¡Aguante! Resulta que el asunto del Barrenador, que muchos pensábamos que se había ido al traste, todavía tiene tela qué contar. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) salió con la lengua afuera negando las declaraciones presidenciales que decían que el caso estaba 'muerto'. Parece que en Casa Amarilla alguien no andaba enterado, o quizás queriendo echarle paja al asopao.
Para refrescarles la memoria, todo esto viene de allá bien lejitos, en agosto del año pasado, justo antes de que sacudieran el escándalo de los allanamientos. La ANEP, previniéndose, pidió que se detuvieran todas las adjudicaciones. Pero el juez, en aquel momento, le dijo “no puede ser”. Una medida cautelar es como pedir prestado tiempo, nomás te da un respiro temporal, no soluciona el problema de fondo, ¿me entienden?
Ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), se puso las pilas y admitió la apelación de la ANEP. Esto significa que van a tener una audiencia en noviembre para discutir la denuncia que piden suspender esos contratos. Y vaya que la ANEP no se anda con rodeos: ‘El caso Barrenador está vivito y coleando’, dijeron, dejando claro que no se han quedado callados y que siguen buscando justicia en este brete.
Pero ojo, porque la cosa no es tan sencilla. Recordemos que inicialmente, la ANEP no logró aportar las pruebas necesarias para demostrar que hubo sobreprecios. Le presentaron un dispositivo USB con noticias y el juez respondió: “Eso no sirve, mae. Necesitamos datos técnicos, estudios actuariales... cosas serias”. Según el fallo, se limitaron a cortar y pegar artículos de prensa, ¡qué pena!
Es ahí donde entra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Parece que hay estudios emitidos internamente que alertaban sobre esos precios inflados, pero la ANEP no los presentó. El juez, José Pablo Rodríguez, lo explicó así: aunque tenían razón en querer suspender los contratos, el impacto negativo en la comunidad –la interrupción de servicios de salud– sería peor. Imagínense el jaleo si tienen que volver a hacer todo desde cero, ¿eh? Un verdadero chinchorreo.
La Junta Directiva de la CCSS ya había suspendido los contratos hace unos cinco meses, antes de esta movida judicial. Entonces, aunque el juez no acogiera la medida cautelar, ya estaban parados. Muchos se preguntarán entonces, ¿para qué tanto alboroto? Pues parece que la ANEP quiere asegurarse de que esos contratos no revivan y de que se investigue a fondo lo que pasó. Un vare importante, vamos.
En fin, este caso sigue dando de qué hablar y pinta para tener bastante movimiento en los próximos meses. Las aguas están turbias, el gobierno tratando de minimizarlo, y la ANEP insistiendo en que algo anda mal. Ahora, la gran pregunta queda abierta para ustedes, mis panas del Foro: ¿creen que la ANEP tiene razón en seguir adelante con este caso, o simplemente están buscando una oportunidad política?
Considerando toda esta maraña legal y la posibilidad de que más cabezas rueden, ¿cuál creen que será el desenlace final del caso Barrenador y cómo impactará en la confianza pública hacia las instituciones del país? Déjenme sus opiniones, estoy ansioso por leerlas!
Para refrescarles la memoria, todo esto viene de allá bien lejitos, en agosto del año pasado, justo antes de que sacudieran el escándalo de los allanamientos. La ANEP, previniéndose, pidió que se detuvieran todas las adjudicaciones. Pero el juez, en aquel momento, le dijo “no puede ser”. Una medida cautelar es como pedir prestado tiempo, nomás te da un respiro temporal, no soluciona el problema de fondo, ¿me entienden?
Ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), se puso las pilas y admitió la apelación de la ANEP. Esto significa que van a tener una audiencia en noviembre para discutir la denuncia que piden suspender esos contratos. Y vaya que la ANEP no se anda con rodeos: ‘El caso Barrenador está vivito y coleando’, dijeron, dejando claro que no se han quedado callados y que siguen buscando justicia en este brete.
Pero ojo, porque la cosa no es tan sencilla. Recordemos que inicialmente, la ANEP no logró aportar las pruebas necesarias para demostrar que hubo sobreprecios. Le presentaron un dispositivo USB con noticias y el juez respondió: “Eso no sirve, mae. Necesitamos datos técnicos, estudios actuariales... cosas serias”. Según el fallo, se limitaron a cortar y pegar artículos de prensa, ¡qué pena!
Es ahí donde entra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Parece que hay estudios emitidos internamente que alertaban sobre esos precios inflados, pero la ANEP no los presentó. El juez, José Pablo Rodríguez, lo explicó así: aunque tenían razón en querer suspender los contratos, el impacto negativo en la comunidad –la interrupción de servicios de salud– sería peor. Imagínense el jaleo si tienen que volver a hacer todo desde cero, ¿eh? Un verdadero chinchorreo.
La Junta Directiva de la CCSS ya había suspendido los contratos hace unos cinco meses, antes de esta movida judicial. Entonces, aunque el juez no acogiera la medida cautelar, ya estaban parados. Muchos se preguntarán entonces, ¿para qué tanto alboroto? Pues parece que la ANEP quiere asegurarse de que esos contratos no revivan y de que se investigue a fondo lo que pasó. Un vare importante, vamos.
En fin, este caso sigue dando de qué hablar y pinta para tener bastante movimiento en los próximos meses. Las aguas están turbias, el gobierno tratando de minimizarlo, y la ANEP insistiendo en que algo anda mal. Ahora, la gran pregunta queda abierta para ustedes, mis panas del Foro: ¿creen que la ANEP tiene razón en seguir adelante con este caso, o simplemente están buscando una oportunidad política?
Considerando toda esta maraña legal y la posibilidad de que más cabezas rueden, ¿cuál creen que será el desenlace final del caso Barrenador y cómo impactará en la confianza pública hacia las instituciones del país? Déjenme sus opiniones, estoy ansioso por leerlas!
