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Wilas

¿Y en que quedó lo de Sardinal?

• Se hizo bajo fideicomiso privado con cláusulas de confidencialidad
¡ACUEDUCTO DE SARDINAL ES UN NEGOCIAZO PRIVADO!

• Inversionistas venden pajas de agua en ¢2 millones cada una

• Habitantes de Sardinal, El Coco y Ocotal deberán hacer cola para recibir agua
Betania Artavia
[email protected]
La defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, y el defensor adjunto Daniel Soley muestran el expediente del caso Sardinal, donde se violentaron los procesos de contratación administrativa utilizando la figura de un fideicomiso privado, con cláusulas de confidencialidad, por ello solicitan la intervención de la Contraloría.
La Defensoría de los Habitantes dio la razón a los pobladores de Sardinal que han dado la lucha en defensa del agua, al afirmar que es un negocio como si el agua fuera un bien privado y no público, utilizando figuras de contrato privado con cláusulas de confidencialidad que impiden dar a conocer los detalles del fideicomiso.

Así lo dio a conocer el defensor adjunto de los Habitantes, Daniel Soley, quien detalló que la operación y construcción del acueducto en disputa se manejó mediante la figura de fideicomiso privado, lo cual permitió evadir todos los procesos de contratación administrativa.

En este momento el fideicomiso se encuentra en poder del Banco de Costa Rica, y entre las cláusulas se indica que ninguna de las partes puede hacer público los detalles del documento, que debería ser público porque AyA, una entidad estatal, es una de las partes, además, el agua es un bien público.

En caso de que el Estado dé a conocer los detalles del fideicomiso los 32 empresarios que en este momento forman parte de él pueden cobrar al Estado daños y perjuicios, de manera que desde el primer momento se entró al juego perdiendo.

Ni siquiera se pueden hacer públicos los nombres de los 32 empresarios que componen el fideicomiso a menos que ellos así lo acepten, algo poco común al tratarse de una negociación gubernamental, donde están obligados a la transparencia.

“Aquí los temas de confidencialidad son solo los que se refieren a la seguridad nacional, no podía utilizarse para un acueducto, menos que el agua es un bien público... el pueblo de Sardinal tiene razón en su lucha”, afirmó Lisbeth Quesada, defensora de los Habitantes.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Contraloría General de la República entrar a conocer el caso y analizan la posibilidad de acudir también a la vía contenciosa administrativa para sentar las responsabilidades, ya que todos los habitantes salen perdiendo con este proceso, pues en caso de una demanda contra el Estado el pago de la indemnización saldrá del bolsillo de todos los costarricenses.

El mismo contrato establece que en caso de discrepancias entre las partes, incluido AyA la instancia para resolverlas es el arbitraje, de manera que están excluyendo los tribunales comunes.

La Defensoría recordó que la Sala Constitucional no ha dado respuesta a los recursos de amparo interpuestos hace ya un mes, en los cuales tanto la comunidad como la Defensoría solicitan la suspensión de las obras ante la falta de estudios que garanticen que hay agua suficiente en los acuíferos, y entre más tiempo pase, más avanzadas estarán las obras y por ende, en caso de que los estudios determinen que no hay agua suficiente para cumplir con el fideicomiso, será mayor el monto a indemnizar a los inversionistas.
¡NEGOCIAZO CON LAS PAJAS!

Serán precisamente los habitantes comunes y corrientes los que se verán afectados en caso de escasez de agua, sea porque no haya suficiente o porque ante los problemas de salinización cada vez sea menos el líquido disponible para consumo humano, porque el fideicomiso garantiza prioridad a los firmantes del fideicomiso.

Incluso les da la propiedad sobre entre 8 y 10 mil pajas de agua, las cuales ellos podrán vender, administrar o utilizar como lo deseen, y tienen garantía para el abastecimiento de agua, ya que AyA renunció en el fideicomiso a ejercer sus potestades, lo cual a criterio de la Defensoría, violenta normas de rango legal y constitucional.

Esto significa que en caso que AyA deba hacer racionamientos los afectados serán los pobladores de Sardinal, El Coco y Ocotal porque primero debe cubrirse el agua de los propietarios del fideicomiso -estas 8 mil o 10 mil pajas- y con lo que quede se suplirán las necesidades del resto de la población.

