¡Ay, Dios mío, qué bronca! Aquí en Costa Rica tenemos un buen atracón de polémica porque parece que algunos jueces se jalaron una torta considerable. Tres señores del poder judicial andan bien sudados porque soltaron a unos colombianos que estaban metidos en el Caso Guarumal, y esos tipos, ¡diay!, se escaparon justo después. Parece que el sistema judicial nos anda dando unas patadas en el trasero, y eso no mola ni un poquito.
Para refrescarles la memoria, el Caso Guarumal ha sido un brete desde hace rato. Resulta que la Fiscalía estaba investigando una banda de narcos colombianos que traían droga desde nuestro vecino del norte, pasando por el famoso Triángulo de Osa, y la distribuían en condominios lujosos por Heredia. Ya encontraron montones de cocaína, armas, y hasta una bodeguita secreta subterránea… una verdadera ‘carga’ de evidencias, vamos.
Pero aquí viene lo turbio. El juez Francisco Traña Chaves, de Osa, decidió dejar libres a Yohan Alexis Núñez Benítez, Roney Sánchez Castro y Rigoberto Muñoz Gómez, esos tres colombianos que habían sido arrestados en Palmar Sur. Argumentó que no había suficiente evidencia para mantenerlos presos, lo cual, según la Fiscalía, fue un error garrafal. Imagínense, les devuelve sus pasaportes y ¡puf! Desaparecidos. Una verdadera ‘sal’, amigos.
La Fiscalía, obviamente, no se quedó callada. Apelaron la decisión y pidieron que los mantuvieran presos preventivamente. Un juez diferente, Walter Cordero Prendas, les dio la razón y ordenó su captura, pero hasta hoy no saben dónde diablos están escondidos. ¡Imaginen la vergüenza! El caso ha sacudido al país entero, porque pone en tela de juicio la capacidad y la honestidad de nuestros jueces.
Y eso no es todo, amigos. La trama sigue teniendo capítulos inesperados. La Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia también está investigando a la jueza María José Solano Acuña, de Hatillo, porque cambió la medida de un preso extranjero acusado de tráfico de droga a arresto domiciliario, ¡sin siquiera monitorearlo electrónicamente! ¿Se imaginan el nivel de confianza que tenía en este tipo? Parece que la cosa está más podrida de lo que pensábamos, y eso no me gusta nada, sinceramente.
Además, hay otro caso similar con el juez Manuel Morales, que liberó a cuatro sospechosos de narcotráfico, alegando que tenían medidas cautelares como impedimento de salida del país y firma periódica. Pero la Fiscalía también apeló esa decisión, esperando que un tribunal superior revise lo sucedido. Claramente, hay una tendencia preocupante a tomar decisiones sumamente cuestionables en materia penal, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Este asunto ha generado un debate furioso en redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos dicen que los jueces están demasiado influenciados por las defensas, mientras que otros creen que la Fiscalía no presenta pruebas sólidas. Lo cierto es que la confianza en el sistema judicial está por los suelos, y eso es un problema serio para nuestra democracia. Tenemos que encontrar una solución rápida y efectiva para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir, porque la impunidad no puede seguir siendo la norma por aquí, chunches.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deberían destituir a estos jueces inmediatamente, o merecen tener la oportunidad de defenderse? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema judicial para garantizar que se haga justicia de manera justa y eficiente, y evitar que los delincuentes se vayan al traste con la colaboración de quienes deberían estar protegiéndonos?
Para refrescarles la memoria, el Caso Guarumal ha sido un brete desde hace rato. Resulta que la Fiscalía estaba investigando una banda de narcos colombianos que traían droga desde nuestro vecino del norte, pasando por el famoso Triángulo de Osa, y la distribuían en condominios lujosos por Heredia. Ya encontraron montones de cocaína, armas, y hasta una bodeguita secreta subterránea… una verdadera ‘carga’ de evidencias, vamos.
Pero aquí viene lo turbio. El juez Francisco Traña Chaves, de Osa, decidió dejar libres a Yohan Alexis Núñez Benítez, Roney Sánchez Castro y Rigoberto Muñoz Gómez, esos tres colombianos que habían sido arrestados en Palmar Sur. Argumentó que no había suficiente evidencia para mantenerlos presos, lo cual, según la Fiscalía, fue un error garrafal. Imagínense, les devuelve sus pasaportes y ¡puf! Desaparecidos. Una verdadera ‘sal’, amigos.
La Fiscalía, obviamente, no se quedó callada. Apelaron la decisión y pidieron que los mantuvieran presos preventivamente. Un juez diferente, Walter Cordero Prendas, les dio la razón y ordenó su captura, pero hasta hoy no saben dónde diablos están escondidos. ¡Imaginen la vergüenza! El caso ha sacudido al país entero, porque pone en tela de juicio la capacidad y la honestidad de nuestros jueces.
Y eso no es todo, amigos. La trama sigue teniendo capítulos inesperados. La Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia también está investigando a la jueza María José Solano Acuña, de Hatillo, porque cambió la medida de un preso extranjero acusado de tráfico de droga a arresto domiciliario, ¡sin siquiera monitorearlo electrónicamente! ¿Se imaginan el nivel de confianza que tenía en este tipo? Parece que la cosa está más podrida de lo que pensábamos, y eso no me gusta nada, sinceramente.
Además, hay otro caso similar con el juez Manuel Morales, que liberó a cuatro sospechosos de narcotráfico, alegando que tenían medidas cautelares como impedimento de salida del país y firma periódica. Pero la Fiscalía también apeló esa decisión, esperando que un tribunal superior revise lo sucedido. Claramente, hay una tendencia preocupante a tomar decisiones sumamente cuestionables en materia penal, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Este asunto ha generado un debate furioso en redes sociales y en los medios de comunicación. Algunos dicen que los jueces están demasiado influenciados por las defensas, mientras que otros creen que la Fiscalía no presenta pruebas sólidas. Lo cierto es que la confianza en el sistema judicial está por los suelos, y eso es un problema serio para nuestra democracia. Tenemos que encontrar una solución rápida y efectiva para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir, porque la impunidad no puede seguir siendo la norma por aquí, chunches.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que deberían destituir a estos jueces inmediatamente, o merecen tener la oportunidad de defenderse? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema judicial para garantizar que se haga justicia de manera justa y eficiente, y evitar que los delincuentes se vayan al traste con la colaboración de quienes deberían estar protegiéndonos?
