¡Ay, Dios mío, qué torta con esto de las licencias de cuidado! Parece que estamos viviendo en una novela de teleserie, donde nadie quiere asumir la responsabilidad. Las familias de pacientes graves siguen durmiendo de cartelera porque el gobierno, pa’lante, no les paga a los cuidadores. Se armó un relajo tremendo frente a Casa Presidencial, y la gente está harta, justificado.
Todo empezó hace meses, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se quedó sin lana para cubrir esas licencias. Lo primero que hicieron fue pedirle a la junta directiva que aprobaran un presupuesto extra, pero ahí empezaron los problemas. Resulta que necesitan el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR), y esa vara, mi pana, no avanza ni chirriando. Parecía fácil, pero el tema legal se complicó más que un laberinto.
El Gobierno, sin embargo, prefiere echarle la culpa a la Contraloría, alegando que ellos deberían agilizar el proceso. Dicen que no es necesario crear una nueva ley, ya que consideran que la Contraloría tiene la capacidad de aprobar el presupuesto sin necesidad de tanta burocracia. El viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, declaró que el proyecto del diputado Acuña “no va a generar absolutamente nada” y cuestionó, ¿para qué complicar las cosas si ya se aprobó la plata?, más que un check, parece.
Pero ahí entra Jonathan Acuña, diputado frenteamplista, quien no se queda callado. Él pide a la Contraloría que flexibilice su postura y valore la aprobación del presupuesto de la CCSS, incluso a pesar de las limitaciones legales. Según Acuña, la negativa del Presidente Chaves de convocar a la ley 25.240 es lo que está generando este embrollo. Vamos, que el presidente se lava las manos y deja la bola en terreno ajeno, ¡qué despiche!
Las familias afectadas, claro, no se andan con rodeos. Han estado manifestándose toda la semana frente a Casa Presidencial, exigiendo que se les paguen las licencias. Nancy Quirós, una de las manifestantes, lanzó una frase que te quedaba pegada: “El presidente debe convocar la ley, se necesita una reforma, desde agosto no nos pagan”. Con justa razón la señora, porque andar buscando cómo mantener a sus seres queridos es una carga que nadie debería tener que llevar.
Y para rematar, la presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, comentó que “la demanda excede el presupuesto asignado para este tipo de licencias”. Según ella, la Caja hizo lo posible y buscó fondos de otros ministerios, pero tampoco alcanzó. ¡Al final, siempre acaba siendo complicado conseguir el pan de todos los días! Esta señora, con todo respeto, a veces parece que vive en otro planeta.
La situación, vamos, es un verdadero brete para todas las partes involucradas. La Contraloría dice que no puede actuar fuera del marco legal, el Gobierno se niega a modificar la legislación, la Caja no tiene fondos y las familias sufren las consecuencias. Parece que el famoso ‘pura vida’ no aplica cuando se trata de resolver problemas reales. Y ahora, sumándole, Paula Bogantes, jerarca del MICITT, salió a defender al Gobierno y a pedirle a doña Marta Acosta, contralora general, que apure el trámite... ¡a ver si así se soluciona este lío!
Ahora bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Es razonable esperar que la Contraloría flexibilice su posición en este caso, o el Gobierno debería ceder y convocar a la ley para solucionar este problema de una vez por todas? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan mis compas sobre este tremendo asunto!
Todo empezó hace meses, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se quedó sin lana para cubrir esas licencias. Lo primero que hicieron fue pedirle a la junta directiva que aprobaran un presupuesto extra, pero ahí empezaron los problemas. Resulta que necesitan el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR), y esa vara, mi pana, no avanza ni chirriando. Parecía fácil, pero el tema legal se complicó más que un laberinto.
El Gobierno, sin embargo, prefiere echarle la culpa a la Contraloría, alegando que ellos deberían agilizar el proceso. Dicen que no es necesario crear una nueva ley, ya que consideran que la Contraloría tiene la capacidad de aprobar el presupuesto sin necesidad de tanta burocracia. El viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes, declaró que el proyecto del diputado Acuña “no va a generar absolutamente nada” y cuestionó, ¿para qué complicar las cosas si ya se aprobó la plata?, más que un check, parece.
Pero ahí entra Jonathan Acuña, diputado frenteamplista, quien no se queda callado. Él pide a la Contraloría que flexibilice su postura y valore la aprobación del presupuesto de la CCSS, incluso a pesar de las limitaciones legales. Según Acuña, la negativa del Presidente Chaves de convocar a la ley 25.240 es lo que está generando este embrollo. Vamos, que el presidente se lava las manos y deja la bola en terreno ajeno, ¡qué despiche!
Las familias afectadas, claro, no se andan con rodeos. Han estado manifestándose toda la semana frente a Casa Presidencial, exigiendo que se les paguen las licencias. Nancy Quirós, una de las manifestantes, lanzó una frase que te quedaba pegada: “El presidente debe convocar la ley, se necesita una reforma, desde agosto no nos pagan”. Con justa razón la señora, porque andar buscando cómo mantener a sus seres queridos es una carga que nadie debería tener que llevar.
Y para rematar, la presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, comentó que “la demanda excede el presupuesto asignado para este tipo de licencias”. Según ella, la Caja hizo lo posible y buscó fondos de otros ministerios, pero tampoco alcanzó. ¡Al final, siempre acaba siendo complicado conseguir el pan de todos los días! Esta señora, con todo respeto, a veces parece que vive en otro planeta.
La situación, vamos, es un verdadero brete para todas las partes involucradas. La Contraloría dice que no puede actuar fuera del marco legal, el Gobierno se niega a modificar la legislación, la Caja no tiene fondos y las familias sufren las consecuencias. Parece que el famoso ‘pura vida’ no aplica cuando se trata de resolver problemas reales. Y ahora, sumándole, Paula Bogantes, jerarca del MICITT, salió a defender al Gobierno y a pedirle a doña Marta Acosta, contralora general, que apure el trámite... ¡a ver si así se soluciona este lío!
Ahora bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Es razonable esperar que la Contraloría flexibilice su posición en este caso, o el Gobierno debería ceder y convocar a la ley para solucionar este problema de una vez por todas? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan mis compas sobre este tremendo asunto!
