¡Eidai! El tema de los extranjeros y su participación en la vida política costarricense sigue dando para hablar, y vaya que ha dado. Con el turismo disparado y una comunidad migrante cada vez más grande, la vieja prohibición del artículo 19 de la Constitución parece estar rayando en lo anacrónico. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar con esto?
Como sabemos, la Constitución nos dice clarito que los extranjeros no pueden “intervenir en los asuntos políticos del país”. Esto viene de nuestros ancestros, cuando Costa Rica era un pueblito bastante cerrado, y ahora estamos hablando de una nación diversa, donde gente de todas partes aporta su granito de arena. Es un brete tratar de aplicar leyes de hace mucho tiempo a una realidad totalmente distinta.
Y es que miren, no se trata solo de darle derecho al voto a alguien. Hay toda una movida detrás: pensar en la integración, en la participación en organizaciones vecinales, incluso en decisiones de planificación urbana. ¿Cómo es posible que alguien pague impuestos, use los servicios públicos y no tenga voz en quién decide cómo se gastan esos dineros?
Ahora, no me malinterpreten, entiendo la preocupación de algunos sobre la soberanía nacional. Que nadie piense que quiero entregar el país a los gringos. Pero, ¿qué es exactamente “asunto político”? ¿Es elegir un alcalde? ¿Es opinar sobre cómo mejorar el barrio? ¡Eso tampoco es jugar a ser presidente!
Si revisamos cómo se maneja esto en otros lados, vemos que hay opciones. Argentina y Chile, por ejemplo, ya le dieron el derecho al voto municipal a los extranjeros residentes. No se vino el Apocalipsis, ni los extraterrestres tomando el control. Simplemente, se empoderaron a comunidades que aportan al crecimiento del país. Nosotros podríamos aprender un par de cosas, ¿no creen?
Lo que sí es claro es que la jurisprudencia necesita ponerse al día. La Sala Constitucional tiene que dar luces claras sobre cómo interpretar ese artículo 19 hoy, en pleno siglo XXI. Un criterio demasiado restrictivo va en contra de los principios básicos de inclusión y justicia que queremos promover como nación.
Además, creo que vale la pena abrir una conversación honesta sobre si no deberíamos actualizar la Constitución. Quizás no sea necesario darle a los extranjeros el mismo derecho que a los costarricenses en todo aspecto, pero limitar su participación a cero, como si fueran invisibles, me parece una injusticia. Podríamos buscar fórmulas creativas, como un voto diferenciado, o establecer plazos de residencia más largos, pero algo tenemos que hacer.
En fin, este es un tema complejo, que toca fibras sensibles. Pero creo firmemente que Costa Rica tiene la madurez para debatirlo abiertamente, sin miedos ni prejuicios. Entonces, les pregunto, mi gente: ¿Creen que es hora de reconsiderar la participación política de los extranjeros residentes en Costa Rica, o seguir aferrados a una norma que ya no se ajusta a la realidad? Dejenme sus opiniones en los comentarios.
Como sabemos, la Constitución nos dice clarito que los extranjeros no pueden “intervenir en los asuntos políticos del país”. Esto viene de nuestros ancestros, cuando Costa Rica era un pueblito bastante cerrado, y ahora estamos hablando de una nación diversa, donde gente de todas partes aporta su granito de arena. Es un brete tratar de aplicar leyes de hace mucho tiempo a una realidad totalmente distinta.
Y es que miren, no se trata solo de darle derecho al voto a alguien. Hay toda una movida detrás: pensar en la integración, en la participación en organizaciones vecinales, incluso en decisiones de planificación urbana. ¿Cómo es posible que alguien pague impuestos, use los servicios públicos y no tenga voz en quién decide cómo se gastan esos dineros?
Ahora, no me malinterpreten, entiendo la preocupación de algunos sobre la soberanía nacional. Que nadie piense que quiero entregar el país a los gringos. Pero, ¿qué es exactamente “asunto político”? ¿Es elegir un alcalde? ¿Es opinar sobre cómo mejorar el barrio? ¡Eso tampoco es jugar a ser presidente!
Si revisamos cómo se maneja esto en otros lados, vemos que hay opciones. Argentina y Chile, por ejemplo, ya le dieron el derecho al voto municipal a los extranjeros residentes. No se vino el Apocalipsis, ni los extraterrestres tomando el control. Simplemente, se empoderaron a comunidades que aportan al crecimiento del país. Nosotros podríamos aprender un par de cosas, ¿no creen?
Lo que sí es claro es que la jurisprudencia necesita ponerse al día. La Sala Constitucional tiene que dar luces claras sobre cómo interpretar ese artículo 19 hoy, en pleno siglo XXI. Un criterio demasiado restrictivo va en contra de los principios básicos de inclusión y justicia que queremos promover como nación.
Además, creo que vale la pena abrir una conversación honesta sobre si no deberíamos actualizar la Constitución. Quizás no sea necesario darle a los extranjeros el mismo derecho que a los costarricenses en todo aspecto, pero limitar su participación a cero, como si fueran invisibles, me parece una injusticia. Podríamos buscar fórmulas creativas, como un voto diferenciado, o establecer plazos de residencia más largos, pero algo tenemos que hacer.
En fin, este es un tema complejo, que toca fibras sensibles. Pero creo firmemente que Costa Rica tiene la madurez para debatirlo abiertamente, sin miedos ni prejuicios. Entonces, les pregunto, mi gente: ¿Creen que es hora de reconsiderar la participación política de los extranjeros residentes en Costa Rica, o seguir aferrados a una norma que ya no se ajusta a la realidad? Dejenme sus opiniones en los comentarios.