A menos claro, que el interesado compre una paja de agua, las cuales al inicio del proyecto se vendían en mil dólares y hoy ya van por $3.500, cerca de ¢2 millones cada paja, y estas son prioritarias para suministrar agua, no importa el uso que se les dé.

De manera que quienes no puedan pagar esos ¢2 millones por paja de agua deberán hacer cola para recibir el líquido cuando se den problemas de suministro.

Los propietarios del fideicomiso por la donación del acueducto están recibiendo una ganancia de $35 mil solo con la venta de las pajas de agua, recursos de los cuales AyA ni las comunidades percibirán ninguna ganancia.

Fuente: http://www.diarioextra.com/2008/junio/1 ... ales08.php

Y agrego esto que salió en Confidencialmente (La esquinita de la seccion de opinión de la Extra):
Los 22 desarrolladores que aportaron los $8 millones del fideicomiso para construir el acueducto Sardinal, contrataron a la empresa Comunicación Corporativa para que se encargue de todo lo relativo a prensa y posicionamientodel proyecto. También contrataron a Eduardo Ulibarri como consultor externo para los mismos fines. Al final, la verdad y la razon de los sardinaleños se impuso ante los avanzados asesores del marquetin y las relaciones públicas.

Yo quiero agregar algo: Tambien ante los majaderos de los comites patrioticos.

VIVA GUANACASTE!
 
si todo esto es cierto, bien por la gente de sardinal, que lograron defender sus derechos

como ellos, a seguir vigilantes y reclamar lo que nos corresponde justamente

y para variar, ulibarri y sus idioteces...este mae sabra la diferencia entre lo etico y moral vrs lo legal...

me suena que, al igual que los expresidentes, no lo saben, q pena :(
 
#1 en FACTURA ELECTRÓNICA
bien que esto se haya parado. muestra clara de que el estado de derecho sigue vigente en Costa Rica, a pesar de lo que digan ciertas tendencias.
 
A uds se le olvidan que los famosos desarrolladores de ocotal son el grupo mapache, uds vieran la cantidad de camiones de esa gente que pasa por ahí todo el día.

Y por otro lado, grupo nación, especialmente los Jimenez de la Guardia, se tienen una guerra con Carlos Arroyo (mapache), por la venta de tierras, en especial porque arroyo cantó el chorizo de murciélago que se tenían los de la Guardia.

http://quitaypone.com//index.php?option ... &Itemid=51
 
mach_steve dijo:
bien que esto se haya parado. muestra clara de que el estado de derecho sigue vigente en Costa Rica, a pesar de lo que digan ciertas tendencias.

Pero, funciona ese estado de derecho? a una empresa le dan sus permisos y hace la gran inversión para construir, de repente el mismo gobierno que le dio esos permisos, los cuestiona y les para el proyecto, y toda la inversión que?
 
http://www.diarioextra.com/2008/junio/19/nacionales11.php dijo:
Indica informe de la Contraloría
MINAE ESTUDIÓ DECLARAR GUANACASTE ZONA DE EMERGENCIA HÍDRICA
Betania Artavia
[email protected]
En un informe de diciembre del 2007 la Contraloría indica que no se deben entregar concesiones de agua o de perforación de pozos hasta que se cuente en el país con estudios sobre el balance hídrico, especialmente en zonas donde es evidente la disputa por el agua, tal como ocurre en Sardinal, donde los vecinos se oponen al acueducto para proyectos turísticos.
En el informe del 10 de diciembre del 2007, de la Contraloría General de la República se analiza la problemática del agua en el país y se presentan datos alarmantes sobre la falta de estudios que permitan saber a ciencia cierta si el país tiene suficiente agua o no.

En el informe se indica que el titular del Departamento de Aguas del Minae en ese momento “reconoció que a lo interno del Minae se ha valorado la idea de declarar la región de Guanacaste como zona de emergencia hídrica”, esto toma mayor relevancia en momentos que se mantiene la disputa en Sardinal por el acueducto que llevaría el líquido a proyectos privados.

El titular del Departamento de Aguas indicó a la Contraloría -según consta en el informe- que los problemas principales sobre el agua en nuestro país, no están relacionados al recurso en sí, sino a la falta de información de calidad y de infraestructura adecuada e inversión oportuna.

