¡Ay, Dios mío! Parece que los autobuseros van a tener la rifa extendida. La Comisión de Asuntos Jurídicos le dio luz verde al proyecto que les da ocho añitos extra a sus concesiones. Esto significa que en vez de siete años, ahora podrán manejar las rutas por quince. Un brete pa' ellos, vamos.
La movida es justificar la inversión en buses eléctricos, dicen. Entiendo la necesidad de modernizarse, nadie quiere andar en esos chinchorros viejos que te dejan enganchado, pero ¿a qué costo? Lo que preocupa es que esto dé mucho margen para que los empresarios se acomoden y no inviertan realmente en mejorar el servicio. Ya sabemos cómo andamos con eso.
El proyecto, presentado por el diputado Daniel Vargas, modifica el artículo 21 de la ley que regula el transporte remunerado. Básicamente, le cambia el número de años. Ahora, la ley habla de quince años de concesión, con promesas de cumplir con estándares de calidad y comodidad por parte del Consejo de Transporte Público (CTP). Pero ahí viene la polémica, porque para algunos, esto deja a los usuarios bien fajados.
Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, lanzó toda la descarga diciendo que el proyecto prioriza a los empresarios por arriba de la gente que necesita moverse. Según ella, se olvida de las necesidades de las comunidades que piden un servicio digno y accesible. Y vaya que tiene razón, ¿quién nos escucha a nosotros, los usuarios?
El diputado Vargas, sin embargo, defendió su posición argumentando que el plazo de la concesión no tiene nada que ver con la vida útil de los buses. Dijo que eso lo regula otra ley (la 7600), y que el CTP puede retirar las rutas si ya no cumplen con los requisitos, incluso antes de que termine el plazo de la concesión. Suena bien en teoría, pero… ¿cuántas veces hemos visto al CTP dormido?
La verdad es que esto me huele raro. Siempre hay intereses turbios detrás de estas cosas. Se supone que el Estado debe proteger a los ciudadanos, pero parece que en este caso, le están dando carta blanca a los negocios. Y luego nos quejamos de que el transporte público es un relajo, ¡pero así es como va la vaina!
Ahora, el proyecto pasa al Plenario, donde seguramente habrá más debates y mociones. Es posible que tenga que regresar a comisión para analizar algunas correcciones, pero todos sabemos cómo funcionan estas cosas: al final, siempre terminan cediendo a los caprichos de los más poderosos. Ese es el panorama general, mi pana.
Entonces, dime tú, ¿crees que extender el plazo de las concesiones de autobuses es realmente beneficioso para los usuarios o es solo un favor a los empresarios? ¿Deberían poner más énfasis en mejorar la calidad del servicio y bajar los precios antes de darle más tiempo a estos señores para seguir haciéndolo como quieran?
La movida es justificar la inversión en buses eléctricos, dicen. Entiendo la necesidad de modernizarse, nadie quiere andar en esos chinchorros viejos que te dejan enganchado, pero ¿a qué costo? Lo que preocupa es que esto dé mucho margen para que los empresarios se acomoden y no inviertan realmente en mejorar el servicio. Ya sabemos cómo andamos con eso.
El proyecto, presentado por el diputado Daniel Vargas, modifica el artículo 21 de la ley que regula el transporte remunerado. Básicamente, le cambia el número de años. Ahora, la ley habla de quince años de concesión, con promesas de cumplir con estándares de calidad y comodidad por parte del Consejo de Transporte Público (CTP). Pero ahí viene la polémica, porque para algunos, esto deja a los usuarios bien fajados.
Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, lanzó toda la descarga diciendo que el proyecto prioriza a los empresarios por arriba de la gente que necesita moverse. Según ella, se olvida de las necesidades de las comunidades que piden un servicio digno y accesible. Y vaya que tiene razón, ¿quién nos escucha a nosotros, los usuarios?
El diputado Vargas, sin embargo, defendió su posición argumentando que el plazo de la concesión no tiene nada que ver con la vida útil de los buses. Dijo que eso lo regula otra ley (la 7600), y que el CTP puede retirar las rutas si ya no cumplen con los requisitos, incluso antes de que termine el plazo de la concesión. Suena bien en teoría, pero… ¿cuántas veces hemos visto al CTP dormido?
La verdad es que esto me huele raro. Siempre hay intereses turbios detrás de estas cosas. Se supone que el Estado debe proteger a los ciudadanos, pero parece que en este caso, le están dando carta blanca a los negocios. Y luego nos quejamos de que el transporte público es un relajo, ¡pero así es como va la vaina!
Ahora, el proyecto pasa al Plenario, donde seguramente habrá más debates y mociones. Es posible que tenga que regresar a comisión para analizar algunas correcciones, pero todos sabemos cómo funcionan estas cosas: al final, siempre terminan cediendo a los caprichos de los más poderosos. Ese es el panorama general, mi pana.
Entonces, dime tú, ¿crees que extender el plazo de las concesiones de autobuses es realmente beneficioso para los usuarios o es solo un favor a los empresarios? ¿Deberían poner más énfasis en mejorar la calidad del servicio y bajar los precios antes de darle más tiempo a estos señores para seguir haciéndolo como quieran?
