figuras públicas? ¿Es justificable exponer a alguien a un juicio mediático basado en pruebas dudosas? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que la diputada Obando tiene derecho a defender su honor o que los periodistas tienen vía libre para investigar a quién quieran sin tener que comprobar sus fuentes?
Para ponerlos en el ajo, este lío empezó cuando Central Noticias, a través de su canal OPA, soltó una serie de reportajes llamándolos “El Cártel de los 35”. Según la diputada, esos reportajes la pintaban como si estuviera metida hasta el cuello en cosas turbias relacionadas con el tráfico de drogas, ¡una barbaridad! La cosa llegó a tal punto que presentó la querella el 10 de noviembre en el Tribunal Penal, buscando que la gente sepa que no se puede andar inventando historias así nomás.
El corazón del problema radica en que el reportaje, presentado como una ‘investigación exclusiva’, se basó en un supuesto oficio de la DEA. Le siguieron audios y pantallazos de WhatsApp que, según Obando, estaban manipulados para hacerla ver culpable. Dicen que incluso usaron una captura de pantalla donde aparecía un mensaje suyo con la frase “que venda los 35 kilos”, ¡imagínate el tremendo golpe que eso le dio a su reputación! Obando asegura que esa imagen es falsa y que la presentaron como si fuera una prueba irrefutable.
Y no solo eso, señores. El reporte continuaba diciendo que existía una relación entre ella, otro diputado, y un personaje llamado Liu Paniagua, con quien sí tuvo un encuentro, pero asegura que fue en una reunión con productores en Tilarán. Lo que le molesta, además, es que la hayan vinculado directamente con asuntos ilegales, apoyándose en información que considera totalmente falsa y sin ningún tipo de respaldo legal. El ambiente ahí debió estar más pesado que gallina hervida.
Según la querella, el Fiscal General, Carlo Díaz, hasta comentó en el reportaje que la información no servía para nada y que la DEA ni siquiera había iniciado ninguna investigación. ¡Imagínate el daño colateral! Porque, según Obando, el reportaje se viralizó rapidísimo, con gente compartiendo capturas de pantalla y acusándola en redes sociales. Una verdadera humillación pública, diay.
La diputada también pone el foco en cómo la presentadora del noticiero, Lucelena, introdujo la supuesta investigación de la DEA sin presentar pruebas concretas. Luego, Douglas Sánchez, con preguntas sugestivas, la acusó directamente de pedir la venta de 35 kilos de droga, acompañándolo de imágenes de lo que parecían bolsas de droga. Eso, claro, le parece a Obando que fue todo montado para desprestigiarla y afectarla gravemente.
Lo que realmente le hirió fue cómo vincularon esos viajes que hizo al extranjero con las personas investigadas por la DEA, sugiriendo una conexión indirecta sin mostrar ninguna evidencia sólida. Incluso si hubo coincidencias en fechas, dice, siempre dio explicaciones claras y documentación respaldatoria. Pero parece que, para algunos, basta con sembrar dudas y dejar volar la imaginación, ¡qué pena!
Con todo este lío, la pregunta que surge es: ¿Hasta dónde llega la libertad de prensa cuando se trata de investigar a figuras públicas? ¿Es justificable exponer a alguien a un juicio mediático basado en pruebas dudosas? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que la diputada Obando tiene derecho a defender su honor o que los periodistas tienen vía libre para investigar a quién quieran sin tener que comprobar sus fuentes?
