En los últimos años, el país ha visto un aumento exponencial en el número de personas adultas mayores, y esta tendencia no muestra signos de desaceleración. Este cambio demográfico se debe a una combinación de factores, incluyendo una baja tasa de fecundidad y una alta esperanza de vida.
Costa Rica, con un promedio actual de 1,3 hijos por mujer, tiene la tasa de fecundidad más baja de América. A esto se suma una baja tasa de mortalidad y una alta calidad de vida que ha llevado a que la población viva más años.
Esta creciente longevidad trae consigo desafíos significativos que el país no está preparado para enfrentar. Las instituciones de salud, como la Caja Costarricense del Seguro Social, están cada vez más saturadas y menos capaces de atender a la creciente población de personas mayores. Según el tercer informe de personas adultas mayores en Costa Rica, el 21% de las consultas externas y el 22% de los egresos hospitalarios corresponden a personas de 65 años o más. Esto indica una carga significativa sobre el sistema de salud que no tiene los recursos suficientes para manejar la demanda.
La falta de planificación y adaptación de las políticas públicas es evidente. Los recursos económicos destinados a las personas adultas mayores se han mantenido estancados, sin ajustarse al crecimiento de esta población. Las ciudades, por su parte, no están diseñadas para ser amigables con las personas mayores, lo que genera barreras adicionales para su bienestar y accesibilidad. Las infraestructuras urbanas, el transporte y las obras públicas necesitan transformarse para atender las necesidades específicas de esta población vulnerable.
Otro aspecto crítico del envejecimiento acelerado es el aumento del abandono de personas adultas mayores. En los últimos ocho años, el número de personas mayores abandonadas en centros de salud ha crecido significativamente, pasando de 9 en 2014 a 89 en 2022. Este fenómeno no solo representa un costo financiero para los hospitales, que deben mantener a personas que no necesitan atención médica urgente, sino también un riesgo para la salud de estas personas, quienes pueden contraer enfermedades debido a su estancia prolongada en centros médicos.
El abandono no se debe únicamente a la falta de recursos de las familias. Incluso aquellas con capacidades económicas adecuadas a veces abandonan a sus miembros mayores, debido al agotamiento físico y emocional que implica su cuidado.
Además, algunos casos de autoabandono ocurren cuando las personas mayores, a pesar de tener apoyo, deciden no aceptar ayuda.
Es urgente que Costa Rica comience a buscar soluciones integrales para estos problemas. El país necesita un cambio sociocultural que sensibilice a la población sobre la importancia de un envejecimiento activo y saludable. Las autoridades deben implementar campañas de prevención que eduquen a las personas desde jóvenes sobre el cuidado de la salud, especialmente en relación con enfermedades prevalentes en la vejez, como la diabetes y la hipertensión.
La responsabilidad no recae solo en las instituciones públicas, sino también en la comunidad y en la sociedad en general. Se necesita una participación activa de todas las áreas, incluida la academia, para generar conocimiento crítico y asesorar en la creación de políticas efectivas. Las soluciones deben priorizar la decisión y el bienestar de las personas adultas mayores, asegurando que puedan vivir con dignidad y acceso a los recursos necesarios.
Costa Rica se enfrenta a un desafío demográfico significativo que requiere una acción concertada y planificada.
La falta de preparación y la inadecuada adaptación de las políticas públicas y de infraestructura deben ser abordadas con urgencia.
Solo a través de un esfuerzo colectivo y coordinado será posible garantizar un futuro en el que las personas adultas mayores puedan vivir plenamente y con dignidad.
Costa Rica, con un promedio actual de 1,3 hijos por mujer, tiene la tasa de fecundidad más baja de América. A esto se suma una baja tasa de mortalidad y una alta calidad de vida que ha llevado a que la población viva más años.
Esta creciente longevidad trae consigo desafíos significativos que el país no está preparado para enfrentar. Las instituciones de salud, como la Caja Costarricense del Seguro Social, están cada vez más saturadas y menos capaces de atender a la creciente población de personas mayores. Según el tercer informe de personas adultas mayores en Costa Rica, el 21% de las consultas externas y el 22% de los egresos hospitalarios corresponden a personas de 65 años o más. Esto indica una carga significativa sobre el sistema de salud que no tiene los recursos suficientes para manejar la demanda.
La falta de planificación y adaptación de las políticas públicas es evidente. Los recursos económicos destinados a las personas adultas mayores se han mantenido estancados, sin ajustarse al crecimiento de esta población. Las ciudades, por su parte, no están diseñadas para ser amigables con las personas mayores, lo que genera barreras adicionales para su bienestar y accesibilidad. Las infraestructuras urbanas, el transporte y las obras públicas necesitan transformarse para atender las necesidades específicas de esta población vulnerable.
Otro aspecto crítico del envejecimiento acelerado es el aumento del abandono de personas adultas mayores. En los últimos ocho años, el número de personas mayores abandonadas en centros de salud ha crecido significativamente, pasando de 9 en 2014 a 89 en 2022. Este fenómeno no solo representa un costo financiero para los hospitales, que deben mantener a personas que no necesitan atención médica urgente, sino también un riesgo para la salud de estas personas, quienes pueden contraer enfermedades debido a su estancia prolongada en centros médicos.
El abandono no se debe únicamente a la falta de recursos de las familias. Incluso aquellas con capacidades económicas adecuadas a veces abandonan a sus miembros mayores, debido al agotamiento físico y emocional que implica su cuidado.
Además, algunos casos de autoabandono ocurren cuando las personas mayores, a pesar de tener apoyo, deciden no aceptar ayuda.
Es urgente que Costa Rica comience a buscar soluciones integrales para estos problemas. El país necesita un cambio sociocultural que sensibilice a la población sobre la importancia de un envejecimiento activo y saludable. Las autoridades deben implementar campañas de prevención que eduquen a las personas desde jóvenes sobre el cuidado de la salud, especialmente en relación con enfermedades prevalentes en la vejez, como la diabetes y la hipertensión.
La responsabilidad no recae solo en las instituciones públicas, sino también en la comunidad y en la sociedad en general. Se necesita una participación activa de todas las áreas, incluida la academia, para generar conocimiento crítico y asesorar en la creación de políticas efectivas. Las soluciones deben priorizar la decisión y el bienestar de las personas adultas mayores, asegurando que puedan vivir con dignidad y acceso a los recursos necesarios.
Costa Rica se enfrenta a un desafío demográfico significativo que requiere una acción concertada y planificada.
La falta de preparación y la inadecuada adaptación de las políticas públicas y de infraestructura deben ser abordadas con urgencia.
Solo a través de un esfuerzo colectivo y coordinado será posible garantizar un futuro en el que las personas adultas mayores puedan vivir plenamente y con dignidad.