¡Ay, Dios mío, qué panorama se nos presenta! Un nuevo informe de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público (CCIEG) ha soltado la bomba: parece que el gobierno estaría usando la narrativa de una crisis financiera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como excusa para meterle mano y centralizar el poder. Ya saben, la jugada clásica de crear el problema para luego aparentar resolverlo.
El documento, bastante completo, detalla cómo desde setiembre del 2022, con Rodrigo Chaves al mando, se inició una serie de acciones cuestionables contra altos funcionarios de la CCSS. Despidos exprés, suspenciones repentinas… todo orquestado, según el informe, bajo la premisa de “salvar” a la Caja. Recordemos que el presidente Chaves llegó incluso a amenazar con despedir a directores que no estaban de acuerdo con sus medidas, ¡qué atropello!
Lo curioso de la vaina es que estos directivos, entre ellos el expresidente ejecutivo Álvaro Ramos, habían estado alzando la voz públicamente, mostrando pruebas sólidas de que la CCSS no estaba tan quebrada como pintaba el Poder Ejecutivo. Parece que hablar claro les costó caro. La Sala Constitucional tuvo que meterse para restablecerlos en sus cargos, demostrando que, al final, tenían razón – aunque tardaron una eternidad en reconocerlo.
Pero la cosa no quedó ahí. El informe apunta directamente a que el gobierno manipuló estudios actuariales, esos documentos técnicos que evalúan la sostenibilidad financiera de la CCSS, “de manera inconsistente y arbitraria”. ¡Imagínense! Cambiándoles fechas, alterando datos... todo para justificar su narrativa de quiebra. Nadie sabe realmente quién estuvo detrás de estas modificaciones, pero el informe deja claro que fueron hechas sin la aprobación de la Junta Directiva, lo cual ya es un delito en sí mismo.
Y vaya que la manipulación de estos estudios actuaries sirvieron para justificar otras medidas que dejaron perplejos a muchos. Movimientos de personal, cambios en regulaciones, imposición de la regla fiscal... todo en nombre de “sacar adelante” a la CCSS, pero a costa de la independencia y autonomía de la institución. Se cargaron a algunos empleados y otros tuvieron que buscarse la vida en el seno de la Presidencia.
El caso de Carlos Salazar, exrepresentante del Estado en la Junta Directiva, es emblemático. Lo suspendieron porque se atrevió a disentir técnicamente de las propuestas del gobierno. ¡No puede ser! Una figura con experiencia y conocimiento siendo silenciado por expresar su opinión. De igual forma, Carolina Arguedas, sufrió las consecuencias de denunciar acoso laboral; eso da que pensar, ¿no creen?
Este patrón de represalias internas, según el informe, erosiona la confianza en la gestión de la CCSS, obstaculiza la transparencia y pone en peligro la capacidad de tomar decisiones basadas en criterios técnicos y objetivos. Es una pena ver cómo se politiza una institución tan importante para todos los costarricenses, una que debería estar enfocada únicamente en brindar atención médica de calidad y proteger el bienestar de la población. Realmente, ¡qué bronca!
En fin, este informe pinta un cuadro preocupante sobre la salud democrática de nuestro país y la integridad de nuestras instituciones. ¿Creen que el gobierno debe rendir cuentas ante estas acusaciones o simplemente son ataques políticos infundados? ¿Se imaginan cómo afectará esta situación la calidad de la atención médica en el futuro?
El documento, bastante completo, detalla cómo desde setiembre del 2022, con Rodrigo Chaves al mando, se inició una serie de acciones cuestionables contra altos funcionarios de la CCSS. Despidos exprés, suspenciones repentinas… todo orquestado, según el informe, bajo la premisa de “salvar” a la Caja. Recordemos que el presidente Chaves llegó incluso a amenazar con despedir a directores que no estaban de acuerdo con sus medidas, ¡qué atropello!
Lo curioso de la vaina es que estos directivos, entre ellos el expresidente ejecutivo Álvaro Ramos, habían estado alzando la voz públicamente, mostrando pruebas sólidas de que la CCSS no estaba tan quebrada como pintaba el Poder Ejecutivo. Parece que hablar claro les costó caro. La Sala Constitucional tuvo que meterse para restablecerlos en sus cargos, demostrando que, al final, tenían razón – aunque tardaron una eternidad en reconocerlo.
Pero la cosa no quedó ahí. El informe apunta directamente a que el gobierno manipuló estudios actuariales, esos documentos técnicos que evalúan la sostenibilidad financiera de la CCSS, “de manera inconsistente y arbitraria”. ¡Imagínense! Cambiándoles fechas, alterando datos... todo para justificar su narrativa de quiebra. Nadie sabe realmente quién estuvo detrás de estas modificaciones, pero el informe deja claro que fueron hechas sin la aprobación de la Junta Directiva, lo cual ya es un delito en sí mismo.
Y vaya que la manipulación de estos estudios actuaries sirvieron para justificar otras medidas que dejaron perplejos a muchos. Movimientos de personal, cambios en regulaciones, imposición de la regla fiscal... todo en nombre de “sacar adelante” a la CCSS, pero a costa de la independencia y autonomía de la institución. Se cargaron a algunos empleados y otros tuvieron que buscarse la vida en el seno de la Presidencia.
El caso de Carlos Salazar, exrepresentante del Estado en la Junta Directiva, es emblemático. Lo suspendieron porque se atrevió a disentir técnicamente de las propuestas del gobierno. ¡No puede ser! Una figura con experiencia y conocimiento siendo silenciado por expresar su opinión. De igual forma, Carolina Arguedas, sufrió las consecuencias de denunciar acoso laboral; eso da que pensar, ¿no creen?
Este patrón de represalias internas, según el informe, erosiona la confianza en la gestión de la CCSS, obstaculiza la transparencia y pone en peligro la capacidad de tomar decisiones basadas en criterios técnicos y objetivos. Es una pena ver cómo se politiza una institución tan importante para todos los costarricenses, una que debería estar enfocada únicamente en brindar atención médica de calidad y proteger el bienestar de la población. Realmente, ¡qué bronca!
En fin, este informe pinta un cuadro preocupante sobre la salud democrática de nuestro país y la integridad de nuestras instituciones. ¿Creen que el gobierno debe rendir cuentas ante estas acusaciones o simplemente son ataques políticos infundados? ¿Se imaginan cómo afectará esta situación la calidad de la atención médica en el futuro?
