¡Aguante! La Sala Cuarta le ha puesto el freno a toda prisa al gobierno de Rodrigo Chaves en relación con la subasta de frecuencias radiotelevisivas. Resulta que admitieron un recurso presentado por Canartel, alegando que el esquema propuesto para entregar estas licencias es un verdadero despache, priorizando a los peces gordos sobre las estaciones más pequeñas y comunitarias. ¡Imagínate la bronca!
Como muchos recuerdan, la propuesta del gobierno era una subasta “al alza”, donde los interesados debían poner posturas elevadísimas desde el inicio. La idea, según el MICITT, era asegurar que quien pujara tuviera realmente la capacidad de invertir y modernizar sus operaciones. Pero Saray Amador, presidenta de Canartel, vio ahí un problema serio: dejaba fuera a las emisoras que no tienen los recursos de los grandes grupos mediáticos, esas que ya están hechas y listas.
Amador argumenta, y con razón, que la fórmula ignora completamente la realidad económica de muchas estaciones. No se toman en cuenta los concesionarios existentes, ni tampoco la importancia de las radios culturales, religiosas o comunitarias, que a menudo viven al filo del precipicio financiero. ¡Un verdadero desatino! Además, señalan que se invisibilizó el rol fundamental que juega la radiodifusión abierta en garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia decente.
El recurso también destaca otro detalle raro: el requisito de presentar un flujo de caja proyectado a 10 años con una tasa interna de retorno (TIR) mayor a una tasa de descuento. ¡Una exigencia que parece sacada de otro planeta! Según Amador, esto equivale a pedirle a una pequeña empresa que demuestre que va a hacer miles de millones en ganancias durante una década, algo prácticamente imposible. “Resulta materialmente imposible de cumplir para muchas pequeñas y medianas empresas nacionales, cuya estructura y capacidad financiera no se asemeja a la de grandes conglomerados mediáticos,” dice ella textualmente en el recurso. ¡Dicho y hecho!
Y ojo porque no es la primera vez que se detiene esta iniciativa. Hace poco, la Fundación Ciudadela de Libertad obtuvo una medida cautelar similar, frenando temporalmente la subasta. Esto demuestra que hay hartazgo generalizado con la forma en que el gobierno quiere manejar este asunto. Se siente que quieren imponer un modelo que beneficia a unos pocos privilegiados a costa de la diversidad y pluralidad en el medio radial y televisivo. ¡Qué torta!
Según información preliminar, si la subasta se hubiera concretado tal cual estaba planeada, el número de medios habilitados en el país se reduciría drásticamente a solo 21. ¡Menos opciones para escuchar y informarnos! La Sala Constitucional, con esta decisión, da un respiro a la esperanza de mantener un panorama mediático diverso y accesible para todos los costarricenses. Es un golpe certero a la idea de concentrar el poder de la comunicación en manos de unos cuantos.
Pero la polémica no termina ahí. El presidente Chaves ha defendido públicamente la subasta, e incluso ha mencionado la posibilidad de regalar frecuencias a radios católicas y evangélicas. Una propuesta que levanta ampollas y genera sospechas sobre posibles acuerdos políticos detrás de este proceso. De seguro habrá roces y debates intensos en las próximas semanas mientras la Sala Constitucional evalúa el fondo del recurso.
Ahora, con la pelota en la cancha de la Sala Constitucional, la pregunta que queda es: ¿Debería el gobierno reconsiderar por completo el modelo de subasta, buscando alternativas que garanticen la participación equitativa de todas las emisoras, incluyendo las comunitarias y las de menor tamaño, o persistirá en su plan original, arriesgándose a una eventual declaración de inconstitucionalidad?
Como muchos recuerdan, la propuesta del gobierno era una subasta “al alza”, donde los interesados debían poner posturas elevadísimas desde el inicio. La idea, según el MICITT, era asegurar que quien pujara tuviera realmente la capacidad de invertir y modernizar sus operaciones. Pero Saray Amador, presidenta de Canartel, vio ahí un problema serio: dejaba fuera a las emisoras que no tienen los recursos de los grandes grupos mediáticos, esas que ya están hechas y listas.
Amador argumenta, y con razón, que la fórmula ignora completamente la realidad económica de muchas estaciones. No se toman en cuenta los concesionarios existentes, ni tampoco la importancia de las radios culturales, religiosas o comunitarias, que a menudo viven al filo del precipicio financiero. ¡Un verdadero desatino! Además, señalan que se invisibilizó el rol fundamental que juega la radiodifusión abierta en garantizar el acceso a la información y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia decente.
El recurso también destaca otro detalle raro: el requisito de presentar un flujo de caja proyectado a 10 años con una tasa interna de retorno (TIR) mayor a una tasa de descuento. ¡Una exigencia que parece sacada de otro planeta! Según Amador, esto equivale a pedirle a una pequeña empresa que demuestre que va a hacer miles de millones en ganancias durante una década, algo prácticamente imposible. “Resulta materialmente imposible de cumplir para muchas pequeñas y medianas empresas nacionales, cuya estructura y capacidad financiera no se asemeja a la de grandes conglomerados mediáticos,” dice ella textualmente en el recurso. ¡Dicho y hecho!
Y ojo porque no es la primera vez que se detiene esta iniciativa. Hace poco, la Fundación Ciudadela de Libertad obtuvo una medida cautelar similar, frenando temporalmente la subasta. Esto demuestra que hay hartazgo generalizado con la forma en que el gobierno quiere manejar este asunto. Se siente que quieren imponer un modelo que beneficia a unos pocos privilegiados a costa de la diversidad y pluralidad en el medio radial y televisivo. ¡Qué torta!
Según información preliminar, si la subasta se hubiera concretado tal cual estaba planeada, el número de medios habilitados en el país se reduciría drásticamente a solo 21. ¡Menos opciones para escuchar y informarnos! La Sala Constitucional, con esta decisión, da un respiro a la esperanza de mantener un panorama mediático diverso y accesible para todos los costarricenses. Es un golpe certero a la idea de concentrar el poder de la comunicación en manos de unos cuantos.
Pero la polémica no termina ahí. El presidente Chaves ha defendido públicamente la subasta, e incluso ha mencionado la posibilidad de regalar frecuencias a radios católicas y evangélicas. Una propuesta que levanta ampollas y genera sospechas sobre posibles acuerdos políticos detrás de este proceso. De seguro habrá roces y debates intensos en las próximas semanas mientras la Sala Constitucional evalúa el fondo del recurso.
Ahora, con la pelota en la cancha de la Sala Constitucional, la pregunta que queda es: ¿Debería el gobierno reconsiderar por completo el modelo de subasta, buscando alternativas que garanticen la participación equitativa de todas las emisoras, incluyendo las comunitarias y las de menor tamaño, o persistirá en su plan original, arriesgándose a una eventual declaración de inconstitucionalidad?
