¡Qué cargada vaya! El Congreso de la República le pegó duro al asunto del abuso sexual contra menores y personas con discapacidad. Después de tanto papeleo y discusiones, aprobaron por unanimidad –sí, así mismo, unanimidad– en primera instancia el proyecto de ley que busca acabar con el silencio y darle una patada en el trasero a la impunidad. ¡Esto sí que es una novedad!
El expediente 23.928, que lleva el nombre largo de “Ley contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad. Responsabilidad civil solidaria, deber de denuncia y garantía de cumplimiento de protocolos de investigación”, es una propuesta del diputa Antonio Ortega del Frente Amplio. Vamos, que este brete venía dando vueltas desde hace tiempo, tratando de encontrar el momento justo para meterle empeño, y parece que finalmente encontraron la vara correcta.
Lo que buscan, básicamente, es fortalecer la legislación actual para esos casos tan delicados. Reforman el artículo 206 del Código Procesal Penal y le agregan un inciso al artículo 106 del Código Penal. No sé ustedes, pero yo creo que esto demuestra que, aunque a veces vamos lentos, al final siempre encontramos la forma de avanzar, diay.
Uno de los puntos más importantes es que van a ampliar la responsabilidad civil solidaria a las organizaciones que hagan la vista gorda ante estos crímenes. Imagínate, que ya no solamente va a caer la culpa encima de quien comete el abuso, sino también de quienes lo encubren. ¡Eso sí que es llegar hasta el fondo del problema!
Además, reforzarán el deber de denunciar. Ya no habrá excusas para guardar silencio dentro de esas organizaciones, porque si lo hacen, van a tener que pagar las consecuencias. Que se quiten el secreto, mae, porque esto se puso serio. Y exigirán que PANI y el MEP cumplan con los protocolos de actuación antes de que alguien intente echar tierra encima de un caso.
Este proyecto, como toda ley que se precie, todavía tiene que pasar por un segundo debate el martes 28 de octubre. Esperemos que los diputados mantengan la compostura y la voten tal cual está. Porque, seamos honestos, esta ley viene para bien, para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y con razón, porque los abusos contra niños y personas con discapacidad son cosas que simplemente no deberían existir en ningún lugar del mundo.
Muchos analistas políticos comentan que esta aprobación unánime podría significar un cambio de rumbo en la forma en que el Congreso aborda temas sensibles como el cuidado de la infancia y la protección de las personas con discapacidad. Algunos incluso se atreven a decir que podríamos estar viendo el inicio de una nueva era de compromiso social y responsabilidad legislativa. Veremos qué pasa, chunches. Pero por ahora, celebremos este pequeño paso adelante.
En fin, parece que las cosas van encaminándose. Pero me pregunto, ¿cree usted que esta ley será suficiente para erradicar por completo la cultura del silencio en torno a estos terribles crímenes? ¿O necesitamos medidas aún más drásticas para proteger a nuestros niños y adultos con discapacidad?
El expediente 23.928, que lleva el nombre largo de “Ley contra el silencio en delitos sexuales en perjuicio de la niñez y personas con discapacidad. Responsabilidad civil solidaria, deber de denuncia y garantía de cumplimiento de protocolos de investigación”, es una propuesta del diputa Antonio Ortega del Frente Amplio. Vamos, que este brete venía dando vueltas desde hace tiempo, tratando de encontrar el momento justo para meterle empeño, y parece que finalmente encontraron la vara correcta.
Lo que buscan, básicamente, es fortalecer la legislación actual para esos casos tan delicados. Reforman el artículo 206 del Código Procesal Penal y le agregan un inciso al artículo 106 del Código Penal. No sé ustedes, pero yo creo que esto demuestra que, aunque a veces vamos lentos, al final siempre encontramos la forma de avanzar, diay.
Uno de los puntos más importantes es que van a ampliar la responsabilidad civil solidaria a las organizaciones que hagan la vista gorda ante estos crímenes. Imagínate, que ya no solamente va a caer la culpa encima de quien comete el abuso, sino también de quienes lo encubren. ¡Eso sí que es llegar hasta el fondo del problema!
Además, reforzarán el deber de denunciar. Ya no habrá excusas para guardar silencio dentro de esas organizaciones, porque si lo hacen, van a tener que pagar las consecuencias. Que se quiten el secreto, mae, porque esto se puso serio. Y exigirán que PANI y el MEP cumplan con los protocolos de actuación antes de que alguien intente echar tierra encima de un caso.
Este proyecto, como toda ley que se precie, todavía tiene que pasar por un segundo debate el martes 28 de octubre. Esperemos que los diputados mantengan la compostura y la voten tal cual está. Porque, seamos honestos, esta ley viene para bien, para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Y con razón, porque los abusos contra niños y personas con discapacidad son cosas que simplemente no deberían existir en ningún lugar del mundo.
Muchos analistas políticos comentan que esta aprobación unánime podría significar un cambio de rumbo en la forma en que el Congreso aborda temas sensibles como el cuidado de la infancia y la protección de las personas con discapacidad. Algunos incluso se atreven a decir que podríamos estar viendo el inicio de una nueva era de compromiso social y responsabilidad legislativa. Veremos qué pasa, chunches. Pero por ahora, celebremos este pequeño paso adelante.
En fin, parece que las cosas van encaminándose. Pero me pregunto, ¿cree usted que esta ley será suficiente para erradicar por completo la cultura del silencio en torno a estos terribles crímenes? ¿O necesitamos medidas aún más drásticas para proteger a nuestros niños y adultos con discapacidad?
