¡Ay, Dios mío, qué torta! La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esa institución que debería estar cuidándonos a todos, anda metida en un brete mayúsculo. Resulta que se les acabaron los billetes para pagar las licencias de cuidado a las familias que tienen a sus seres queridos en fase terminal o con enfermedades bien pesadas. ¡Imagínate la bronca! Durante este 2025, parece que no va a haber ni un colón para ayudar a quienes necesitan dejar su pega para estar al lado de sus familiares en estos momentos tan duros.
La raíz del problema, según nos cuentan, es que la ley dice que la Desaf (Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) tiene que pasarle a la CCSS el 0,5% de su presupuesto para estas licencias. Pues resulta que ya le pasaron el dinerito y ya se lo gastaron todo. Así que ahora, varias semanas después, las familias se encuentran sin el apoyo económico que tanto necesitaban. Parece que la planilla andaba más larga de lo que pensaban.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio – que siempre buscando echar una mano –, propuso una solución durante la comisión de asuntos haciendarios. Su idea es que la CCSS consiga más fondos y los meta en Fodesaf como parte del aporte del Estado, así podríamos aprobarlo rápido y evitar que esta gente se quede sin las licencias. Que busquen la plata donde sea, dice él. ¡Con tal de darle una salida a este lío!
Pero ahí no acaba la telenovela. El ministro Andrés Romero, del Trabajo, señaló que la ley es clara en cuanto al 0,5%. Hay que ver eso, dice, y tienen razón. Lo que complica aún más las cosas es que en el 2017 le hicieron una reforma a la ley que incorporó dos tipos de licencias nuevas sin aumentar el presupuesto ni la forma de financiarlo. ¡Un verdadero despiste! Por eso estamos viendo esto, señores. Un error administrativo que ahora golpea directamente a las familias más vulnerables.
En números fríos, este 2025 la CCSS recibió unos 3 mil 952 millones de colones para estas licencias. Pero, como decíamos, se fueron directitos al agujero negro del gasto público. La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, fue sincera: seguirán dando las licencias, sí, pero sin el subsidio. Las personas podrán faltar al trabajo para cuidar a sus familiares, pero no van a recibir ni un peso extra. Como diciendo: 'Aquí se acabó, diay'.
Y ojo, que según el artículo 73 de la Constitución Política, la CCSS no puede tocar sus propios ahorros para pagar esas licencias. Una vez que se gasta lo que tienen, no pueden hacer más. Esto, sumado a la falta de voluntad política para reformar la Ley 7756, hace que la situación parezca bastante sombría. Desde la CCSS están rogándole a la Asamblea Legislativa que hagan algo, que cambien la ley para poder tener más recursos. Esperemos que escuchen el clamor popular.
Estas licencias, que permiten a los trabajadores asalariados ausentarse del trabajo para cuidar a un familiar enfermo, tanto si está en fase terminal como si es un menor gravemente enfermo, son vitales para muchas familias. Son un pequeño respiro en medio de una tormenta. Pero ahora, esa red de seguridad se está deshilachando frente a nuestros ojos. Veremos si el gobierno y los diputados logran encontrar una solución antes de que la situación empeore aún más.
¿Será que este caso nos obliga a replantearnos cómo financiamos programas sociales esenciales en Costa Rica, o seguiremos parcheando la situación con soluciones cortoplacistas que terminan afectando a quienes más lo necesitan? ¿Creen que realmente la Asamblea Legislativa dará una respuesta rápida y efectiva a esta crisis, o continuaremos viendo cómo las familias se ven obligadas a elegir entre cuidar a sus seres queridos y mantener su sustento?
La raíz del problema, según nos cuentan, es que la ley dice que la Desaf (Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) tiene que pasarle a la CCSS el 0,5% de su presupuesto para estas licencias. Pues resulta que ya le pasaron el dinerito y ya se lo gastaron todo. Así que ahora, varias semanas después, las familias se encuentran sin el apoyo económico que tanto necesitaban. Parece que la planilla andaba más larga de lo que pensaban.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio – que siempre buscando echar una mano –, propuso una solución durante la comisión de asuntos haciendarios. Su idea es que la CCSS consiga más fondos y los meta en Fodesaf como parte del aporte del Estado, así podríamos aprobarlo rápido y evitar que esta gente se quede sin las licencias. Que busquen la plata donde sea, dice él. ¡Con tal de darle una salida a este lío!
Pero ahí no acaba la telenovela. El ministro Andrés Romero, del Trabajo, señaló que la ley es clara en cuanto al 0,5%. Hay que ver eso, dice, y tienen razón. Lo que complica aún más las cosas es que en el 2017 le hicieron una reforma a la ley que incorporó dos tipos de licencias nuevas sin aumentar el presupuesto ni la forma de financiarlo. ¡Un verdadero despiste! Por eso estamos viendo esto, señores. Un error administrativo que ahora golpea directamente a las familias más vulnerables.
En números fríos, este 2025 la CCSS recibió unos 3 mil 952 millones de colones para estas licencias. Pero, como decíamos, se fueron directitos al agujero negro del gasto público. La presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, fue sincera: seguirán dando las licencias, sí, pero sin el subsidio. Las personas podrán faltar al trabajo para cuidar a sus familiares, pero no van a recibir ni un peso extra. Como diciendo: 'Aquí se acabó, diay'.
Y ojo, que según el artículo 73 de la Constitución Política, la CCSS no puede tocar sus propios ahorros para pagar esas licencias. Una vez que se gasta lo que tienen, no pueden hacer más. Esto, sumado a la falta de voluntad política para reformar la Ley 7756, hace que la situación parezca bastante sombría. Desde la CCSS están rogándole a la Asamblea Legislativa que hagan algo, que cambien la ley para poder tener más recursos. Esperemos que escuchen el clamor popular.
Estas licencias, que permiten a los trabajadores asalariados ausentarse del trabajo para cuidar a un familiar enfermo, tanto si está en fase terminal como si es un menor gravemente enfermo, son vitales para muchas familias. Son un pequeño respiro en medio de una tormenta. Pero ahora, esa red de seguridad se está deshilachando frente a nuestros ojos. Veremos si el gobierno y los diputados logran encontrar una solución antes de que la situación empeore aún más.
¿Será que este caso nos obliga a replantearnos cómo financiamos programas sociales esenciales en Costa Rica, o seguiremos parcheando la situación con soluciones cortoplacistas que terminan afectando a quienes más lo necesitan? ¿Creen que realmente la Asamblea Legislativa dará una respuesta rápida y efectiva a esta crisis, o continuaremos viendo cómo las familias se ven obligadas a elegir entre cuidar a sus seres queridos y mantener su sustento?
