¡Ay, Dios mío, qué situación nos cayó encima! Resulta que el gobierno de Rodrigo Chaves y la ministra de Salud interina, Mariela Marín, decidieron cambiar la norma técnica del aborto terapéutico. Un cambio radical, digámoslo así, que deja más preguntas que respuestas y a muchas mujeres preocupadísimas. Esperaron a estar justo en medio de la campaña electoral para sacarle esto encima, imagínate, como si no tuvieran otras cosas más urgentes que resolver.
La norma anterior, que data de 2019, se basaba en regular el procedimiento conforme al artículo 121 del Código Penal, aquel que protege la vida de la madre. Era claro: si había peligro para su salud o su vida, podía acceder al aborto. Pero en esta nueva versión, ¡el Código Penal ni se menciona!, parece que lo quisieran echar al olvido. La vieja norma reconocía esa excepción penal legítima, mientras que ahora se habla de “terminación del embarazo” y “salvaguarda de las dos vidas”. ¿A dónde quieren llegar con todo esto?
Y ahí entra el tema del “binomio madre-hijo(a)” y el infame “nasciturus”. Ahora, se protege al bebé desde la concepción, aparentemente, poniendo a la mujer en segundo plano. Antes, el enfoque era proteger la salud y la vida de la mujer; ahora, todo gira alrededor de ese supuesto bebé que aún ni siquiera existe como tal. Se olvidaron totalmente de las necesidades y derechos de la persona que lleva nueve meses cargando con eso, diay.
Además, del lenguaje ideológico que metieron, como la obligación de brindar atención espiritual, que a ver, si alguien no quiere rezar, ¿qué pasa? Parece que quieren imponer sus creencias religiosas a toda la población. Y ojo, porque ahora los centros privados tienen que pedirle permiso al Ministerio para tener sus propios protocolos. ¡Eso no es precisamente fomentar la autonomía, eh!
Otro detalle importante: antes, para solicitar el aborto terapéutico, tenía que haber un peligro real para la vida o la salud de la mujer. Ahora, se insiste en que se deben “agotar todos los medios para salvar ambas vidas”. ¿Acaso entienden que a veces, salvar a la madre significa terminar con el embarazo? Esto suena a persecución disfrazada de cuidado.
Lo que me da más chirria es que ahora hasta el cónyuge o el padre pueden firmar el consentimiento informado. ¿Qué necesidad? ¿Acaso la mujer no tiene capacidad de decidir sobre su propio cuerpo? ¿Acaso somos propiedad de nadie? Y tampoco podemos pasar por alto que ahora cualquier personal de salud puede objetar de conciencia, incluso si eso implica poner en riesgo la vida de la paciente. ¡Esto es un desmadre, pura torta!
Pero espera, que hay más. Ya no hay plazos definidos para que la junta médica tome una decisión, así que la burocracia puede demorar indefinidamente el acceso al aborto terapéutico. Y se introdujo el concepto de “embarazo en crisis”, que suena a algo apocalíptico. El registro detallado de los casos, con la identidad de la gestante, es otro tema delicado que abre la puerta a posibles violaciones de la privacidad.
Después de todo este revés, no puedo evitar preguntarme: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar los derechos de las mujeres en nombre de unos ideales religiosos? ¿Es justo obligarlas a llevar adelante embarazos que ponen en riesgo su salud física y mental? ¿Esta nueva norma realmente protege la vida o simplemente perpetúa la desigualdad y la discriminación? ¡Me encantaría saber qué opinan ustedes, mis queridos lectores del Foro de Costa Rica!
La norma anterior, que data de 2019, se basaba en regular el procedimiento conforme al artículo 121 del Código Penal, aquel que protege la vida de la madre. Era claro: si había peligro para su salud o su vida, podía acceder al aborto. Pero en esta nueva versión, ¡el Código Penal ni se menciona!, parece que lo quisieran echar al olvido. La vieja norma reconocía esa excepción penal legítima, mientras que ahora se habla de “terminación del embarazo” y “salvaguarda de las dos vidas”. ¿A dónde quieren llegar con todo esto?
Y ahí entra el tema del “binomio madre-hijo(a)” y el infame “nasciturus”. Ahora, se protege al bebé desde la concepción, aparentemente, poniendo a la mujer en segundo plano. Antes, el enfoque era proteger la salud y la vida de la mujer; ahora, todo gira alrededor de ese supuesto bebé que aún ni siquiera existe como tal. Se olvidaron totalmente de las necesidades y derechos de la persona que lleva nueve meses cargando con eso, diay.
Además, del lenguaje ideológico que metieron, como la obligación de brindar atención espiritual, que a ver, si alguien no quiere rezar, ¿qué pasa? Parece que quieren imponer sus creencias religiosas a toda la población. Y ojo, porque ahora los centros privados tienen que pedirle permiso al Ministerio para tener sus propios protocolos. ¡Eso no es precisamente fomentar la autonomía, eh!
Otro detalle importante: antes, para solicitar el aborto terapéutico, tenía que haber un peligro real para la vida o la salud de la mujer. Ahora, se insiste en que se deben “agotar todos los medios para salvar ambas vidas”. ¿Acaso entienden que a veces, salvar a la madre significa terminar con el embarazo? Esto suena a persecución disfrazada de cuidado.
Lo que me da más chirria es que ahora hasta el cónyuge o el padre pueden firmar el consentimiento informado. ¿Qué necesidad? ¿Acaso la mujer no tiene capacidad de decidir sobre su propio cuerpo? ¿Acaso somos propiedad de nadie? Y tampoco podemos pasar por alto que ahora cualquier personal de salud puede objetar de conciencia, incluso si eso implica poner en riesgo la vida de la paciente. ¡Esto es un desmadre, pura torta!
Pero espera, que hay más. Ya no hay plazos definidos para que la junta médica tome una decisión, así que la burocracia puede demorar indefinidamente el acceso al aborto terapéutico. Y se introdujo el concepto de “embarazo en crisis”, que suena a algo apocalíptico. El registro detallado de los casos, con la identidad de la gestante, es otro tema delicado que abre la puerta a posibles violaciones de la privacidad.
Después de todo este revés, no puedo evitar preguntarme: ¿Hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar los derechos de las mujeres en nombre de unos ideales religiosos? ¿Es justo obligarlas a llevar adelante embarazos que ponen en riesgo su salud física y mental? ¿Esta nueva norma realmente protege la vida o simplemente perpetúa la desigualdad y la discriminación? ¡Me encantaría saber qué opinan ustedes, mis queridos lectores del Foro de Costa Rica!
