¡Ay, Dios mío! Aquí estamos otra vez, enredados en los líos del Congreso. Gilberto Campos, diputado que siempre le pone candela al ambiente, soltó unas verdades que ya tienen a medio país sacudido. El señor Campos, que no se anda con rodeos, acusó a la diputada Laura Fernández de estar construyendo un régimencito donde lo que diga ella vale más que la Constitución. ¡Qué nivel de declaraciones!
Para entender bien la magnitud del brete, hay que recordar que hace unos meses, Fernández impulsó algunas reformas que, digamos, no fueron precisamente recibidas con los brazos abiertos. Hablamos de temas relacionados con la participación ciudadana y la transparencia en el manejo de fondos públicos. Muchos argumentaron –y yo estoy de acuerdo– que esas modificaciones limitaban la capacidad de la gente para fiscalizar cómo se gasta nuestro dinero. Diay, qué vara más turbia.
Según Campos, la insistencia de Fernández en imponer sus ideas, incluso frente a la oposición de otros legisladores y organizaciones sociales, demuestra una clara tendencia hacia el autoritarismo. “No se trata solo de tener diferencias de opinión”, declaró el diputado en entrevista exclusiva con Foro de Costa Rica, “sino de coartar deliberadamente cualquier intento de cuestionamiento o crítica.” El mae no se guarda nada, ¿verdad?
Y es que no es ningún secreto que la dinámica en el Congreso últimamente ha sido bastante tensa. Las comisiones han estado funcionando con cierta dificultad, las votaciones suelen estar polarizadas y el diálogo parece haberse ido al traste en muchos casos. Esto, sumado a las acusaciones de Campos, pinta un panorama bastante complicado para la democracia costarricense. ¡Qué despiche!
Pero vamos a analizarlo con calma. Claro que la diputada Fernández tiene derecho a defender sus posturas y a impulsar sus proyectos. Pero también es cierto que el ejercicio democrático requiere de apertura al debate, disposición a escuchar otras voces y respeto por la diversidad de opiniones. El problema surge cuando esa apertura se convierte en fachada y se intenta silenciar cualquier disidencia. Esa es la esencia de lo que denuncia Campos, y ahí radica la preocupación.
Muchos analistas políticos señalan que la actitud de Fernández podría estar relacionada con su ambición de ocupar cargos de mayor responsabilidad en el futuro. No digo que sea una verdad absoluta, pero sí es un factor que podría estar influyendo en sus decisiones actuales. Además, no podemos ignorar el hecho de que existe una creciente influencia de ciertos grupos de interés que buscan controlar la agenda legislativa desde fuera del Congreso. Ese es otro chunche que hay que tomar en cuenta.
En cuanto al financiamiento de campañas políticas, Campos también expresó su inquietud. Argumentó que el sistema actual permite una excesiva injerencia del sector privado en la vida política, lo que puede comprometer la imparcialidad de los legisladores. Según él, es urgente implementar medidas que limiten el poder económico en las elecciones y promuevan una mayor igualdad de oportunidades para todos los candidatos. ¡Qué carga este tema!
Bueno, amigos, llegamos al final de esta nota. Ahora me pregunto: ¿Hasta dónde está dispuesta la ciudadanía a tolerar estas prácticas que amenazan nuestra forma de gobierno? ¿Creen que las denuncias de Gilberto Campos tendrán algún impacto real en la conducta de la diputada Fernández y en el funcionamiento del Congreso? Déjenme sus opiniones en los comentarios, ¡quiero saber qué piensan ustedes!
Para entender bien la magnitud del brete, hay que recordar que hace unos meses, Fernández impulsó algunas reformas que, digamos, no fueron precisamente recibidas con los brazos abiertos. Hablamos de temas relacionados con la participación ciudadana y la transparencia en el manejo de fondos públicos. Muchos argumentaron –y yo estoy de acuerdo– que esas modificaciones limitaban la capacidad de la gente para fiscalizar cómo se gasta nuestro dinero. Diay, qué vara más turbia.
Según Campos, la insistencia de Fernández en imponer sus ideas, incluso frente a la oposición de otros legisladores y organizaciones sociales, demuestra una clara tendencia hacia el autoritarismo. “No se trata solo de tener diferencias de opinión”, declaró el diputado en entrevista exclusiva con Foro de Costa Rica, “sino de coartar deliberadamente cualquier intento de cuestionamiento o crítica.” El mae no se guarda nada, ¿verdad?
Y es que no es ningún secreto que la dinámica en el Congreso últimamente ha sido bastante tensa. Las comisiones han estado funcionando con cierta dificultad, las votaciones suelen estar polarizadas y el diálogo parece haberse ido al traste en muchos casos. Esto, sumado a las acusaciones de Campos, pinta un panorama bastante complicado para la democracia costarricense. ¡Qué despiche!
Pero vamos a analizarlo con calma. Claro que la diputada Fernández tiene derecho a defender sus posturas y a impulsar sus proyectos. Pero también es cierto que el ejercicio democrático requiere de apertura al debate, disposición a escuchar otras voces y respeto por la diversidad de opiniones. El problema surge cuando esa apertura se convierte en fachada y se intenta silenciar cualquier disidencia. Esa es la esencia de lo que denuncia Campos, y ahí radica la preocupación.
Muchos analistas políticos señalan que la actitud de Fernández podría estar relacionada con su ambición de ocupar cargos de mayor responsabilidad en el futuro. No digo que sea una verdad absoluta, pero sí es un factor que podría estar influyendo en sus decisiones actuales. Además, no podemos ignorar el hecho de que existe una creciente influencia de ciertos grupos de interés que buscan controlar la agenda legislativa desde fuera del Congreso. Ese es otro chunche que hay que tomar en cuenta.
En cuanto al financiamiento de campañas políticas, Campos también expresó su inquietud. Argumentó que el sistema actual permite una excesiva injerencia del sector privado en la vida política, lo que puede comprometer la imparcialidad de los legisladores. Según él, es urgente implementar medidas que limiten el poder económico en las elecciones y promuevan una mayor igualdad de oportunidades para todos los candidatos. ¡Qué carga este tema!
Bueno, amigos, llegamos al final de esta nota. Ahora me pregunto: ¿Hasta dónde está dispuesta la ciudadanía a tolerar estas prácticas que amenazan nuestra forma de gobierno? ¿Creen que las denuncias de Gilberto Campos tendrán algún impacto real en la conducta de la diputada Fernández y en el funcionamiento del Congreso? Déjenme sus opiniones en los comentarios, ¡quiero saber qué piensan ustedes!
