En octubre de 2025, Costa Rica dará un gran salto hacia la digitalización con la implementación de la cédula digital, según anunció la Directora de Estrategia Tecnológica del Tribunal Supremo de Elecciones, Xenia Guerrero.
Este innovador documento promete revolucionar los trámites administrativos al permitir el acceso a servicios en línea con la misma validez legal que su contraparte física.
Con un costo de ¢2 600, la cédula digital estará disponible para quienes mantengan actualizados sus datos personales y posean una cédula física vigente.
Este cambio no solo modernizará el sistema, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad de los datos y la privacidad de los ciudadanos.
En un contexto donde la brecha digital aún representa un desafío significativo, la introducción de una cédula digital podría exacerbar las desigualdades existentes entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no.
¿Estamos preparados para garantizar que todos los ciudadanos se beneficien por igual de esta innovación?
¿Cómo se abordarán las preocupaciones sobre la protección de la identidad en un mundo cada vez más interconectado?
Este es un momento decisivo para Costa Rica, que busca posicionarse a la vanguardia de la digitalización en América Latina, pero también es un momento de reflexión crítica sobre cómo modelamos el futuro de nuestra identidad nacional en la era digital.
Con la promesa de agilizar los procesos burocráticos y mejorar la eficiencia gubernamental, la cédula digital también lleva implícitas preguntas sobre la equidad, la seguridad y el acceso universal a la tecnología.
Una cosa es clara: la modernización trae consigo tanto oportunidades como desafíos que deben ser cuidadosamente gestionados para garantizar que nadie se quede atrás.
Este innovador documento promete revolucionar los trámites administrativos al permitir el acceso a servicios en línea con la misma validez legal que su contraparte física.
Con un costo de ¢2 600, la cédula digital estará disponible para quienes mantengan actualizados sus datos personales y posean una cédula física vigente.
Este cambio no solo modernizará el sistema, sino que también plantea interrogantes sobre la seguridad de los datos y la privacidad de los ciudadanos.
En un contexto donde la brecha digital aún representa un desafío significativo, la introducción de una cédula digital podría exacerbar las desigualdades existentes entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no.
¿Estamos preparados para garantizar que todos los ciudadanos se beneficien por igual de esta innovación?
¿Cómo se abordarán las preocupaciones sobre la protección de la identidad en un mundo cada vez más interconectado?
Este es un momento decisivo para Costa Rica, que busca posicionarse a la vanguardia de la digitalización en América Latina, pero también es un momento de reflexión crítica sobre cómo modelamos el futuro de nuestra identidad nacional en la era digital.
Con la promesa de agilizar los procesos burocráticos y mejorar la eficiencia gubernamental, la cédula digital también lleva implícitas preguntas sobre la equidad, la seguridad y el acceso universal a la tecnología.
Una cosa es clara: la modernización trae consigo tanto oportunidades como desafíos que deben ser cuidadosamente gestionados para garantizar que nadie se quede atrás.
