Candidato del PLN alega que ¢6 millones son parte de su salario
Álvarez Desanti reclama para uso privado
combustible que no usó como diputado
Director del Congreso ve imposible entregar los recursos a los que el exdiputado podría dar uso personal, electoral o en sus empresas.
El empresario y candidato presidencial por el PLN, Antonio Álvarez Desanti intenta cobrar unos ¢6 millones a la Asamblea Legislativa, correspondientes a las cuotas de combustible que no aprovechó durante el tiempo en que fungió como diputado. Desde abril hizo gestiones para poder disponer de ese recurso en su ámbito privado, sea personal, electoral o empresarial.
A pesar del criterio de la dirección administrativa de la Asamblea Legislativa, que considera tales recursos como ayudas técnicas para la función legislativa y no parte del salario de un diputado, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) insiste en reclamar los recursos públicos, por considerar que le pertenecen.
Se refiere al combustible que se fue acumulando durante casi año y medio, de los 500 litros por mes a los que tienen derecho todos los diputados. Estos equivalen a unos ¢300.000 según el precio de los combustibles y pueden ser utilizados con total discreción de los legisladores, sea para giras, para sus asesores, para donar a la comunidad o incluso para diligencias privadas, siempre que se canjeen en una gasolinera.
“Es que eso es mío. Me corresponde porque es parte de mi salario”, contestó Álvarez Desanti a UNIVERSIDAD cuando se le consultó por el caso que lleva varias semanas paseándose entre el Congreso, la Contraloría General de la República (CGR) y el Banco de Costa Rica (BCR, proveedor del servicio de tarjetas para la utilización de esos fondos).
El planteamiento inicial lo hizó cuando aún era congresista, el 27 de abril, en una nota dirigida a la CGR. En el oficio AAD-070-2017 pedía a la institución reservarle el cobro de ese dinero para una fecha posterior a su salida del Congreso, debido a una confusión de cuentas que hicieron que otra diputada gastara parte del dinero que él considera tiene derecho a reclamar.
En sus últimos días en Cuesta de Moras, Álvarez pretendía cerrar cuentas para cobrar unos ¢5 millones o su equivalente en litros de combustible y llevárselos a su campaña en el PLN, a la operación de sus fincas bananeras o a cualquier actividad de su ámbito privado.
Al hacer los cálculos, notó que le faltaban ¢3,8 millones y corrió a averiguar la razón. Le explicaron que habían sido usados por la diputada Suray Carrillo (diputada de Frente Amplio por Guanacaste) mediante una tarjeta que el BCR ligó por error a la cuenta de Álvarez Desanti.
Eso le impidió al candidato acreditarse los recursos antes del 1° de mayo, cuando se aplicaba la renuncia a la curul. Por eso, él pedía a la CGR que le reservaran el dinero o su equivalente, pero su gestión no fructificó.
La Contraloría le contestó el 3 de mayo que su solicitud escapa al ámbito contralor y que debería dirigirse a la administración de la Asamblea Legislativa.
“Se traslada el oficio para su atención con fundamento en el artículo 10 de la Ley de regulación del derecho de petición número 9097”, le escribe Amelia Jiménez Rueda, gerente de división, al director administrativo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales.
El director del Congreso, consultado por este tema, contó que no ha recibido ninguna solicitud formal de Álvarez Desanti, pero que está enterado del caso y no ve cómo pueda satisfacerlo.
“Eso es una ayuda técnica para el trabajo del diputado y él ya no lo es. No podemos hacer nada. No tenemos facultades para eso”, respondió Ayales antes de señalar que nunca antes ha recibido una solicitud semejante de parte de un exlegislador. “No hay reglas para ello ni normativa de ningún tipo”, añadió.
Ayales se basa en el oficio C-021-2012 que la Procuraduría General de la República (PGR) envió en 2012 a la Asamblea Legislativa. En él se lee que “dicha ayuda no tiene naturaleza retributiva-salarial”, pues está “estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado y su necesidad de desplazarse, en razón de sus especiales funciones, a lugares alejados del recinto parlamentario.
Ese criterio de la Procuraduría contestaba una consulta sobre la posibilidad o no de los diputados de usar el combustible aún después de dejar sus curules al término del mandato de cuatro años.
Concluía así: “resulta jurídicamente improcedente que una vez finalizado el período (…) se pretenda que quienes fueron diputados puedan seguir haciendo uso de la asignación de quinientos litros de combustible que el artículo 5 de la Ley Nº 7352 les confiere; esto aun en el caso de que al finalizar dicho período les quede algún remanente de la cuota de combustible correspondiente al último mes de su gestión… Admitir lo contrario implicaría una eventual desviación de poder (art. 131 de la Ley General de la Administración Pública)”.
Esto lo dice el documento que está en línea en el sitio abierto del Sistema Costarricense de Información Jurídica (CSIJ).
Sistema Costarricense de Informacion Juridica
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