¡Ay, Dios mío, qué lío nos cayó! El gobierno de Rodrigo Chaves ha estado dando vueltas con la norma técnica del aborto terapéutico, y el asunto se puso más turbio aún. Dicen que es para congraciarse con los grupos evangélicos, pero según el experto en bioética, Alejandro Marín, ¡es más bien una jugadera política con sabor a atolillo con el dedo!
Marín, el tipo, echó humo explicando que, aunque cambiaron algunas palabritas y agregaron otras, el fondo de la norma no cambió ni poquito. Esto significa que, técnicamente hablando, las cosas siguen igual, pero la forma en que se explica parece diseñada para confundir y asustar a los médicos, ¿sabes?
Lo peor de todo, según él, es que la redacción de la nueva norma es un verdadero despache. En leyes y reglamentos, necesita ser súper clara para que no haya espacio para interpretaciones raras, pero esta norma es todo lo contrario. Usa términos rarísimos que nadie entiende, comete errores técnicos y legales, y crea más preguntas que respuestas.
“La ambigüedad te mete en problemas”, soltó Marín. “Esta norma genera incertidumbre porque usa palabras equivocadas y confusas. No puedes poner ejemplos en una norma, porque eso abre la puerta a malas interpretaciones.” Él cree que esa ambigüedad es intencional, una movida para crear desorden y hacer que la norma no funcione, ¡qué sal!”
Y ahí no termina la cosa. Marín señaló que el principal fallo está en que la norma no define bien el procedimiento. Antes, la norma especificaba quiénes eran los doctores que debían participar y en cuánto tiempo tenían que tomar decisiones. Ahora, todo queda abierto a la interpretación, dejando a los hospitales más pequeños sin poder atender los casos, ¡una verdadera carga!
Además, la norma tampoco aclara qué pasa si una paciente quiere apelar la decisión de los médicos. Parece que el gobierno, aprovechando que estamos en época de elecciones, está jugando con los derechos de las mujeres como si fueran canicas. “Esto responde a intereses político-electorales, no a la salud de las mujeres”, sentenció Marín, directo al grano.
Pero esperen, que hay más. El Código Penal dice que el aborto es impune en ciertas circunstancias, y una norma técnica no puede ir en contra de eso. Afortunadamente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene sus propios protocolos, así que puede seguir atendiendo a las pacientes sin mayores complicaciones. “Es una burla”, agregó Marín. “Prefiero la norma anterior porque era clara sobre el procedimiento.” Según él, los médicos deberían seguir haciendo su trabajo sin miedo, basándose en la ética y el Código Penal.
Ahora, me pregunto… ¿Estamos ante una estrategia deliberada para desmantelar gradualmente el acceso al aborto seguro en Costa Rica, o simplemente somos víctimas de una incompetencia burocrática extrema? ¿Creen que esta norma genera más confusión que claridad, y cuál creen que será el impacto real en la salud de las mujeres ticas?
Marín, el tipo, echó humo explicando que, aunque cambiaron algunas palabritas y agregaron otras, el fondo de la norma no cambió ni poquito. Esto significa que, técnicamente hablando, las cosas siguen igual, pero la forma en que se explica parece diseñada para confundir y asustar a los médicos, ¿sabes?
Lo peor de todo, según él, es que la redacción de la nueva norma es un verdadero despache. En leyes y reglamentos, necesita ser súper clara para que no haya espacio para interpretaciones raras, pero esta norma es todo lo contrario. Usa términos rarísimos que nadie entiende, comete errores técnicos y legales, y crea más preguntas que respuestas.
“La ambigüedad te mete en problemas”, soltó Marín. “Esta norma genera incertidumbre porque usa palabras equivocadas y confusas. No puedes poner ejemplos en una norma, porque eso abre la puerta a malas interpretaciones.” Él cree que esa ambigüedad es intencional, una movida para crear desorden y hacer que la norma no funcione, ¡qué sal!”
Y ahí no termina la cosa. Marín señaló que el principal fallo está en que la norma no define bien el procedimiento. Antes, la norma especificaba quiénes eran los doctores que debían participar y en cuánto tiempo tenían que tomar decisiones. Ahora, todo queda abierto a la interpretación, dejando a los hospitales más pequeños sin poder atender los casos, ¡una verdadera carga!
Además, la norma tampoco aclara qué pasa si una paciente quiere apelar la decisión de los médicos. Parece que el gobierno, aprovechando que estamos en época de elecciones, está jugando con los derechos de las mujeres como si fueran canicas. “Esto responde a intereses político-electorales, no a la salud de las mujeres”, sentenció Marín, directo al grano.
Pero esperen, que hay más. El Código Penal dice que el aborto es impune en ciertas circunstancias, y una norma técnica no puede ir en contra de eso. Afortunadamente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene sus propios protocolos, así que puede seguir atendiendo a las pacientes sin mayores complicaciones. “Es una burla”, agregó Marín. “Prefiero la norma anterior porque era clara sobre el procedimiento.” Según él, los médicos deberían seguir haciendo su trabajo sin miedo, basándose en la ética y el Código Penal.
Ahora, me pregunto… ¿Estamos ante una estrategia deliberada para desmantelar gradualmente el acceso al aborto seguro en Costa Rica, o simplemente somos víctimas de una incompetencia burocrática extrema? ¿Creen que esta norma genera más confusión que claridad, y cuál creen que será el impacto real en la salud de las mujeres ticas?
