Costa Rica, conocido por su vanguardia en políticas ambientales y por haber alcanzado casi el 100% de electricidad a partir de fuentes renovables, enfrenta ahora un dilema crucial que podría alterar su famoso legado verde. La tentación de explotar los combustibles fósiles se presenta como una solución rápida a necesidades económicas y energéticas inmediatas, pero también plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo y el compromiso ambiental del país.
Históricamente, la imagen de Costa Rica como un líder en sostenibilidad comenzó en la década de 1990 y se consolidó con acciones decisivas como la creación del Ministerio de Ambiente y Energía en 1995.
La nación ha sido elogiada internacionalmente por sus políticas de descarbonización y por invitaciones a compartir su modelo en foros globales. Sin embargo, detrás de la fachada de la renovabilidad, el país aún depende significativamente de los combustibles fósiles, especialmente en el sector de transporte, que representa un 35% del consumo energético del país derivado de fuentes fósiles.
El debate actual no es sólo sobre si se debe continuar con la explotación de combustibles fósiles o invertir más en renovables; es también una cuestión de cómo se planifica el futuro energético del país. La administración actual ha coqueteado con la idea de expandir la explotación de gas natural como una medida para asegurar la autosuficiencia energética a corto plazo. Sin embargo, esta dirección ha sido criticada por exministros y expertos ambientales, quienes argumentan que Costa Rica debe diversificar su matriz energética y apostar por un modelo que permita a los ciudadanos generar su propia electricidad mediante tecnologías como los paneles solares, promoviendo el autoconsumo y disminuyendo la dependencia de las grandes hidroeléctricas, que han sido ineficientes y destructivas para los ecosistemas locales.
Además, se ha debatido en el ámbito político y económico sobre la conveniencia de adherirse a acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que Costa Rica ha decidido no ratificar. Según funcionarios, el país cuenta con una legislación ambiental y de derechos humanos suficientemente amplia, y ven el acuerdo como potencialmente perjudicial para proyectos de inversión importantes, como la construcción de carreteras. Esta posición refleja una tensión entre la protección ambiental y el desarrollo económico, una encrucijada que podría definir la trayectoria futura de Costa Rica en el escenario mundial de la sostenibilidad.
A medida que Costa Rica avanza hacia decisiones críticas sobre su matriz energética y su posicionamiento en acuerdos ambientales globales, el país se enfrenta a un equilibrio delicado entre mantener su reputación de liderazgo en políticas verdes y satisfacer sus necesidades energéticas y económicas inmediatas.
¿Es posible que Costa Rica modele un camino que respete su herencia ambiental mientras se adapta a las exigencias del desarrollo y la modernización?
Solo el tiempo dirá si la "Suiza de América" puede mantener su compromiso con el planeta sin sacrificar su progreso económico y su estabilidad energética.
Históricamente, la imagen de Costa Rica como un líder en sostenibilidad comenzó en la década de 1990 y se consolidó con acciones decisivas como la creación del Ministerio de Ambiente y Energía en 1995.
La nación ha sido elogiada internacionalmente por sus políticas de descarbonización y por invitaciones a compartir su modelo en foros globales. Sin embargo, detrás de la fachada de la renovabilidad, el país aún depende significativamente de los combustibles fósiles, especialmente en el sector de transporte, que representa un 35% del consumo energético del país derivado de fuentes fósiles.
El debate actual no es sólo sobre si se debe continuar con la explotación de combustibles fósiles o invertir más en renovables; es también una cuestión de cómo se planifica el futuro energético del país. La administración actual ha coqueteado con la idea de expandir la explotación de gas natural como una medida para asegurar la autosuficiencia energética a corto plazo. Sin embargo, esta dirección ha sido criticada por exministros y expertos ambientales, quienes argumentan que Costa Rica debe diversificar su matriz energética y apostar por un modelo que permita a los ciudadanos generar su propia electricidad mediante tecnologías como los paneles solares, promoviendo el autoconsumo y disminuyendo la dependencia de las grandes hidroeléctricas, que han sido ineficientes y destructivas para los ecosistemas locales.
Además, se ha debatido en el ámbito político y económico sobre la conveniencia de adherirse a acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que Costa Rica ha decidido no ratificar. Según funcionarios, el país cuenta con una legislación ambiental y de derechos humanos suficientemente amplia, y ven el acuerdo como potencialmente perjudicial para proyectos de inversión importantes, como la construcción de carreteras. Esta posición refleja una tensión entre la protección ambiental y el desarrollo económico, una encrucijada que podría definir la trayectoria futura de Costa Rica en el escenario mundial de la sostenibilidad.
A medida que Costa Rica avanza hacia decisiones críticas sobre su matriz energética y su posicionamiento en acuerdos ambientales globales, el país se enfrenta a un equilibrio delicado entre mantener su reputación de liderazgo en políticas verdes y satisfacer sus necesidades energéticas y económicas inmediatas.
¿Es posible que Costa Rica modele un camino que respete su herencia ambiental mientras se adapta a las exigencias del desarrollo y la modernización?
Solo el tiempo dirá si la "Suiza de América" puede mantener su compromiso con el planeta sin sacrificar su progreso económico y su estabilidad energética.
