¡Ay, Dios mío, qué torta! Después de unos meses disfrutando de la “pura vida” en sus casas, once de los implicados en el megacaso Madre Patria, aquel escándalo monumental de fraudes registrales y lavados de billetes que dejó boquiabierto al país entero, tendrán que decirle adiós a sus cómodas camas y regresar a la cárcel. Parece que el Tribunal Penal de San José les puso el freno de mano porque, aparentemente, les salió el pelo de fraile a algunos fiscales.
Para refrescarle la memoria a los más jóvenes, este caso es una verdadera joya de corrupción. Estamos hablando de una banda organizada, dedicada a robar propiedades a gente inocente – muchos adultos mayores y otros que vivían fuera del país – para embolsarse millones. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó 54 propiedades en junio del año pasado, deteniendo a 42 personas en lo que fue el segundo operativo más grande en la historia del país, solo superado por el asunto de los taxis. De ahí saltó la alarma sobre el manejo de patrimonio, llegando a sumar unas ganancias ilícitas de hasta ¡35 millones de colones!, ¡una cifra que te hace doler la cartera!
Todo empezó cuando la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) apeló la decisión del Juzgado Penal de San José, que en julio pasado les había dado el gusto de disfrutar de arresto domiciliario. Al parecer, el juez cayó en la tentación de ser blando y decidió darle un trato preferencial a estos sospechosos. Pero la FAEDO no se quedó callada y llevó el caso al Tribunal Penal, argumentando que el juez cometió un grave error al valorar los riesgos que corrían estos señores si estuvieran libres. Y vaya que tuvieron razón: ¡qué bronca!
El Tribunal, con toda la razón del mundo, le dio la razón a la Fiscalía y mandó a todos de vuelta a la cárcel. Según el comunicado del Ministerio Público, el tribunal concluyó que el Juzgado anterior “hizo una valoración incorrecta de los peligros procesales”. En otras palabras, el juez anterior estaba medio distraído y no vio los riesgos reales que representaban estos tipos. Ahora, se extenderá la prisión preventiva al menos hasta Navidad, aunque la Fiscalía ya está tramitando una prórroga para que no se escapen ni tengan oportunidad de seguir haciendo travesuras.
Los nombres que regresarán a la vida en cana son los de Rojas Rojas, González Araya, Barrientos Campos, Venegas Marín, Fernández Gustavino, Pérez Barboza, Marín Ramírez, García Núñez, Jiménez Arias, González Pinto y Herrera Vega. A ellos se suman otros ocho que ya estaban metidos en la cárcel desde el principio: Chávez Arias, León Muñoz, Gómez González, Herrera González, Loaiza Bolandi, Prendas Matarrita, Barrientos Campos y Rodríguez Hidalgo. ¡Uf, menuda nómina de delincuentes!
Pero esto no para ahí, chunches. Además de los 11 que vuelven a la cárcel, se investiga a una organización criminal con vínculos en falsedad ideológica, uso de documentos falsos, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y hasta cohecho. ¡Se mancharon las manos en todo, diay! También involucran a abogados de renombre, funcionarios judiciales, policías, testaferros e incluso a dos españoles que, al parecer, eran los cabecillas de la operación. Estos últimos son unos chapuceros internacionales que han estafado a mucha gente.
Lo más impresionante es que este caso llegó a la Jurisdicción Especializada sobre Delincuencia Organizada (JEDO), siendo la primera vez que ocurre en un caso que no tenga que ver con drogas o lavado de dinero. El OIJ también congeló 237 cuentas bancarias con más de 504 millones de colones entre cuentas, ahorros, inversiones y tarjetas de crédito. Muchísimas de esas cuentas estaban a nombre directo de los acusados, otras a través de empresas fantasma y algunas pertenecían a sociedades ligadas a los investigados. ¡Una verdadera telaraña financiera! El Banco Nacional era el banco predilecto de esta banda, teniendo allí casi 80 cuentas.
