Una reciente investigación ha revelado un panorama desolador pero no sorprendente para muchos: Según el EIC-Lanamme-INF-1532-2023 el 29% de las carreteras del país no están en condiciones óptimas. Este dato, aunque alarmante, es solo la punta del iceberg de una problemática que se extiende por más de dos décadas, marcadas por una gestión deficiente y prácticas corruptas en el ámbito de la infraestructura vial.
A través de los años, los costarricenses han sido testigos y víctimas de una serie de administraciones que, lejos de resolver, parecen haber agravado el estado de las carreteras. La situación actual no es un fenómeno aislado, sino el resultado de años de negligencia, donde los "chorizos" y el mal manejo en las contrataciones y la calidad de los materiales han sido protagonistas.
Es imposible ignorar que la precariedad de estas vías no solo representa un peligro constante para quienes transitan a diario por ellas, sino que también es un reflejo del descuido y la falta de seriedad con la que se han manejado los recursos públicos. No es solo que los caminos estén llenos de baches y grietas, es que cada uno de estos defectos cuenta la historia de un sistema que ha fallado repetidamente a sus ciudadanos.
La administración del presidente Rodrigo Chaves, heredera de este caos vial, enfrenta ahora el desafío de no solo reparar las estructuras dañadas, sino también de restaurar la confianza de la población en sus líderes y en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y eficiencia de la infraestructura del país. Aunque es justo reconocer que el problema no se originó durante su mandato.
Es irónico pensar que, mientras algunos bolsillos se llenaban ilícitamente, miles de vehículos se deterioraban, consumiendo más combustible y requiriendo reparaciones más frecuentes, todo como consecuencia directa del mal estado de las carreteras. Esta ironía, sin embargo, no tiene nada de graciosa cuando se traduce en pérdidas económicas para el trabajador promedio, que día a día ve disminuido su ya limitado presupuesto.
Frente a este escenario, no solo es necesario un plan de acción inmediato y efectivo que priorice la reconstrucción y el mantenimiento adecuado de las carreteras, sino también un compromiso firme y transparente de parte del Gobierno para erradicar la corrupción que ha minado este sector. El pueblo costarricense merece más que promesas; merece hechos que puedan ser transitados con seguridad y confianza.
El estado de las carreteras en Costa Rica es un claro indicativo de cómo la corrupción y la mala gestión no solo socavan la infraestructura física de una nación, sino también su estructura moral y social.
Es imperativo que la actual administración tome cartas en el asunto no solo para reparar las carreteras, sino para reconstruir la confianza del público.
Al final del día, la pregunta sigue en el aire: ¿Quién paga los platos rotos de este desastre nacional?
Y lo que es más importante, ¿hasta cuándo los ciudadanos deberán seguir pagando el precio de estos errores del pasado?
A través de los años, los costarricenses han sido testigos y víctimas de una serie de administraciones que, lejos de resolver, parecen haber agravado el estado de las carreteras. La situación actual no es un fenómeno aislado, sino el resultado de años de negligencia, donde los "chorizos" y el mal manejo en las contrataciones y la calidad de los materiales han sido protagonistas.
Es imposible ignorar que la precariedad de estas vías no solo representa un peligro constante para quienes transitan a diario por ellas, sino que también es un reflejo del descuido y la falta de seriedad con la que se han manejado los recursos públicos. No es solo que los caminos estén llenos de baches y grietas, es que cada uno de estos defectos cuenta la historia de un sistema que ha fallado repetidamente a sus ciudadanos.
La administración del presidente Rodrigo Chaves, heredera de este caos vial, enfrenta ahora el desafío de no solo reparar las estructuras dañadas, sino también de restaurar la confianza de la población en sus líderes y en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y eficiencia de la infraestructura del país. Aunque es justo reconocer que el problema no se originó durante su mandato.
Es irónico pensar que, mientras algunos bolsillos se llenaban ilícitamente, miles de vehículos se deterioraban, consumiendo más combustible y requiriendo reparaciones más frecuentes, todo como consecuencia directa del mal estado de las carreteras. Esta ironía, sin embargo, no tiene nada de graciosa cuando se traduce en pérdidas económicas para el trabajador promedio, que día a día ve disminuido su ya limitado presupuesto.
Frente a este escenario, no solo es necesario un plan de acción inmediato y efectivo que priorice la reconstrucción y el mantenimiento adecuado de las carreteras, sino también un compromiso firme y transparente de parte del Gobierno para erradicar la corrupción que ha minado este sector. El pueblo costarricense merece más que promesas; merece hechos que puedan ser transitados con seguridad y confianza.
El estado de las carreteras en Costa Rica es un claro indicativo de cómo la corrupción y la mala gestión no solo socavan la infraestructura física de una nación, sino también su estructura moral y social.
Es imperativo que la actual administración tome cartas en el asunto no solo para reparar las carreteras, sino para reconstruir la confianza del público.
Al final del día, la pregunta sigue en el aire: ¿Quién paga los platos rotos de este desastre nacional?
Y lo que es más importante, ¿hasta cuándo los ciudadanos deberán seguir pagando el precio de estos errores del pasado?
