Maes, hablemos de una de esas varas que suenan súper técnicas pero que, al final del día, le mueven el piso a un montón de gente que se quema las pestañas en la U. ¿Cuántos de nosotros no conocemos a alguien que estudió Derecho, soñando con poner su propia oficina y, eventualmente, dar fe pública como notario? Suena tuanis, ¿verdad? El problema es que para llegar a ese punto, el camino es más empinado que la cuesta de la Contraloría en hora pico. Hay una lista de requisitos que parece sacada de un manual para armar un cohete, y ahora, un diputado le metió el ojo a uno de los filtros más polémicos.
Pongamos las cartas sobre la mesa. Para que un abogado pueda ser notario en Tiquicia, no basta con el título. ¡Para nada! Necesita la licenciatura, una especialidad en Derecho Notarial (que no es cualquier chunche), tener oficina abierta y, aquí viene el meollo del asunto, llevar dos años de incorporado al Colegio de Abogados. Dos años. Pensemos en lo que eso significa para un recién graduado. En un mercado laboral que ya de por sí está saturado, donde conseguir brete es una odisea, la ley te dice: "mae, espérese dos añitos pagando la colegiatura, a ver si sobrevive, y después hablamos". La verdad es que está bien salado, y muchos terminan sintiendo que todo el esfuerzo se va al traste antes de empezar.
Diay, ante este panorama, el diputado José Pablo Sibaja, de Nueva República, se mandó con el proyecto de ley 25.176. La idea es bastante directa: bajar ese requisito de dos años a solo uno. El argumento central es un balde de agua fría de realidad. Sibaja sostiene que hay que ver cómo está la calle para los abogados nuevos, un gremio que ha estado bajo la lupa por los resultados en los exámenes de incorporación y las altas tasas de desempleo. En palabras sencillas, se está pidiendo abrir una puerta que, para muchos, parece sellada con candado. No se trata de regalar nada, sino de ajustar las reglas a una realidad donde dos años pueden ser una eternidad financiera y profesional para alguien que recién empieza.
Ahora, aquí es donde la vara se pone compleja, porque ser notario no es cualquier cosa. No es vender frescos. Un notario tiene "fe pública", lo que significa que su firma y su sello tienen un peso legal enorme. Un error ahí y, ¡qué despiche se puede armar! Los fraudes notariales son un dolor de cabeza real y la gente vive con pánico de que les "bajen" una propiedad. El proyecto de ley lo reconoce y por eso no toca la supervisión y el control que ejerce la Dirección Nacional de Notariado. La apuesta es que la fiscalización se mantenga igual de ruda, pero que la barrera de entrada sea un toque más razonable. Es un balance delicado entre abrir oportunidades y no sacrificar la seguridad jurídica del país.
Al final, todo se resume en una pregunta que da para un buen rato de café. ¿Es este requisito de dos años un filtro de calidad necesario que garantiza la madurez y experiencia del profesional, o es simplemente una barrera de tiempo, una especie de "derecho de piso" que ya no tiene sentido en el mercado actual? Reducirlo a un año podría ser el empujón que necesitan miles de abogados jóvenes para arrancar, o podría ser visto como bajar la guardia. La discusión está abierta y, como siempre, hay argumentos de peso en ambos lados del ring. El miedo de muchos es que se le facilite el camino a alguien que, por falta de colmillo, termine por jalarse una torta monumental que afecte a un montón de gente.
Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Le bajarían el requisito a un año? ¿Creen que es una medida justa para la nueva generación de abogados o un riesgo innecesario para la fe pública del país? ¡Dejen su comentario, que esta vara se va a poner buena!
Pongamos las cartas sobre la mesa. Para que un abogado pueda ser notario en Tiquicia, no basta con el título. ¡Para nada! Necesita la licenciatura, una especialidad en Derecho Notarial (que no es cualquier chunche), tener oficina abierta y, aquí viene el meollo del asunto, llevar dos años de incorporado al Colegio de Abogados. Dos años. Pensemos en lo que eso significa para un recién graduado. En un mercado laboral que ya de por sí está saturado, donde conseguir brete es una odisea, la ley te dice: "mae, espérese dos añitos pagando la colegiatura, a ver si sobrevive, y después hablamos". La verdad es que está bien salado, y muchos terminan sintiendo que todo el esfuerzo se va al traste antes de empezar.
Diay, ante este panorama, el diputado José Pablo Sibaja, de Nueva República, se mandó con el proyecto de ley 25.176. La idea es bastante directa: bajar ese requisito de dos años a solo uno. El argumento central es un balde de agua fría de realidad. Sibaja sostiene que hay que ver cómo está la calle para los abogados nuevos, un gremio que ha estado bajo la lupa por los resultados en los exámenes de incorporación y las altas tasas de desempleo. En palabras sencillas, se está pidiendo abrir una puerta que, para muchos, parece sellada con candado. No se trata de regalar nada, sino de ajustar las reglas a una realidad donde dos años pueden ser una eternidad financiera y profesional para alguien que recién empieza.
Ahora, aquí es donde la vara se pone compleja, porque ser notario no es cualquier cosa. No es vender frescos. Un notario tiene "fe pública", lo que significa que su firma y su sello tienen un peso legal enorme. Un error ahí y, ¡qué despiche se puede armar! Los fraudes notariales son un dolor de cabeza real y la gente vive con pánico de que les "bajen" una propiedad. El proyecto de ley lo reconoce y por eso no toca la supervisión y el control que ejerce la Dirección Nacional de Notariado. La apuesta es que la fiscalización se mantenga igual de ruda, pero que la barrera de entrada sea un toque más razonable. Es un balance delicado entre abrir oportunidades y no sacrificar la seguridad jurídica del país.
Al final, todo se resume en una pregunta que da para un buen rato de café. ¿Es este requisito de dos años un filtro de calidad necesario que garantiza la madurez y experiencia del profesional, o es simplemente una barrera de tiempo, una especie de "derecho de piso" que ya no tiene sentido en el mercado actual? Reducirlo a un año podría ser el empujón que necesitan miles de abogados jóvenes para arrancar, o podría ser visto como bajar la guardia. La discusión está abierta y, como siempre, hay argumentos de peso en ambos lados del ring. El miedo de muchos es que se le facilite el camino a alguien que, por falta de colmillo, termine por jalarse una torta monumental que afecte a un montón de gente.
Y ustedes, ¿qué opinan? ¿Le bajarían el requisito a un año? ¿Creen que es una medida justa para la nueva generación de abogados o un riesgo innecesario para la fe pública del país? ¡Dejen su comentario, que esta vara se va a poner buena!
