Maes, hay varas en este país que tienen más vidas que un gato y más años que Matusalén. Si el caso conocido como “Reaseguros” fuera una persona, ya tendría cédula, probablemente estaría pagando el marchamo, y seguro se quejaría de las presas en la General Cañas. Este lunes, esta saga judicial que nació cuando muchos de nosotros todavía usábamos internet de dial-up, vuelve a los tribunales. Y sí, como en las buenas (o malas) series, regresan los protagonistas de siempre: el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente del INS, Cristóbal Zawadzki, entre otros. ¡Qué despiche de novela!
Para los que estaban muy güilas o no se acuerdan, les hago un resumen ejecutivo. La vara se destapó por allá del 2001 y el asunto es, en teoría, simple: se investiga si unas empresas reaseguradoras del Reino Unido le pasaron un jugoso billete por debajo de la mesa a varios funcionarios ticos para asegurarse el brete de ser las reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS). Básicamente, un presunto caso de corrupción de manual, de esos que llenaron los periódicos a inicios de siglo. El problema es que, veinte años después, el “presunto” sigue siendo la palabra clave porque aquí no se ha llegado a nada concreto.
Y es que el expediente de este caso ha rebotado más que una bola de pinball en el sistema judicial. ¡Qué sal! A lo largo de dos décadas hemos visto de todo: a don Miguel Ángel le dieron un sobreseimiento definitivo, pero la Fiscalía apeló; luego un juez interino dijo que nanai, que a juicio. El proceso se ha atrasado tanto que los mismos imputados tuvieron que meter un recurso de amparo en la Sala IV alegando que se les estaba negando el derecho a una justicia “pronta y cumplida”. Imagínense la ironía. La misma Sala les dio la razón y hasta se reconoció que hubo “actividad procesal defectuosa”. Uno pensaría que con eso la vara se iba al traste, pero no. El año pasado, contra todo pronóstico, le pusieron fecha de nuevo. Es el cuento de nunca acabar.
Claro, la defensa de Miguel Ángel Rodríguez no se ha quedado de brazos cruzados. Su abogado, Cristian Arguedas, salió a decir lo que para ellos es más que evidente: van a pedir la absolutoria. El mae tiene argumentos de sobra para sonar convincente. “Este es un proceso que ya la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo. El tribunal penal ya declaró que el proceso está viciado”, dijo. Según él, en estos 20 años se han dado “violaciones groseras al debido proceso”. Arguedas insiste en que su cliente siempre ha dado la cara y que esta es una batalla por el Estado de Derecho. Básicamente, su tesis es que el proceso ha sido una torta tan monumental que es imposible que de aquí salga algo justo.
Y así estamos, maes. Con un caso que parece un fantasma del pasado, recordándonos una era de la política costarricense que muchos preferirían olvidar. Mientras la justicia se toma su tiempo (un tiempo que ya parece una eternidad), los implicados envejecen y la memoria colectiva se desvanece. La línea entre justicia y un simple trámite burocrático para cerrar un expediente polvoriento se vuelve cada vez más delgada. Diay, la pregunta del millón es: ¿Ustedes creen que después de 20 años y un despiche procesal de este calibre, todavía se puede hablar de “justicia”? ¿O esta vara ya es puro trámite para cerrar un capítulo que debió terminar hace una década? Los leo.
Para los que estaban muy güilas o no se acuerdan, les hago un resumen ejecutivo. La vara se destapó por allá del 2001 y el asunto es, en teoría, simple: se investiga si unas empresas reaseguradoras del Reino Unido le pasaron un jugoso billete por debajo de la mesa a varios funcionarios ticos para asegurarse el brete de ser las reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS). Básicamente, un presunto caso de corrupción de manual, de esos que llenaron los periódicos a inicios de siglo. El problema es que, veinte años después, el “presunto” sigue siendo la palabra clave porque aquí no se ha llegado a nada concreto.
Y es que el expediente de este caso ha rebotado más que una bola de pinball en el sistema judicial. ¡Qué sal! A lo largo de dos décadas hemos visto de todo: a don Miguel Ángel le dieron un sobreseimiento definitivo, pero la Fiscalía apeló; luego un juez interino dijo que nanai, que a juicio. El proceso se ha atrasado tanto que los mismos imputados tuvieron que meter un recurso de amparo en la Sala IV alegando que se les estaba negando el derecho a una justicia “pronta y cumplida”. Imagínense la ironía. La misma Sala les dio la razón y hasta se reconoció que hubo “actividad procesal defectuosa”. Uno pensaría que con eso la vara se iba al traste, pero no. El año pasado, contra todo pronóstico, le pusieron fecha de nuevo. Es el cuento de nunca acabar.
Claro, la defensa de Miguel Ángel Rodríguez no se ha quedado de brazos cruzados. Su abogado, Cristian Arguedas, salió a decir lo que para ellos es más que evidente: van a pedir la absolutoria. El mae tiene argumentos de sobra para sonar convincente. “Este es un proceso que ya la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo. El tribunal penal ya declaró que el proceso está viciado”, dijo. Según él, en estos 20 años se han dado “violaciones groseras al debido proceso”. Arguedas insiste en que su cliente siempre ha dado la cara y que esta es una batalla por el Estado de Derecho. Básicamente, su tesis es que el proceso ha sido una torta tan monumental que es imposible que de aquí salga algo justo.
Y así estamos, maes. Con un caso que parece un fantasma del pasado, recordándonos una era de la política costarricense que muchos preferirían olvidar. Mientras la justicia se toma su tiempo (un tiempo que ya parece una eternidad), los implicados envejecen y la memoria colectiva se desvanece. La línea entre justicia y un simple trámite burocrático para cerrar un expediente polvoriento se vuelve cada vez más delgada. Diay, la pregunta del millón es: ¿Ustedes creen que después de 20 años y un despiche procesal de este calibre, todavía se puede hablar de “justicia”? ¿O esta vara ya es puro trámite para cerrar un capítulo que debió terminar hace una década? Los leo.