¡Ay, Dios mío! Qué fiaca nos andamos dando en este país, ¿verdad? Resulta que esas 73 familias que estaban allá en Chorreras, en la milla fronteriza de San Carlos, Alajuela, quedaron en la calle. Sí, así como lo leyeron, desalojadas… y todo porque el Presidente Chaves les había echado humo prometiéndoles solucionarles la vida con unos papeles que parecían escrituras, ¿se imaginan?
La movida es más larga que la cola para el Festival de la Luz, mángue. Estas personas llevan décadas viviendo ahí, criando sus hijos, trabajando la tierra... Muchos incluso nacieron en Chorreras. Imagínate el susto, el desasosiego de tener que dejarlo todo atrás, arrastrar el ganado como esos pobres campesinos que vimos en un video llorando desconsoladamente. Un verdadero despache, ¡qué sal!
Y ojo, que esa zona, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, es territorio estatal, propiedad del país. No es que puedan comprársela, eso sí está claro. Pero durante años, el Estado mismo fue el que puso la infraestructura: la escuela, las antenas de telefonía, los caminos, la luz... Todo bien, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de cobrar factura.
Ahora resulta que el gobierno los acusa de deforestar y de estar invadiendo terrenos estatales. Pero las familias dicen que son peones de una jugada mucho más grande, que los están culpando por la extracción ilegal de oro que anda haciendo daño en Crucitas. ¡Eso sí es jalarse una torta! Acusar a gente trabajadora por los pecados de otros, pues eso es bueno de nada.
Recuerden que el mismísimo Chaves, en noviembre del año pasado, juró y perjuró que iba a regularizar la situación de estas familias “en menos de un año”. Promesas que se van al traste como un plátano en la selva. Le echaron mano con la resolución del Tribunal Penal, citándolos para que se fueran voluntariamente en dos meses. Una orden judicial sacada de encima, pero para la gente, una bofetada en la cara.
El Minae, siempre con su discurso pomposo, sale a decir que lo hicieron porque es una zona llena de “ocupaciones irregulares” y que funciona como una puerta de entrada para toda clase de fechorías: minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, deforestación… ¡Pero qué carga de justificaciones! Parece que prefieren echarle la culpa a la gente honesta para tapar sus propios errores.
Lo que más me preocupa es que esto es un reflejo de cómo estamos tratando las comunidades rurales en Costa Rica. Se les dice que son parte importante del país, pero luego los dejan morir de hambre y abandonados. Que pasa con las promesas de desarrollo rural, con la protección de los pequeños agricultores? Parece que solo les interesa el negocio y las ganancias fáciles, aunque signifique destruir el medio ambiente y dejar a miles de personas en la miseria. ¡Esto va camino a irse al traste!
Y acá queda la pregunta, compas: ¿Es justo desalojar a familias que han vivido y trabajado en una zona durante décadas, especialmente cuando el Estado mismo contribuyó a desarrollar esa comunidad? ¿Debería el gobierno buscar soluciones alternativas a la deportación, considerando las circunstancias particulares de estas familias? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, quiero saber qué piensan de este brete!
La movida es más larga que la cola para el Festival de la Luz, mángue. Estas personas llevan décadas viviendo ahí, criando sus hijos, trabajando la tierra... Muchos incluso nacieron en Chorreras. Imagínate el susto, el desasosiego de tener que dejarlo todo atrás, arrastrar el ganado como esos pobres campesinos que vimos en un video llorando desconsoladamente. Un verdadero despache, ¡qué sal!
Y ojo, que esa zona, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, es territorio estatal, propiedad del país. No es que puedan comprársela, eso sí está claro. Pero durante años, el Estado mismo fue el que puso la infraestructura: la escuela, las antenas de telefonía, los caminos, la luz... Todo bien, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de cobrar factura.
Ahora resulta que el gobierno los acusa de deforestar y de estar invadiendo terrenos estatales. Pero las familias dicen que son peones de una jugada mucho más grande, que los están culpando por la extracción ilegal de oro que anda haciendo daño en Crucitas. ¡Eso sí es jalarse una torta! Acusar a gente trabajadora por los pecados de otros, pues eso es bueno de nada.
Recuerden que el mismísimo Chaves, en noviembre del año pasado, juró y perjuró que iba a regularizar la situación de estas familias “en menos de un año”. Promesas que se van al traste como un plátano en la selva. Le echaron mano con la resolución del Tribunal Penal, citándolos para que se fueran voluntariamente en dos meses. Una orden judicial sacada de encima, pero para la gente, una bofetada en la cara.
El Minae, siempre con su discurso pomposo, sale a decir que lo hicieron porque es una zona llena de “ocupaciones irregulares” y que funciona como una puerta de entrada para toda clase de fechorías: minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, deforestación… ¡Pero qué carga de justificaciones! Parece que prefieren echarle la culpa a la gente honesta para tapar sus propios errores.
Lo que más me preocupa es que esto es un reflejo de cómo estamos tratando las comunidades rurales en Costa Rica. Se les dice que son parte importante del país, pero luego los dejan morir de hambre y abandonados. Que pasa con las promesas de desarrollo rural, con la protección de los pequeños agricultores? Parece que solo les interesa el negocio y las ganancias fáciles, aunque signifique destruir el medio ambiente y dejar a miles de personas en la miseria. ¡Esto va camino a irse al traste!
Y acá queda la pregunta, compas: ¿Es justo desalojar a familias que han vivido y trabajado en una zona durante décadas, especialmente cuando el Estado mismo contribuyó a desarrollar esa comunidad? ¿Debería el gobierno buscar soluciones alternativas a la deportación, considerando las circunstancias particulares de estas familias? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, quiero saber qué piensan de este brete!