Aclara que no es válido para postergar las medidas de protección al recurso hídrico pensando que existe suficiente agua, porque aunque así fuera, la falta de infraestructura e inversión adecuada para aprovecharla, imposibilita su uso, es decir, es como si no existiera.

Al no existir un estudio sobre el balance hídrico elaborado científicamente para todo el país se desconoce si se está sobre el límite de extracción, cuáles son los volúmenes de agua que se pueden extraer y de dónde, señala que durante muchos años el país no ha invertido en este campo, y se carece de información importante, especialmente sobre las aguas subterráneas, donde la realidad es crítica.

Precisamente en el caso de Guanacaste el acueducto que ha generado tanta polémica se abastecerá de aguas subterráneas y según Senara
NO MÁS CONCESIONES

El informe en sus conclusiones aclara que debe seguirse el principio precautorio y denegar las solicitudes de nuevos permisos de perforación de pozos y concesiones de agua que no estén respaldadas con información técnica suficiente y confiable que garantice la disponibilidad del recurso para el consumo humano actual y futuro.

Entre el 2005 y el 31 de julio del 2007 se entregaron 832 concesiones de aguas, y 1.653 permisos de perforación de pozos, lo que a criterio de la Contraloría podría catalogarse como “un incumplimiento al principio precautorio o in dubio pro natura que el Gobierno está obligado a considerar en su gestión, al menos en aquellas regiones en donde es evidente la disputa del agua.

“Por ejemplo, es sabido que el gran auge inmobiliario y turístico en la zona de Guanacaste ha entrado en conflicto con las necesidades de los pobladores, situación que amerita una atención especial por parte del Gobierno, en procura de regular de forma más enérgica los aprovechamientos de agua en esa región”, indica el informe entregado en diciembre.

Y cinco meses después se da el enfrentamiento en Sardinal de Guanacaste entre pobladores que quieren proteger el agua y evitar nuevas concesiones y desarrolladores turísticos que ofrecen construir un acueducto a cambio de la garantía de entre 8 y 10 mil pajas de agua para los proyectos de desarrollo turístico o urbanizaciones.

En sus recomendaciones al Minae -ente rector en materia de aguas- indica que el Minae debe realizar las gestiones necesarias para que el acceso al agua potable como derecho humano inalienable sea garantizado constitucionalmente.

Safito dijo:
A uds se le olvidan que los famosos desarrolladores de ocotal son el grupo mapache, uds vieran la cantidad de camiones de esa gente que pasa por ahí todo el día.

No se me olvida. Y de hecho, si nos ponemos en esas, Mapache hace practicamente casi que todas las obras en las playas.

No es por nada que Arroyin es un millonario del carajo.
 
peyistez mecayo dijo:
[quote="mach_steve":1mc98qyh]bien que esto se haya parado. muestra clara de que el estado de derecho sigue vigente en Costa Rica, a pesar de lo que digan ciertas tendencias.

Pero, funciona ese estado de derecho? a una empresa le dan sus permisos y hace la gran inversión para construir, de repente el mismo gobierno que le dio esos permisos, los cuestiona y les para el proyecto, y toda la inversión que?[/quote:1mc98qyh]

NO mae pero la cosa no es asi .....el gobierno se apunta a un determinado "proyecto", cuando sale alguien poniendo demandas por que el proyecto quebranta esta o aquella ley entonces el gobierno cruza la acera ....y se vuelve en contra de su anterior aliado porque ya se destapo el chicharron..o no?????
 
Bueno hoy me entero, "sorpresa, sopresa", que de la gente que está detrás de lo de acuaducto hay más donadores a la campaña de Osquitar Arias.

"Se trata de André Garnier Kruse, presidente de Inversión Ocotal P.I.O., S. A, quien donó ¢ 4.894.400 en noviembre del 2005; Agustín Penón Orlich, representante de Guanacaste Seco, S. A, quien a la vez aportó ¢2.462.250 en diciembre de ese mismo año, y Alberto Sauter, quien figura como representante de Coco Water S. A. y que donó ¢971.987. En total suman ¢8.328.637."

Y el señor Agustín J. Penón Orlich es nada más y nada menos que miembro de la Junta Directiva de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).

No se va agüevar uno...
 
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