¡Ay, Dios mío! Esto pinta feo, muy feo. La polémica por la subasta de frecuencias sigue dando qué hablar y ahora hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) está metiendo el dedo en la llaga. Parece que el gobierno de Chaves quiere revolucionar el panorama radial y televisivo, pero algunos sospechan que lo que busca es silenciar a quienes no le cantan la tahalí.
La idea, según el gobierno, era modernizar el espectro radioeléctrico y asegurar que las emisoras paguen “lo justo” por usar los recursos públicos. Pero resultó que varias emisoras, algunas con décadas en el aire, no lograron presentar ofertas debido a unos requisitos que parecían diseñados para sacarlas del juego. ¡Qué torta! Emisoras que han sido referentes en sus comunidades, emisoras que han dado voz a los ciudadanos, podrían desaparecer si esto sigue así.
Y ni hablar de la reacción de la gente. Gremios, organizaciones sociales, incluso la Iglesia Católica, alzaron la voz diciendo que este proceso pone en peligro la libertad de expresión y la pluralidad democrática. ¡Esto no es broma! Estamos hablando de limitar el acceso a la información, de concentrar el poder mediático en pocas manos. Que se espanta, ¿eh?
Para colmo, la Sala Constitucional tuvo que meterse en medio y suspender temporalmente la subasta, mientras analiza un recurso de amparo. Parece que alguien se jaló una torta al armar todo este proceso tan apresurado y poco transparente. Hay que recordar que los tribunales internacionales siempre han insistido en que la asignación de frecuencias no puede estar basada solamente en criterios económicos; eso compromete el derecho fundamental a la libre expresión.
Mirando a otros países de la región, vemos que esos modelos de subastas que excluyen a ciertos actores por motivos económicos terminan afectando la diversidad de la información. Cuando solo unas pocas empresas controlan los medios, la ciudadanía pierde la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista y formarse opiniones propias. Al final, el que se lleva la peor parte es el pueblo, que se queda sin una fuente confiable y plural de información. Imagínate, compa, tener que escuchar siempre lo mismo, sin alternativas.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, puso las cosas claras: “El espectro radioeléctrico no es un bien comercial que se pueda vender al mejor postor; es un recurso público esencial para la democracia.” Y Martha Ramos, de la comisión de libertad de prensa, añadió que “las concesiones deben promover la diversidad, no excluirla”. ¡Diles la verdá! Que no se les olvide que un medio de comunicación independiente es vital para controlar al poder político y defender los derechos de los ciudadanos.
Aquí en Costa Rica, organizaciones como Colper e Iplex han alertado sobre la falta de una visión integral en este proceso. Raúl Silesky, presidente de Iplex, nos cuenta que muchas emisoras pequeñas, especialmente las AM y FM que llevan años sirviendo a la comunidad, se ven obligadas a anunciar su posible salida del aire porque simplemente no pueden costear las nuevas condiciones impuestas por el gobierno. ¡Qué sal! Ver cómo desaparecen esas voces que tanto nos identifican, esas emisoras que transmiten nuestra cultura y tradiciones... es un verdadero baldío.
En fin, la pelota está en el tejado del gobierno. Esperamos que escuchen las advertencias de la SIP, de los expertos y de la propia sociedad civil. Porque si esta subasta sale adelante tal como está planteada, podríamos estar perdiendo un pedazo importantísimo de nuestra democracia. ¿Usted cree que el gobierno escuchará estas críticas y modificará el proceso de subasta, o seguirá enfocado en lo económico sin importar el daño a la libertad de expresión?
La idea, según el gobierno, era modernizar el espectro radioeléctrico y asegurar que las emisoras paguen “lo justo” por usar los recursos públicos. Pero resultó que varias emisoras, algunas con décadas en el aire, no lograron presentar ofertas debido a unos requisitos que parecían diseñados para sacarlas del juego. ¡Qué torta! Emisoras que han sido referentes en sus comunidades, emisoras que han dado voz a los ciudadanos, podrían desaparecer si esto sigue así.
Y ni hablar de la reacción de la gente. Gremios, organizaciones sociales, incluso la Iglesia Católica, alzaron la voz diciendo que este proceso pone en peligro la libertad de expresión y la pluralidad democrática. ¡Esto no es broma! Estamos hablando de limitar el acceso a la información, de concentrar el poder mediático en pocas manos. Que se espanta, ¿eh?
Para colmo, la Sala Constitucional tuvo que meterse en medio y suspender temporalmente la subasta, mientras analiza un recurso de amparo. Parece que alguien se jaló una torta al armar todo este proceso tan apresurado y poco transparente. Hay que recordar que los tribunales internacionales siempre han insistido en que la asignación de frecuencias no puede estar basada solamente en criterios económicos; eso compromete el derecho fundamental a la libre expresión.
Mirando a otros países de la región, vemos que esos modelos de subastas que excluyen a ciertos actores por motivos económicos terminan afectando la diversidad de la información. Cuando solo unas pocas empresas controlan los medios, la ciudadanía pierde la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista y formarse opiniones propias. Al final, el que se lleva la peor parte es el pueblo, que se queda sin una fuente confiable y plural de información. Imagínate, compa, tener que escuchar siempre lo mismo, sin alternativas.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, puso las cosas claras: “El espectro radioeléctrico no es un bien comercial que se pueda vender al mejor postor; es un recurso público esencial para la democracia.” Y Martha Ramos, de la comisión de libertad de prensa, añadió que “las concesiones deben promover la diversidad, no excluirla”. ¡Diles la verdá! Que no se les olvide que un medio de comunicación independiente es vital para controlar al poder político y defender los derechos de los ciudadanos.
Aquí en Costa Rica, organizaciones como Colper e Iplex han alertado sobre la falta de una visión integral en este proceso. Raúl Silesky, presidente de Iplex, nos cuenta que muchas emisoras pequeñas, especialmente las AM y FM que llevan años sirviendo a la comunidad, se ven obligadas a anunciar su posible salida del aire porque simplemente no pueden costear las nuevas condiciones impuestas por el gobierno. ¡Qué sal! Ver cómo desaparecen esas voces que tanto nos identifican, esas emisoras que transmiten nuestra cultura y tradiciones... es un verdadero baldío.
En fin, la pelota está en el tejado del gobierno. Esperamos que escuchen las advertencias de la SIP, de los expertos y de la propia sociedad civil. Porque si esta subasta sale adelante tal como está planteada, podríamos estar perdiendo un pedazo importantísimo de nuestra democracia. ¿Usted cree que el gobierno escuchará estas críticas y modificará el proceso de subasta, o seguirá enfocado en lo económico sin importar el daño a la libertad de expresión?
