¡Ay, Dios mío! Aquí estamos otra vez, con la misma vaina. Resulta que en Upala, 240 familias de la Urbanización Don Chú llevan más de diez años sufriendo un verdadero calvario, pegao’ a pozos negros y a un zafarracho administrativo que parece no tener fin. La cosa está fea, bien fea, y la salud de estos vecinos está pagando la cuenta.
La diputada Priscilla Vindas, a toda máquina, tuvo que meterle un recurso de amparo ante la Sala Cuatro para intentar ponerle un alto a esta novela interminable. Parece que ni AyA ni la Municipalidad quieren asumir la papa caliente, echándose la bolita la una a la otra. Lo que nos queda a nosotros, los ciudadanos, es preguntarnos: ¿hasta cuándo vamos a permitir que la burocracia se cuele en la salud de la gente?
El problema, en pocas palabras, es que no hay un sistema decente de tratamiento de aguas residuales en la urbanización. Imagínate, agua negra corriendo por todas partes, apestando, contaminando... Un foco de enfermedades potencial, ¡y eso sí que no es chido! El Ministerio de Salud ya ha intentado hacer algo, mandando órdenes sanitarias desde 2020, pero las cosas siguen igual, como si esas ordenes se las tragase la tierra.
Según el recurso de amparo, el AyA dice que la culpa es de la Municipalidad, porque ellos son los “operadores autorizados” de los servicios en Upala. Pero la Municipalidad responde que no tienen nada que ver con el manejo de aguas residuales, que eso le compete a una institución especializada como el AyA. ¡Qué peloteo!, sinceramente, dan ganas de agarrar a todos y darles un buen trabazo. Esto es típico de nuestra querida Costa Rica, donde a veces parece que la política va antes que la gente.
Y no es solamente una cuestión de malos olores, compas. Hablamos de un riesgo real para la salud pública. Enfermedades transmitidas por el agua, infecciones… La lista podría seguir. Ya la diputada Vindas dejó claro que esto es grave, y que la inacción tanto del AyA como de la Municipalidad y el Ministerio de Salud es simplemente inadmisible. Que alguien asuma la responsabilidad, por favor.
Pero la diputada no se quedó ahí, ¿eh? No solamente busca solucionar el problema de Don Chú. Quiere sentar un precedente legal, obligar a las instituciones a coordinarse y evitar que esto vuelva a pasar en otras comunidades del cantón de Upala. Esperemos que la Sala Cuatro le dé la razón y que este recurso sirva de ejemplo para otros casos de abandono institucional. Necesitamos que nuestras autoridades sean responsables y transparentes, ¡ya basta de juegos políticos!
El recurso de amparo pide a gritos que la Sala ordene la ejecución inmediata de un plan integral de saneamiento que solucione el problema de raíz. No basta con parches, necesitamos soluciones a largo plazo. Imaginen la tranquilidad de esas familias si supieran que pronto tendrán agua limpia y un ambiente saludable para vivir. Sería un alivio tremendo, ¡una verdadera bendición!
En fin, la pelota está en el tejado de la justicia. Veremos si la Sala Cuatro decide actuar con firmeza y ponerle punto final a este escándalo. ¿Ustedes creen que la Sala Constitucional realmente logrará cambiar esta dinámica de ‘peloteo’ institucional y asegurar que las familias de Upala tengan acceso a un servicio básico como el agua potable y un saneamiento adecuado, o seguiremos viendo cómo la burocracia sigue jugando con sus vidas?
La diputada Priscilla Vindas, a toda máquina, tuvo que meterle un recurso de amparo ante la Sala Cuatro para intentar ponerle un alto a esta novela interminable. Parece que ni AyA ni la Municipalidad quieren asumir la papa caliente, echándose la bolita la una a la otra. Lo que nos queda a nosotros, los ciudadanos, es preguntarnos: ¿hasta cuándo vamos a permitir que la burocracia se cuele en la salud de la gente?
El problema, en pocas palabras, es que no hay un sistema decente de tratamiento de aguas residuales en la urbanización. Imagínate, agua negra corriendo por todas partes, apestando, contaminando... Un foco de enfermedades potencial, ¡y eso sí que no es chido! El Ministerio de Salud ya ha intentado hacer algo, mandando órdenes sanitarias desde 2020, pero las cosas siguen igual, como si esas ordenes se las tragase la tierra.
Según el recurso de amparo, el AyA dice que la culpa es de la Municipalidad, porque ellos son los “operadores autorizados” de los servicios en Upala. Pero la Municipalidad responde que no tienen nada que ver con el manejo de aguas residuales, que eso le compete a una institución especializada como el AyA. ¡Qué peloteo!, sinceramente, dan ganas de agarrar a todos y darles un buen trabazo. Esto es típico de nuestra querida Costa Rica, donde a veces parece que la política va antes que la gente.
Y no es solamente una cuestión de malos olores, compas. Hablamos de un riesgo real para la salud pública. Enfermedades transmitidas por el agua, infecciones… La lista podría seguir. Ya la diputada Vindas dejó claro que esto es grave, y que la inacción tanto del AyA como de la Municipalidad y el Ministerio de Salud es simplemente inadmisible. Que alguien asuma la responsabilidad, por favor.
Pero la diputada no se quedó ahí, ¿eh? No solamente busca solucionar el problema de Don Chú. Quiere sentar un precedente legal, obligar a las instituciones a coordinarse y evitar que esto vuelva a pasar en otras comunidades del cantón de Upala. Esperemos que la Sala Cuatro le dé la razón y que este recurso sirva de ejemplo para otros casos de abandono institucional. Necesitamos que nuestras autoridades sean responsables y transparentes, ¡ya basta de juegos políticos!
El recurso de amparo pide a gritos que la Sala ordene la ejecución inmediata de un plan integral de saneamiento que solucione el problema de raíz. No basta con parches, necesitamos soluciones a largo plazo. Imaginen la tranquilidad de esas familias si supieran que pronto tendrán agua limpia y un ambiente saludable para vivir. Sería un alivio tremendo, ¡una verdadera bendición!
En fin, la pelota está en el tejado de la justicia. Veremos si la Sala Cuatro decide actuar con firmeza y ponerle punto final a este escándalo. ¿Ustedes creen que la Sala Constitucional realmente logrará cambiar esta dinámica de ‘peloteo’ institucional y asegurar que las familias de Upala tengan acceso a un servicio básico como el agua potable y un saneamiento adecuado, o seguiremos viendo cómo la burocracia sigue jugando con sus vidas?