En fin, este caso sigue dando de qué hablar y parece que todavía hay muchas cartas por encima de la mesa. Ahora, después de tanto revuelo, me pregunto: ¿Creen ustedes que realmente vamos a ver a todos los responsables sentados a pagar por sus fechorías, o este caso se irá diluyendo poco a poco como tantas otras investigaciones corruptas en nuestro país?
Para refrescarle la memoria a los más jóvenes, este caso es una verdadera joya de corrupción. Estamos hablando de una banda organizada, dedicada a robar propiedades a gente inocente – muchos adultos mayores y otros que vivían fuera del país – para embolsarse millones. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó 54 propiedades en junio del año pasado, deteniendo a 42 personas en lo que fue el segundo operativo más grande en la historia del país, solo superado por el asunto de los taxis. De ahí saltó la alarma sobre el manejo de patrimonio, llegando a sumar unas ganancias ilícitas de hasta ¡35 millones de colones!, ¡una cifra que te hace doler la cartera!
Todo empezó cuando la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) apeló la decisión del Juzgado Penal de San José, que en julio pasado les había dado el gusto de disfrutar de arresto domiciliario. Al parecer, el juez cayó en la tentación de ser blando y decidió darle un trato preferencial a estos sospechosos. Pero la FAEDO no se quedó callada y llevó el caso al Tribunal Penal, argumentando que el juez cometió un grave error al valorar los riesgos que corrían estos señores si estuvieran libres. Y vaya que tuvieron razón: ¡qué bronca!
El Tribunal, con toda la razón del mundo, le dio la razón a la Fiscalía y mandó a todos de vuelta a la cárcel. Según el comunicado del Ministerio Público, el tribunal concluyó que el Juzgado anterior “hizo una valoración incorrecta de los peligros procesales”. En otras palabras, el juez anterior estaba medio distraído y no vio los riesgos reales que representaban estos tipos. Ahora, se extenderá la prisión preventiva al menos hasta Navidad, aunque la Fiscalía ya está tramitando una prórroga para que no se escapen ni tengan oportunidad de seguir haciendo travesuras.
Los nombres que regresarán a la vida en cana son los de Rojas Rojas, González Araya, Barrientos Campos, Venegas Marín, Fernández Gustavino, Pérez Barboza, Marín Ramírez, García Núñez, Jiménez Arias, González Pinto y Herrera Vega. A ellos se suman otros ocho que ya estaban metidos en la cárcel desde el principio: Chávez Arias, León Muñoz, Gómez González, Herrera González, Loaiza Bolandi, Prendas Matarrita, Barrientos Campos y Rodríguez Hidalgo. ¡Uf, menuda nómina de delincuentes!
Pero esto no para ahí, chunches. Además de los 11 que vuelven a la cárcel, se investiga a una organización criminal con vínculos en falsedad ideológica, uso de documentos falsos, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y hasta cohecho. ¡Se mancharon las manos en todo, diay! También involucran a abogados de renombre, funcionarios judiciales, policías, testaferros e incluso a dos españoles que, al parecer, eran los cabecillas de la operación. Estos últimos son unos chapuceros internacionales que han estafado a mucha gente.
Lo más impresionante es que este caso llegó a la Jurisdicción Especializada sobre Delincuencia Organizada (JEDO), siendo la primera vez que ocurre en un caso que no tenga que ver con drogas o lavado de dinero. El OIJ también congeló 237 cuentas bancarias con más de 504 millones de colones entre cuentas, ahorros, inversiones y tarjetas de crédito. Muchísimas de esas cuentas estaban a nombre directo de los acusados, otras a través de empresas fantasma y algunas pertenecían a sociedades ligadas a los investigados. ¡Una verdadera telaraña financiera! El Banco Nacional era el banco predilecto de esta banda, teniendo allí casi 80 cuentas.
En fin, este caso sigue dando de qué hablar y parece que todavía hay muchas cartas por encima de la mesa. Ahora, después de tanto revuelo, me pregunto: ¿Creen ustedes que realmente vamos a ver a todos los responsables sentados a pagar por sus fechorías, o este caso se irá diluyendo poco a poco como tantas otras investigaciones corruptas en nuestro país?
